Andalucía ya acoge al 20% de los menas que el Gobierno de Sánchez ha impuesto a las CCAA

Andalucía se ha convertido en una de las comunidades autónomas con mayor carga en la acogida de menores migrantes no acompañados (menas), al albergar ya a 2.606, lo que representa aproximadamente el 20% del total nacional, que asciende a 13.310. Esta distribución, que sitúa a Canarias y Cataluña en la cima con 5.790 y 2.204 casos respectivamente, ha generado un debate sobre la equidad de los criterios de reparto impuestos por el Gobierno de Sánchez.

El panorama actual muestra un reparto desigual entre las comunidades autónomas. Mientras que Canarias ha experimentado una notable expansión en sus infraestructuras —pasando de 30 a 86 centros de acogida desde el inicio de la legislatura—, regiones como La Rioja y Cantabria cuentan con cifras muy reducidas, de apenas 12 y 22 menores, respectivamente. Sin embargo, en Andalucía, la cifra de 2.606 menores implica un desafío significativo para los servicios sociales y de acogida de una comunidad que ya enfrenta otras dificultades socioeconómicas.

La política central, que se basa en criterios como la población, la renta per cápita, el desempleo, el esfuerzo previo y la dispersión poblacional, ha derivado en un reparto que, aunque pretende equilibrar la responsabilidad, termina asignando cuotas elevadas a determinadas comunidades. En este contexto, la situación andaluza pone de relieve la necesidad de revisar estos criterios para asegurar que la distribución se ajuste de manera más realista a la capacidad de cada territorio.

Actualmente, el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en conversaciones con Canarias para implementar un reparto extraordinario de unos 4.400 menas, distribuidos en 4.000 para Canarias y 400 para Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el acuerdo tendrá en cuenta el «esfuerzo previo» de las comunidades que han acogido a un mayor número de menores. No obstante, la alta cuota que enfrenta Andalucía evidencia que, a pesar de dichos criterios, la realidad es que algunas regiones siguen asumiendo una parte desproporcionada de la responsabilidad.

El presidente canario, Fernando Clavijo, había programado una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la financiación necesaria para hacer frente a este reparto, pero el encuentro se ha suspendido por motivos de salud. Clavijo destacó la urgencia de cerrar la financiación y coordinar a los grupos políticos para aprobar el decreto ley o la proposición de ley que permita solventar este desafío de forma inmediata.

Paralelamente, se prepara la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista en Ceuta, en la que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas debatirán la crisis migratoria y la atención a los menores migrantes no acompañados. Este encuentro se perfila como un espacio crucial para definir estrategias comunes que aseguren una distribución más equilibrada de los recursos y responsabilidades.

Los datos aportados por Frontex confirman que, aunque las llegadas irregulares a Canarias han disminuido un 34% en enero de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, la ruta canaria sigue siendo la más activa de entrada a la Unión Europea, con 5.456 migrantes registrados sólo en enero. Este hecho subraya la persistencia de la presión migratoria en determinadas zonas y refuerza la necesidad de políticas que permitan una gestión equitativa y coordinada a nivel nacional.

Andalucía

La situación en Andalucía, al acoger al 20% de los menas, invita a una reflexión crítica sobre la actual política migratoria, tal y como lleva años exigiendo la Junta de Juanma Moreno. Y es que la imposición de cuotas elevadas a comunidades con recursos limitados no sólo pone en riesgo la capacidad de integración y protección de estos menores, sino que también evidencia la urgencia de revisar los mecanismos de reparto. Es fundamental que las autoridades centrales aseguren una financiación adecuada y establezcan criterios que tengan en cuenta la realidad y las capacidades de cada territorio.

Sobrecostes y engaños

La situación se agrava aún más con otro elemento polémico: la Junta de Andalucía ha destinado 30 millones de euros a la atención de los 559 menores migrantes que, según denuncian, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado desde Canarias camuflados como adultos. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, explicó hace unas semanas que cada menor representa un coste para el Ejecutivo de Juanma Moreno de 150 euros diarios, lo que equivale a 4.500 euros al mes y 54.000 euros al año.

Según denuncian diversas ONG y confirman las pruebas aportadas a la Fiscalía, estos menores llegan a Andalucía presentándose como mayores de edad, aunque tras las verificaciones se constata que en realidad tienen menos de 18 años, quedando así bajo la tutela de los Servicios Sociales autonómicos. Fuentes de la Junta han señalado: «No sabemos si en Canarias no se realizan las pruebas adecuadas o si se hacen de manera incorrecta, pero la cifra sigue subiendo.» Este planteamiento ha sido reiterado por varios responsables que acusan al Gobierno central de «reventar» los centros de acogida al introducir a cientos de menores bajo la apariencia de adultos.

La consecuencia de esta práctica es que la Junta se ve obligada a hacerse cargo de estos menores hasta que cumplen los 18 años. Una vez alcanzada la mayoría de edad, los menas pasan a ser jóvenes ex tutelados, lo que implica un seguimiento extendido hasta los 25 años, durante el cual se les presta otro tipo de servicios. La situación ha sido calificada con contundencia por la consejera de Inclusión Social y Juventud, Loles López, quien en septiembre denunció que «los montan en un avión y los envían por la puerta de atrás, como paquetes de Amazon, y el Gobierno no aporta ni un céntimo». López reclamó, en ese momento, la financiación necesaria para atender a estos menores, quienes requieren recursos para alimentación, vestimenta, educación y atención médica y psicológica.

Este escenario se produce en un contexto en el que el sistema andaluz de acogida ya se encuentra tensionado por la presión migratoria. Según datos del Ministerio, en lo que va de año han llegado 5.332 inmigrantes ilegales, y desde 2019 la cifra supera los 60.000, de acuerdo con ACNUR. Los menores migrantes no solo llegan en patera, sino que también lo hacen a través de otros métodos, y la comunidad cuenta con 645 plazas reservadas para su atención. Sin embargo, los recursos disponibles han estado sobrepasados por más del 100% durante casi un año. Solo en el último mes se han registrado 122 casos adicionales: 73 en patera, 24 como polizones en camiones y barcos, 7 provenientes desde Canarias (presentados como adultos) y 18 a través de rutas no identificadas.

Estos hechos ponen de manifiesto la complejidad y la presión que supone la gestión de la acogida de menores migrantes no acompañados en Andalucía, y plantean serias dudas sobre la eficacia de los controles en Canarias para evitar el envío de menores bajo falsas apariencias. La necesidad de una coordinación eficaz entre el Gobierno central y las comunidades autónomas es más urgente que nunca, para garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa y que la atención a estos menores se realice sin sobrecargar a los territorios receptores. En definitiva, mientras la política de reparto centralizada busca distribuir la responsabilidad entre las CCAA, la realidad en Andalucía evidencia desequilibrios que obligan a la Junta a asumir una carga desproporcionada.