Los enganches para cannabis destapados en Andalucía en 2021 equivalen el consumo anual de 10.000 hogares

El pasado año 2021 se detectaron en Andalucía cerca de un millar de conexiones ilegales para el cultivo de cannabis en el interior de viviendas o edificios. Un fraude eléctrico que equivale al consumo anual de 10.000 hogares o al de poblaciones enteras del tamaño de Salobreña (Granada), Torredonjimeno (Jaén) o Ubrique (Cádiz), localidades de entre 12.000 y 16.000 habitantes.

Sólo en la comunidad andaluza, Endesa recuperó más de 35 millones de kWh de energía defraudada. Cabe destacar que el consumo medio de un solo cultivo de marihuana es similar al de 80 viviendas, ya que estas plantas demandan entre 18 y 24 horas de iluminación al día, además de la electricidad necesaria para hacer funcionar los sistemas de climatización y ventilación. En áreas con alta concentración de enganches ilegales representan hasta el 80% de la electricidad consumida en la zona y la red termina colapsando.

No obstante, estas cifras corresponden sólo al fraude descubierto y sólo a las zonas en las que opera la distribuidora eléctrica de Endesa (e-distribución), por lo que la magnitud real del problema es considerablemente mayor. Las estimaciones indican que el consumo eléctrico de las plantaciones de marihuana en España ascendería a 1,5 TWh, equivalente a la demanda de ciudades como Córdoba o Málaga a lo largo de un año.

Según Endesa, los casos de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de marihuana se han duplicado a nivel nacional en los últimos cuatro años. Las plantaciones tipo indoor (de interior) están ganando peso porque permiten obtener más cosechas (entre cuatro y ocho al año) que los cultivos de exterior y son más fáciles de ocultar. El negocio da una alta rentabilidad (3.000 euros el kilo) y en los barrios más desfavorecidos de Andalucía lo saben bien. En las Tres Mil Viviendas de Sevilla los vecinos sufren cortes diarios de luz que se prolongan durante horas. En Las Vegas, la zona más marginal de la barriada, un transformador salió ardiendo el pasado febrero. Desde entonces están sin electricidad.

Además, tal y como apunta Endesa, las conexiones irregulares y manipulaciones de la instalación eléctrica implican «importantes riesgos» tales como incendios, electrocuciones y descargas eléctricas. Para hacer frente a este «problema creciente», la compañía está aplicando diversas técnicas para afinar sus inspecciones. Asimismo, la digitalización de la red, el despliegue de sensores y la implantación de contadores inteligentes aportan cada vez más información para destapar los fraudes.

Endesa recalca que la colaboración ciudadana también resulta clave: las notificaciones recibidas en 2021 sobre posibles fraudes (puede denunciarlos aquí) derivaron en 12.000 inspecciones.

Últimas actuaciones

Este mismo martes, la compañía eléctrica ha comunicado nuevos trabajos en la barriada de Bellavista, en Sevilla, donde ha desplegado 450 metros de red trenzada aérea en dos de sus calles tras detectar «múltiples» acometidas ilegales en la zona. Endesa instalará este verano 12 nuevos centros de transformación en los barrios afectados de la capital andaluza para repotenciar la red, con una inversión de 1,7 millones de euros y efectos sobre 19.200 clientes. El Plan de Inversión trianual de la empresa para el periodo 2020-2022 asciende a 43,5 millones.

También este martes, la Policía Nacional informaba de la detención de 12 personas en el marco de la ‘Operación Nido’, en la que se han incautado 1.700 plantas de marihuana en Granada y Motril. En colaboración con el personal técnico de Endesa, se han llevado a cabo 240 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico, principalmente en el Distrito Norte de la capital granadina, donde el 54% las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación ilegal a la red.

Entretanto, la compañía afronta protestas vecinales en las zonas de Sevilla más afectadas por los continuos cortes de suministro. Además de concentraciones frente a su sede, los vecinos de Su Eminencia, Torreblanca y Bellavista han ocupado sus respectivos centros cívicos. No se moverán, dicen, hasta que no se instalen generadores que pongan fin al problema.