Investigan nuevas subvenciones irregulares por valor de 3 millones de la Junta socialista a UVESA

José Antonio Griñán
Pedro Sánchez y los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Borja Jiménez

El Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla ha acordado la práctica de diligencias ante la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental de la empresa UVE S.A. (UVESA), que recibió tres millones de euros en ayudas de la Junta socialista de Andalucía, según el auto judicial al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía.

El juez José Ignacio Vilaplana cree que que existen «serios indicios racionales de criminalidad que permiten» abrir una investigación sobre dos de los altos directivos de UVESA por la presunta ilicitud de las ayudas o subvenciones facilitadas con carácter excepcional por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la sociedad UVESA, entidad en la que quedan investigados su director regional en Andalucía y su director general.

A raíz de la suscripción de un protocolo de colaboración suscrito en abril de 2001, habrían manteniendo distintos contactos y conciertos con los responsables de la Junta -en particular con su titular, Francisco Javier Guerrero Benítez-, en orden a obtener ayudas y fondos con los que poder afrontar las inversiones que dicha mercantil pretendía a llevar a efecto en una industria en Málaga destinada a matadero de aves y transformación de productos derivados, recolocando a trabajadores de una industria similar cerrada (MENOGAL).

Efectivamente, según se deduce de lo actuado, UVESA, empresa constituida en Navarra en 1964, mantuvo conversaciones con la DGTSS, con quien firmó un protocolo en abril de 2001 para implantarse en Andalucía, quedándose con las instalaciones de la desaparecida empresa MENOGAL de Málaga y volviendo a contratar los ochenta extrabajadores de ésta.

De la documentación que consta en el expediente de concesión de la ayuda, el juez deduce que ambos compromisos se cumplieron, no encontrándose, sin embargo, evidencia suficiente que confirme la cuantía de las inversiones que se afirman realizadas por UVESA.

Así, según se afirma en los documentos, UVESA adquirió en subasta pública el antiguo matadero de aves de la empresa MENOGAL por 480.810 euros, y realizó otras inversiones que en ningún caso fueron objeto de verificación o control por el órganos gestor de las ayudas, la DGTSS. «Para la materialización de tales ayudas, al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable, se suscribieron y elaboraron distintos instrumentos con los que se pretendía ofrecer una apariencia -en puridad inexistente- de legalidad al procedimiento de concesión y pago de las referidas subvenciones», expone el escrito judicial, al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía.

De este modo, «el titular de la DGTSS, sin seguir procedimiento administrativo alguno, decidió -por su mera voluntad- atender las necesidades de financiación de UVE, S.A. (UVESA) con cargo a los fondos públicos cuya gestión le estaba encomendada como responsable de dicho centro directivo», expone el juez.

Tampoco se recogen, no ya en el Convenio con el IFA o en el Protocolo con UVESA, sino en cualquier otro documento elementos o requisitos indispensables, como son, la actividad a realizar o comportamiento a adoptar, plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo, las condiciones impuestas al beneficiario, así como el plazo y forma de justificación de los fondos recibidos o las causas y el procedimiento de reintegro.

En definitiva, en virtud de este Convenio se concede realmente una ayuda solicitada, gestionada -y con destino final- en favor de la sociedad UVESA, «subvención camuflada bajo la apariencia de legalidad de un Protocolo de colaboración ajeno a cualquier mínima forma de regularidad administrativa, presupuestaria y financiera; encomendando el pago de la correspondiente ayuda al IFA con cargo a los fondos transferidos mediante la aplicación presupuestaria 31-L, concepto presupuestario de todo punto indebido e inadecuado para el otorgamiento y pago de subvenciones».

Pagos

De este modo, respecto a los fondos y pagos efectivamente realizados y recibidos, de lo actuado se deduce que, UVESA recibió pagos entre los años 2005 al 2008 por un total importe de 2.940.000 euros, los cuales se realizaron en las siguientes fechas:

Derivados del Convenio de 9 de febrero de 2004

En fecha 14 de febrero de 2005 se pagaron por IDEA a UVESA 200.000 euros, y en fecha 24 de junio de 2005 se realizó otro pago de 440.000 euros. Con estos dos pagos se transfirieron a la sociedad los 640.000 euros previstos en el convenio.

Derivados del Convenio de 4 de junio de 2007

El importe previsto en el convenio, 1.500.000 euros, fue pagado por IDEA a UVESA de una sola vez en fecha 11 de julio de 2007.

Derivados del Convenio de 26 de marzo de 2008

Se realizaron tres pagos por IDEA, que totalizaron los 1.150.000 euros previstos en el Convenio. Sus cuantías y fechas fueron las siguientes: 150.000 euros se transfirieron a UVESA el 4 de abril de 2008. El 24 de julio de 2008 se transfirieron otros 500.000 euros; y los otros 500.000 euros se pagaron el día 2 de octubre de 2008.

Objeto indefinido

De este modo, el juez deduce que estas ayudas concedidas a UVE, S.A. (UVESA) «carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad; concediéndose por el correspondiente Director General de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda».

Así, estas ayudas se habrían otorgado «sin control administrativo, y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos, siendo así que por parte de la Consejería de Empleo no se habría realizado ningún seguimiento sobre la aplicación y destino de las ayudas concedidas».

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