La Audiencia remite al Gobierno su informe sobre el indulto a Griñán pero evita comunicar su decisión

La Audiencia de Sevilla ha concluido los expedientes correspondientes a las peticiones de indulto formalizadas por el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos de la Administración regional condenados a prisión por el caso ERE y ha dado traslado de los mismos, junto con su correspondiente informe, al Ministerio de Justicia, que ahora deberá adoptar una decisión al respecto.

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha precisado que los informes elaborados por la Audiencia no han sido notificados ni a la Fiscalía ni a las partes y únicamente se han remitido al Ministerio de Justicia, por lo que aún se desconoce su contenido.

Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ya se opuso al indulto a Griñán y a los otros siete ex altos cargos de la Junta condenados por malversación. En su escrito remitido a la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Público señalaba que no aprecia esa supuesta trayectoria de «honestidad y honradez» que alegan los abogados de Griñán, que ha sido condenado por los «delitos más graves» que se pueden cometer «en el seno de la Administración Pública».

Además, la Fiscalía recalcó que las razones de justicia y equidad presentadas por su defensa no guardan relación con la normativa que fundamenta el indulto, indicando que la malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el «manejo honesto» de los fondos públicos. Entiende además que «no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado -Griñán- en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones».

Asimismo, los fiscales recuerdan que el Tribunal Supremo recoge que la malversación es una forma más de corrupción política, y señalan que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse desde una concepción democrática del poder público: «La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa».

Antes de este informe, la Fiscalía pidió a la Audiencia de Sevilla que la Junta de Andalucía se pronunciara sobre la posible medida de gracia a Griñán. La Administración autonómica afirmó entonces que ve «debilidades» en su indulto porque ni hay arrepentimiento ni se ha devuelto lo defraudado.

Así, y después de que Anticorrupción se opusiese a estas peticiones de indulto, la Audiencia de Sevilla -órgano emisor de la sentencia original del caso- ha dictado una serie de diligencias de ordenación con relación a cada uno de los ocho condenados a penas de cárcel por el caso ERE.

Cabe recordar que la Sección Primera de la Audiencia paralizó el ingreso en prisión de Griñán -sentenciado a seis años y dos días- a cuenta de su cáncer de próstata. El resto de los condenados a penas privativas de libertad son el ex consejero de Empleo Antonio Fernández -sentenciado a siete años, once meses y un día de cárcel-, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -seis años y dos días-, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo -siete años y un día-, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -siete años y un día-, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román -seis años-, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano -seis años, seis meses y un día- y el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera -siete años y un día-.

Todos ellos se encuentran cumpliendo su pena salvo Griñán y Viera, que goza del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.