Condenada a prisión una ex consejera de Chaves por ponerse un sueldo ilegal al frente de Sierra Nevada

La Audiencia de Granada ha condenado a dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público a la ex consejera delegada de Cetursa, la socialista María José López, por saltarse las limitaciones en los sueldos de personal directivo durante su etapa de gestión en la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. López, ex consejera de Justicia de la Junta con Manuel Chaves y ex concejal en el Ayuntamiento de Granada, ha sido condenada por delitos de prevaricación administrativa continuada y falsedad en documento público oficial.

La Audiencia condena a idénticas penas al que fuera director de Organización y Finanzas de Cetursa, Alberto Ollero. La sentencia se ha emitido tras un acuerdo de conformidad alcanzado entre las defensas, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Cetursa-Sierra Nevada. Tanto López como el alto directivo han aceptado la condena con la que evitan el juicio que tenía previsto arrancar el próximo lunes. También se ha acordado, sin oposición de la Fiscalía, que no tengan que entrar en prisión. El fallo recoge para ambos la aplicación de atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y disminución del daño.

Los dos acusados se enfrentaban inicialmente a una petición fiscal de siete años de cárcel y nueve de inhabilitación por autorizar cambios en la estructura organizativa de Cetursa para que varios cargos directivos no estuvieran sujetos a los límites retributivos que fijaba la ley. También se les acusaba de cobrar complementos de antigüedad que no les pertenecían.

Sueldos irregulares sabiendo que lo eran

La causa comenzó en noviembre de 2018, cuando la Fiscalía abrió diligencias por un informe remitido por la Consejería de Turismo y Deportes tras una inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

El informe alertaba de cantidades cobradas de manera irregular vinculadas a conceptos de antigüedad que habrían permitido a los dos altos cargos superar las limitaciones presupuestarias aprobadas por la Junta para puestos de alta dirección, y que fijaban un salario máximo de 55.277 euros en 2015 y 58.848 en 2017.

Según mantuvo inicialmente la Fiscalía, los dos procesados, «pese a tener conocimiento de las normas presupuestarias», de común acuerdo y de manera consciente, incumplieron «gravemente» la normativa en un plan preconcebido que buscaba modificar la estructura de Cetursa y cobrar más de lo permitido.

Con ese objetivo, modificaron sus condiciones laborales sin informes perceptivos y, en julio de 2014, sumaron cláusulas de antigüedad que la Secretaría General de la Administración Pública anuló en septiembre de ese año.

La Audiencia de Granada mantiene en su sentencia que López y Ollero «incumplieron gravemente las normativas presupuestarias y económico-financieras», dictando resoluciones para eludir los límites retributivos anuales impuestos al personal de alta dirección y personal directivo no sujeto a convenio.

Pese a «no contar con la autorización» ni con el informe favorable de la Consejería de Hacienda, el 15 de diciembre de 2014 ordenaron el cese de los directivos y su designación como jefes de servicio sujetos a convenio, algo que, según recalca el tribunal, «no respondía a necesidades organizativas, económicas o estructurales, sino al fin de evitar una disminución de la retribución». Esto benefició «especialmente» al ex director de Finanzas que, de 2012 a 2017, percibió un exceso retributivo de 23.800 euros, si bien tras el informe de la Junta devolvió un total de 19.141 euros.

Multa de 58.512 euros

En paralelo a este proceso por la vía penal, se ha seguido otro en el Tribunal de Cuentas que condenó a López a abonar más de 58.000 euros a la Junta de Andalucía por el menoscabo de fondos públicos en Cetursa tras los pagos «indebidos o carentes de justificación» realizados a determinados trabajadores en 2015.

El Tribunal de Cuentas estimó parcialmente las demandas presentadas por la Junta y la Fiscalía y concluyó que López «incurrió, como mínimo, en negligencia grave en la gestión de los fondos públicos que tenía encomendada» pues, «por acción u omisión», permitió los pagos.

El órgano de control consideró a la socialista «responsable contable directa» del agujero de 58.512 euros causado en los fondos públicos de Cetursa-Sierra Nevada y la condenó al reintegro de esta suma más los intereses generados.