La alcaldesa socialista de Palma del Río amenaza en el pleno del ayuntamiento: «Recogeréis violencia»

La alcaldesa socialista de Palma Del Río (Córdoba), Esperanza Caro de la Barrera, no se ha cortado en emplear graves amenazas en el último pleno del ayuntamiento de la localidad.

«Quien siembra violencia recoge violencia», ha señalado la regidora del PSOE-A en sesión por videoconferencia, para luego añadir «aplíquense el cuento», antes de dar rápidamente por concluido el pleno, sin dejar lugar a réplica ni a más intervenciones y evitando así cualquier reproche de sus compañeros concejales en el consistorio local.

Unas amenazas impropias de una alcaldesa, pero que el pasado verano ya se sentó en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación administrativa y que se suma a la larga cola de políticos del PSOE-A que siguen desfilando por los juzgados andaluces.

Este mismo viernes, OKDIARIO ha publicado la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de España, y que cuadriplica los millones defraudados en el ‘caso ERE’. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones.

La alcaldesa ya visitó los juzgados

La alcaldesa de Palma del Río fue citada el pasado mes de julio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Posadas por un presunto delito de prevaricación administrativa tras paralizar la licencia de construcción de una gasolinera.

La misma semana en que otro alcalde socialista del municipio cordobés de Encinas Reales, Gabriel González, era acusado de hasta tres delitos: malversación de caudales públicos, defraudación y falsedad documental.

El portavoz del PP en el municipio, Gabriel Prieto, señaló que «es lamentable tener que ver» al alcalde socialista del municipio, Gabriel González, «sentado en el banquillo de los acusados. Los vecinos de este pueblo no merecen tener un alcalde procesado por la Justicia y que sigue manchando el nombre de Encinas Reales, por su pésima gestión y por sus intereses personales».

Por supuesto, ninguno de los dos alcaldes abandonaron sus puestos por el hecho de estar acusados, tal y como exige el Código Ético del PSOE.

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