Sáhara Occidental

Oposición del PSOE a Sánchez: el Ayuntamiento socialista de Gines rechaza sus concesiones a Marruecos

El Gobierno evita culpar a Marruecos y señala a las mafias de la inmigración ilegal
Pedro Sánchez y Mohamed VI.
David García de Lomana

La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez acumula ya detractores y opositores en su propia casa. El Ayuntamiento de Gines (Sevilla), liderado por mayoría absoluta por el socialista Romualdo Garrido, ha rechazado las últimas concesiones a Marruecos respecto al Sáhara Occidental por ir contra «la legalidad internacional» y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La moción, aprobada este martes en el pleno ordinario de Gines por unanimidad de todos los grupos políticos -PSOE, PP, Cs y Adelante, confluencia de Podemos e IU-, censura el «apoyo al plan del Reino de Marruecos para el Sáhara Occidental» después de que Sánchez respaldase la propuesta de autonomía de Marruecos para este antiguo territorio colonial abandonado por España en favor del país vecino.

El presidente del Gobierno justificó el giro para «desencallar» las tensiones diplomáticas con el Reino alauita, aunque la decisión ha abierto un nuevo conflicto, en este caso con Argelia.

El texto de la moción, recogido por Europa Press, recuerda que el Sáhara Occidental es una zona que «Marruecos ocupa militarmente de forma ilegal desde 1975», tras la cesión del territorio por parte de España a Marruecos en 1975, como consecuencia de la «Marcha Verde» promovida por dicho país en demanda del dominio de la zona en lugar de materializar su proceso de descolonización.

Además, advierte de que el pueblo saharaui ha sufrido «un tremendo ataque con el apoyo mostrado al plan del Gobierno de Marruecos para el Sáhara Occidental», que contempla un régimen de autonomía de dicho territorio, frente a las resoluciones de la ONU que reconocen la soberanía política del Sáhara Occidental y exigen un referéndum de autodeterminación.

Según la moción, Sánchez ha imprimido «un giro muy significativo a la posición que hasta ahora venía adoptando España respecto al Sáhara Occidental y lo hace actuando en contra de lo establecido por las resoluciones de Naciones Unidas, la última de 9 de diciembre de 2021, que reconocen la soberanía política del Sáhara Occidental y exigen la libre determinación del pueblo saharaui».

De este modo, el escrito hace hincapié en que «la posición expresada por el presidente del Gobierno está absolutamente en contradicción con las resoluciones de Naciones Unidas».

Al respecto, Sánchez conecta esta decisión con la apertura de una «nueva etapa» de relaciones con Marruecos tras la prolongada crisis diplomática suscitada después de que España acogiese al secretario general del Frente Polisario del Sáhara Occidental, Brahim Gali, para ser tratado en un hospital de Logroño, a lo que Mohamed VI reaccionó alentando la invasión de Ceuta del pasado mes de mayo, entre otros aspectos.

El documento aprobado por todos los grupos indica que «el pueblo saharaui y su gobierno, el Frente Polisario, han hecho un llamamiento urgente a las fuerzas políticas españolas y a todos los pueblos de España para que presionen al presidente del Gobierno para que corrija su posición asumiendo las responsabilidades originarias que corresponden a España como potencia administradora, no prescritas, que obliga a adoptar las medidas necesarias para que el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui, pueda ejercer plenamente y sin más demora su derecho a la libre determinación, incluida la independencia a través de la celebración de un referéndum, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, sus numerosas Resoluciones y el Tribunal de Justicia de la Unión Europa».

Por todo ello, el Ayuntamiento de Gines se suma «a esta justa reivindicación», acordando «apoyar la resolución del conflicto del Sáhara en el marco del proceso de descolonización sustentado en las Resoluciones de la ONU, incluido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui» y rechazando «el apoyo al plan del Reino de Marruecos para el Sáhara Occidental por no dar cumplimiento a legalidad internacional vigente».

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