Denuncian el atropello a un alto cargo del CSIF en la guerra sindical abierta por el socialista Espadas

El secretario general de CSIF en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), Joaquín Martínez, ha denunciado este viernes el «atropello intencionado» por parte de un trabajador «representante de otra organización sindical» durante la huelga de autobuses de este viernes en Sevilla contra la gestión municipal del alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas.

Durante un piquete informativo a las puertas del aparcamiento de la empresa, un sindicalista habría colisionado a propósito y con su vehículo particular contra Martínez, según defienden CSIF y la sección de la Agrupación Sindical de Conductores (ASC). Todo ello enmarcado en una guerra entre sindicatos: CGT, CCOO y SITT han rechazado a la convocatoria a la huelga.

La movilización ha sido promovida por CSIF y ASC contra la empresa municipal y contra el gobierno local del socialista Espadas, denunciado el ahorro de «siete millones de euros» en 2020 «a costa de los trabajadores y de escatimar en medidas» de seguridad frente al Covid-19, alertando de «recortes» a la plantilla, especialmente en lo que a contrataciones temporales de la bolsa de empleo se refiere.

La huelga ha tenido un seguimiento del «90%» según CSIF y del «98%» según ASC. El portavoz de CSIF en Tussam, Diego Manuel Aleixo, ha asegurado que la convocatoria ha supuesto «un éxito rotundo», defendiendo además que los servicios mínimos han sido cumplidos «sin problemas». «Hemos conseguido nuestro objetivo, que era paralizar la flota. Es un aviso a navegantes, porque no vamos a dejarnos amilanar», ha añadido Aleixo, que espera que la huelga haga «recapacitar a los responsables municipales».

Una movilizaicón que ha incluido una caravana de coches que ha finalizado «en la confluencia de Juan Antonio Cavestany con Luis Montoto», es decir junto a la sede provincial del PSOE, según han precisado los sindicatos convocantes de la huelga a Europa Press.

Por su parte, el concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha considerado «injustificada y desproporcionada» la convocatoria de huelga, alegando que Tussam «mantiene los servicios, las retribuciones, los protocolos sanitarios y un buen convenio laboral» pese su drástica caída de ingresos fruto de la pandemia.

«Con una pérdida de ingresos de casi el 50% por la pandemia, el Ayuntamiento ha retirado recursos de otros servicios para garantizar el transporte público y ha logrado además financiación que garantiza la cobertura del año 2021 en el que se siguen perdiendo viajeros», ha subrayado.

Guerra sindical

En ese sentido, ASC y CSIF esgrimen que la convocatoria de huelga deriva del acuerdo «unánime» adoptado en el seno de la reciente asamblea general de trabajadores, en la que habrían participado entre «460 y 480» miembros de la plantilla, conformada por unos 1.500 empleados, mientras CCOO avisa de que en dicha asamblea habrían participado sólo unas «200» personas, tratándose además de una asamblea de carácter exclusivamente «informativo», celebrada precisamente después de que todos los sindicatos de la empresa acordasen esperar al 15 de junio y plantear entonces nuevas movilizaciones si no avanzasen las negociaciones con la dirección.

Y es que las secciones sindicales de CCOO, CGT y SITT no han apoyado la convocatoria de huelga, alegando el acuerdo sindical previo en la materia.

La citada asamblea de trabajadores, recordémoslo, se celebraba después de que las secciones sindicales suspendiesen las nuevas movilizaciones previstas dada la «convocatoria de la empresa para acelerar la negociación del convenio colectivo», toda vez que los sindicatos vienen lamentando el «incumplimiento de los acuerdos adquiridos» por el Ayuntamiento, socio único de Tussam, en febrero de 2020, poco antes de la irrupción de la pandemia y del primer estado de alarma para combatirla, situación que ha marcado el devenir de la empresa.

Un 47% menos de viajeros por el Covid

A finales de enero de ese año, recordémoslo, los representantes de la plantilla de Tussam lograron un acuerdo con el edil socialista Juan Carlos Cabrera para esquivar las consecuencias de la temida «falta de financiación» de la empresa de cara al entonces nuevo ejercicio de 2020 y las reivindicaciones de la plantilla.

Aunque para 2020 las cuentas de Tussam subían de 72,2 a 80,9 millones el dinero destinado a la plantilla gracias a un alza del 9,5% en las transferencias del Ayuntamiento, los sindicatos avisaban entonces de que los presupuestos serían insuficientes, demandando un «incremento de las cuantías económicas de los trabajadores» y temiendo la posible «externalización» de líneas y la no renovación de los contratos de los trabajadores temporales incorporados merced a la bolsa de empleo, entre otros aspectos.

Tras la irrupción del Covid-19, la declaración del primer estado de alarma con las consecuentes limitaciones a la movilidad y el comienzo del segundo estado de alarma, Tussam cerró 2020 con una caída del 47% en su número de pasajeros, lo que se tradujo en un desplome del 48% en sus ingresos por la venta de títulos.

Más transferencias del Ayuntamiento

Como consecuencia de ello, y según indicaban a Europa Press fuentes municipales respecto a las cuentas de Tussam correspondientes a 2020, la empresa ha necesitado transferencias adicionales por importe de 20,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento como socio único de la entidad, comenzado a aplicar finalmente el pasado mes de diciembre de 2020 el alza salarial acordada con la plantilla en enero del año pasado, antes de la irrupción del virus.

Así, reclaman aspectos como nuevas contrataciones temporales en la bolsa de empleo para movilizar más autobuses y que los mismos cuenten con aforos más seguros, así como avances en la negociación del plan de jubilaciones parciales y del nuevo convenio colectivo, pues el actual aspiró en diciembre de 2019. De cara al nuevo texto, los sindicatos reclamarían aplicar un nuevo alza salarial del 0,9% merced a lo permitido por la regulación estatal.

Además, la plantilla demanda otros aspectos como agotar las bolsas de conductores y mecánicos antes del fin de 2021, «frenar las sanciones» a los trabajadores y potenciar el servicio público frente a las externalizaciones.