Prisión para el ex alcalde socialista de Valencina por prevaricar en favor del hermano de un concejal

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un año y seis meses de prisión a Antonio Manuel Suárez, ex alcalde de Valencina de la Concepción (Sevilla) por el PSOE, por un delito de prevaricación administrativa por omisión al permitir la actividad de un asador sin licencia que regentaba el hermano de un concejal socialista. En el juicio, el ex alcalde responsabilizó a un arquitecto municipal ya fallecido. Suárez también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 2.160 euros.

Las obras de construcción de la nave, que pasó luego a ser un asador, se llevaron a cabo en suelo no urbanizable, un paraje protegido como zona de significación arqueológica situado en la margen izquierda de la carretera de Valencina-Santiponce. Suárez cogió el bastón de mando en 2007, pero el 1 de mayo de 2006, según declarada probado la sentencia, la Policía Local remitió un informe a la Alcaldía sobre unas obras sin licencia consistentes en la bancalización del terreno mediante movimientos de tierra, construcción de una nave y colocación de una caseta de madera.

Tras este informe, el entonces concejal de Urbanismo acordó a finales de 2007 incoar un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística y otro sancionador y ordenó el cese de las obras. También solicitó al promotor de las mismas, el hermano del concejal, que presentara un proyecto redactado por un técnico competente para llevar a cabo la restauración.

A este expediente se incorporaron varios informes técnicos del arquitecto municipal, que no vio problema en conceder licencia de utilización a la nave, pero sólo como almacén de aperos y boxes para caballos. El arqueólogo municipal no consideró necesaria la aplicación de ninguna medida de protección o conservación.

En julio de 2012 se dio por finalizado el expediente por resolución dictada por Suárez, que en ese momento también ostentaba las competencias de urbanismo, «al entenderse que habían quedado legalizadas las obras e instalaciones definitivas».

Pero la Sección Primera de la Audiencia señala que un año después, en junio de 2013, el subinspector jefe de la Policía Local remitió un nuevo informe a la Alcaldía, en el que adjuntaba un reportaje fotográfico y una reseña catastral, poniendo de manifiesto que en ese terreno se estaba llevando a efecto «una actividad de restauración sin documentación en un establecimiento abierto al público».

Esto motivó que el alcalde, en un nuevo expediente, dictara el 14 de junio una resolución ordenando la suspensión cautelar de sus actividades. En caso de incumplimiento, advertía, se precintarían las instalaciones y se impondrían multas coercitivas mientras durara el incumplimiento, del que se daría cuenta a la Fiscalía, pudiendo ordenar a las empresas de luz y de agua que suspendieran el suministro. También pidió al arquitecto municipal que realizara la inspección de la actividad e informara al respecto.

En su informe, el arquitecto municipal concluyó que la actividad hostelera era incompatible con la ordenación urbanística e instó al alcalde a que «resolviera lo que juzgara ajustado a derecho».

No obstante, y a pesar de la orden de suspensión, los vecinos se quejaron de que la nave seguía desempeñando la actividad de restauración. El 15 de julio, un concejal remitió un escrito al alcalde señalando que el asador seguía abierto, incumpliendo las resoluciones municipales. Además, la Policía Local remitió fotografías para informar de que no sólo no se había suspendido la actividad hostelera, sino que, contraviniendo las ordenanzas urbanísticas, se estaban realizando nuevas obras sin licencia, esta vez iniciando la construcción de un cuarto.

Esto motivó que dos semanas después el entonces alcalde dictara una nueva resolución en la que además de reiterar la orden cautelar de suspensión del uso de lo construido como local de hostelería, ordenaba a la Policía Local el precinto de las instalaciones y al arquitecto municipal la inspección de las obras para valorar, de nuevo, si eran incompatibles con la ordenación urbanística y si, en ese caso, requerían un proyecto técnico.

Tanto la Policía como el arquitecto emitieron distintos informes que reflejaban otra vez obras sin licencia y acreditaban la actividad ilegal del asador, pero, según los magistrados de la Audiencia, el alcalde «no implementó de forma efectiva en el ejercicio de sus competencias las medidas correctoras que había ordenado ni ninguna otra nueva actuación tendente a que se repusiera la realidad física alterada y cesara dicha actividad».

Finalmente, «obligado» por la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2020 por «la mayoría de los funcionarios de la Policía Local», que pedían la intervención del Seprona de la Guardia Civil, Suárez acordó la incoación de un expediente. «No deja de ser significativa la reiteración en la solicitud de informes sobre aspectos que ya quedaban claros y que eran conocidos por él mismo en cuanto limitó la regularización de las iniciales obras (…) a la licencia de utilización de una nave de aperos y boxes para caballos», sentencia el tribunal.

La Fiscalía reclamaba para Antonio Manuel Suárez dos años de prisión por dos delitos de prevaricación omisiva y una multa de 3.600 euros, pero la Audiencia de Sevilla le ha impuesto finalmente un año y seis meses de cárcel y una multa de 2.160 euros.