El PSOE andaluz esquiva el banquillo: el juicio por enchufes de vecinos en Huévar se aplaza 15 meses

La Audiencia de Sevilla ha suspendido el juicio contra los ex alcaldes de Huévar del Aljarafe (Sevilla) Rafael Moreno y Áurea Borrego Moreno, ambos del PSOE, acusados de prevaricación por contratar a dedo a siete vecinos. El juicio queda aplazado al 6 de julio de 2026, dentro de 15 meses. Este mes ya se suspendieron otros dos juicios, uno contra un ex sindicalista de UGT por el desvío de 1,5 millones y otro contra dos ex alcaldes del PSOE por enchufar a un concejal en una mancomunidad.

El juicio previsto este lunes en la Sección Primera de la Audiencia se ha suspendido al no poder acudir a la citación la magistrada Pilar Llorente, de baja por enfermedad. Llorente es también la ponente en el tribunal ampliado que dictará las nuevas sentencias requeridas por el Constitucional con relación al caso ERE. Los dos ex alcaldes acusados sí se han personado a la citación.

La Audiencia de Sevilla ha acordado fijar los días 6, 7 y 8 de julio de 2026 (dentro de 469 días) como nueva fecha para la vista. Dada la «abultada agenda» de señalamientos que maneja la Sección Primera no es posible una fecha «más cercana en el tiempo», apuntan.

Moreno y Borrego Moreno se sentarán en el banquillo por un presunto delito continuado de prevaricación en distintas contrataciones temporales llevadas a cabo «de forma absolutamente irregular» e incumpliendo «los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad», según la Fiscalía, que pide para cada uno de ellos 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público expone que las contrataciones bajo sospecha se sucedieron entre 2014 y 2019, y el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe benefició a un total de siete vecinos.

En el primer caso, una mujer fue contratada como auxiliar de guardería «sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir dicho puesto de trabajo». Algunos de estos contratos se firmaron por orden de Moreno y otros por orden de Moreno Borrego. La Fiscalía remarca que en ninguno de los siete casos existía una bolsa de empleo municipal ni se llegó a tramitar expediente alguno. Tampoco se hizo una valoración de méritos de candidatos ni se publicitaron las ofertas de empleo.

Cabe recordar que sobre ambos ex alcaldes pesa otra causa judicial por un presunto delito electoral (compra de votos) y un presunto delito de malversación continuada, en este caso por un mitin del PSOE celebrado en 2002 y costeado supuestamente con dinero público.

Los otros dos juicios aplazados en marzo

El pasado miércoles 5 de marzo, la Audiencia de Sevilla acogía un juicio por el ERE de Río Grande, una empresa dedicada a la explotación de bares y restaurantes que en 2005 recibió una subvención de 1.531.300 euros de la Dirección General de Trabajo de la Junta gracias a la intermediación del entonces sindicalista de UGT Juan Lanzas, que se enfrenta a siete años de cárcel por prevaricación y malversación. La Fiscalía pide otros seis años de prisión para su mujer.

El nuevo abogado de Lanzas, designado recientemente, solicitó al tribunal la suspensión de la vista oral alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar debidamente su defensa. El Ministerio Público no se opuso a la suspensión y la vista quedó sin fecha. La Audiencia señaló que con la carga de trabajo que arrastra, es imposible celebrar el juicio de forma «inmediata». «Tenemos un panorama oscuro por delante, estamos absolutamente cogidos en fechas», sentenció el presidente de la sala.

También el 5 de marzo estaba fijado el inicio del juicio contra el ex alcalde de La Puebla del Río (Sevilla) Julio Álvarez González y la ex alcaldesa de Benacazón (Sevilla) Juana María Carmona, ambos del PSOE. Se les acusa de enchufar en 2009 al ex concejal socialista Daniel P. S. para un puesto de peón de recogida de basuras en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir.

El juicio se señaló inicialmente para marzo de 2022 en la Sección Primera de la Audiencia, pero una cuestión de competencia con respecto a los delitos de prevaricación administrativa devolvió el caso a un juzgado de lo Penal. Señalado finalmente para el pasado 5 de marzo, la vista tampoco pudo celebrarse por la ausencia de un testigo fundamental del caso. El juicio quedó nuevamente fijado para el 25 de noviembre de 2026, dentro de un año y 10 meses. La Fiscalía pide para cada uno de los ex alcaldes 12 años de inhabilitación.

Álvarez González, recordemos, acumula ya tres condenas, una de ellas por gastar más de 6.000 euros de dinero público en números eróticos y llamadas a su vecina desde el teléfono oficial del ayuntamiento. Fue sentenciado a un año y medio de cárcel por malversación. Las otras dos condenas fueron por hurto (ocho meses de prisión) y prevaricación (cinco años de inhabilitación).