A juicio 2 ex alcaldes socialistas por pagar mítines del PSOE con fondos públicos y contratar a amigos

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla comenzará el próximo lunes, 24 de marzo, el juicio contra Rafael Moreno y Aurea Moreno Borrego, ex alcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe, acusados de un presunto delito continuado de prevaricación. La Fiscalía sostiene que ambos, durante su gestión entre 2014 y 2019, realizaron contrataciones de vecinos de la localidad de manera «absolutamente irregular», vulnerando los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Cabe recordar que ambos socialistas están siendo ya juzgados por financiar un mitin del PSOE con dinero público y por ofrecer contrataciones municipales a cambio de les votasen.

Según el escrito de acusación los ex alcaldes promovieron contrataciones temporales de al menos siete vecinos sin seguir los procedimientos legales establecidos. Un ejemplo citado es el de una mujer contratada como auxiliar de guardería, ordenada en algunos casos por Rafael Moreno y en otros por Aurea Moreno Borrego, sin que mediara un proceso selectivo ni se respetaran los requisitos legales. La Fiscalía subraya que no se tramitaron expedientes, no existía una bolsa de empleo municipal, no se publicitaron las ofertas ni se evaluaron méritos de los candidatos.

Estos hechos, según el Ministerio Público, constituyen un presunto delito continuado de prevaricación, al haberse tomado decisiones arbitrarias que contravienen la normativa de contratación pública. La acusación pone de manifiesto un patrón de irregularidades que se extendió durante varios años en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe bajo la gestión de ambos ex regidores socialistas.

Además, ambos se enfrentan a otra causa judicial impulsada por el Partido Popular, que actualmente gobierna la localidad. Esta denuncia les atribuye un presunto delito electoral por ofrecer contrataciones municipales en 2009 y 2015 a cambio de votos en elecciones municipales, así como un presunto delito de malversación continuada relacionado con el uso de fondos públicos para costear un mitin del PSOE en 2002. Estos antecedentes agravan el contexto de la gestión de los socialistas.

El juicio, que arrancará la próxima semana, pondrá el foco en la responsabilidad de los acusados y en el impacto de sus decisiones en la administración local. La resolución del caso podría sentar un precedente sobre el uso indebido del poder en la contratación pública.