El juicio por las juergas en prostíbulos del ex directivo andaluz del PSOE salpica la campaña del 28M

La Audiencia de Sevilla tiene previsto constituir este martes el jurado popular del juicio promovido contra el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por dilapidar en prostíbulos el dinero de los parados andaluces. El ex alto cargo de la Junta socialista gastó 32.566 euros en clubes de alterne, 15.000 de ellos en tan sólo dos días. El juicio se dirige también contra Ana Valls, ex directora económica financiera de la citada entidad pública. Las sesiones arrancarán, recordemos, el próximo lunes 29 de mayo, un día después de las elecciones municipales. La Fiscalía pide seis años de prisión para Villén y cuatro para Valls.

Inicialmente, la Audiencia de Sevilla había resuelto celebrar este juicio, presidido por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los ERE, entre el 18 y el 26 de mayo, antes de los comicios del 28M. No obstante, la Audiencia accedió finalmente a la petición de las defensas de los dos acusados de fijar un nuevo señalamiento en fechas ajenas al periodo electoral, optando por la constitución del jurado popular este martes, para que la primera sesión como tal se celebre el lunes 29 de mayo, 24 horas después de las votaciones.

Precisamente en mayo, pero de 2022, la Audiencia de Sevilla designó a la juez Alaya, actualmente en la Sección Séptima de dicha instancia, como magistrada presidente del tribunal encargado de este juicio con jurado popular, que se dirige contra el ex director de la Faffe, Fernando Villén, y la ex directora económica financiera de la entidad, Ana Valls, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Disposición «ilícita» de fondos

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2022 por el juez de refuerzo de Instrucción nº 6, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, «prevaliéndose de su cargo como director técnico» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados- y utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación».

El juez señala que, en total, este acusado «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe», añadiendo que, «con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos», el investigado, «en connivencia» con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, «habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado», de forma que, «en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad».

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, «a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquellas disposiciones ilícitas, haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central para su posterior inclusión como tales en la contabilidad».

«De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos ingreso F.V. y devolución Visa F.V.», según señala el juez en el auto.

El juez analiza cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada «habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado» el otro investigado, «pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe» para que el acusado «llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquellos fondos».

Al hilo, señala que la acusada, «en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada».

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía pide seis años para Villén

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls.

Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del ex alcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García, de manera «injusta y arbitraria», de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos. Además, se le investiga también por la «contratación irregular, injusta y arbitraria» del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.