La alcaldesa socialista de Cantoria tras su imputación por regularizar pisos ilegales: «Ha prescrito…»

La alcaldesa socialista de Cantoria (Almería), Purificación Sánchez, ha respondido este miércoles a su imputación por la regularización de 15 viviendas ilegales en el paraje Los García, asegurando que el delito de falsedad documental «ha prescrito». La regidora ha señalado que el empresario implicado, cuñado del concejal de Urbanismo también encausado, «ocultó» mediante declaración jurada una sentencia firme que ordenaba la demolición de las casas.

La causa, instruida por el Tribunal de Instancia número 3 de Huércal-Overa, investiga a la alcaldesa del PSOE por un presunto delito de prevaricación administrativa, así como a otros miembros del Ayuntamiento y al empresario, a quien también se le atribuyen tres delitos de estafa y tráfico de influencias por la venta de las viviendas regularizadas.

Sánchez ha afirmado que el Ayuntamiento de Cantoria denunció los hechos ante la Fiscalía, pero que la supuesta falsedad documental ya estaría prescrita. Según su versión, el proceso de regularización urbanística se inició a iniciativa del empresario, y no existía constancia de la sentencia de demolición en los expedientes municipales ni en las actas del Pleno.

El auto judicial, que es recurrible, recoge que el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería notificó al Ayuntamiento la orden de demolición el 2 de junio de 2010. Sin embargo, la alcaldesa asegura que el Consistorio no se personó legalmente en la causa ni se elevó la sentencia al Pleno como es preceptivo.

«Jamás hemos realizado ningún trámite administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza», ha defendido la socialista, alegando que la responsabilidad inicial recae en el entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y en el secretario municipal de aquel momento. Unos balones fuera que, sin embargo, el juez no ve así.

Purificación Sánchez ha lamentado la interpretación judicial de unos hechos que, según ella, fueron «denunciados por concejales del PP», partido que gobernaba cuando se construyeron las viviendas. «Uno de los denunciantes era incluso agente del Seprona mientras se levantaban más de 1.000 viviendas ilegales en el municipio», ha afirmado.

La alcaldesa ha asegurado que «Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una orden de demolición» y que será en el juicio oral cuando se deban demostrar las acusaciones. Mientras tanto, ha mostrado su respeto por el proceso judicial, aunque ha reiterado que el expediente urbanístico no incluía la sentencia firme de demolición.