La agresión múltiple en el CETI de Ceuta queda en multa: «Lo enviarán a la península y problema resuelto»

La agresión de un inmigrante del CETI de Ceuta a cinco trabajadores (la jefa de cocina y cuatro vigilantes de seguridad) se ha resuelto este martes con un juicio rápido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de la ciudad. Youssef C., guineano de 19 años, entró al CETI el pasado 4 de diciembre y ya había tenido problemas con los vigilantes. Ha sido condenado al pago de unos 2.900 euros en multas e indemnizaciones. Fuentes cercanas a los trabajadores del centro aseguran que las autoridades se quitarán «el problema de en medio» enviándolo a la península.

El incidente tuvo lugar este lunes en el comedor del centro, sobre las 13:30 horas. Los cinco trabajadores acabaron en el hospital, uno de ellos tras recibir un cabezazo que lo dejó inconsciente. Al parecer, el desencadenante fue que el residente quería servirse la comida él mismo –el protocolo del CETI indica que han de hacerlo las cocineras–.

La sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, declara probado que el acusado dio un golpe en la mano a la cocinera, y cuando acudieron los vigilantes de seguridad, Youssef C. «se tornó agresivo» y dio un cabezazo a uno de ellos, así como patadas y puñetazos a los otros tres, que se vieron obligados a «usar la mínima fuerza indispensable» para reducirlo.

Los cinco trabajadores implicados sufrieron lesiones diversas (contusión craneal, hematoma en un ojo, contractura cervicolumbar, dos esguinces en sendos pulgares de la mano, cervicalgia y contusiones e inflamaciones varias). Tras su paso por el hospital, el vigilante de seguridad que recibió el cabezazo requiere de collarín cervical, un cabestrillo y una férula.

El acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, ha reconocido los hechos en sede judicial y se ha mostrado conforme con las penas solicitada por la Fiscalía.

Youssef C. ha sido condenado por dos delitos de lesiones y tres delitos de lesiones leves. Por las lesiones se le impone una multa de 1.200 euros (600 euros a dos vigilantes) y sendas órdenes de alejamiento durante ocho meses. Por las lesiones leves deberá pagar una multa de 300 euros (100 a la cocinera y otros 100 a dos vigilantes) y cumplir sendas órdenes de alejamiento, en este caso durante cuatro meses.

Además, ha sido condenado a un total de 1.381,76 euros en indemnizaciones a los cinco trabajadores. En total deberá abonar 2.881,76 euros sumando multas e indemnizaciones, a lo que hay que añadir el pago de las costas procesales. Las partes han expresado su intención de no recurrir, por lo que la sentencia es firme.

El inmigrante no ha sido expulsado del CETI, aunque en la práctica, dado que no puede acercarse a menos de 100 metros del domicilio o lugar de trabajo de las víctimas, no podrá volver a entrar al CETI hasta final de año. «No tiene ingresos para pagar la multa ni las indemnizaciones, y a ver por dónde pulula, porque no puede volver al CETI. Seguro que lo trasladan a la península para quitarse el problema de en medio», apuntan fuentes próximas a los trabajadores afectados.

Los sindicatos denuncian «inseguridad»

Tras esta agresión múltiple en el CETI de Ceuta, los sindicatos han reclamado a las autoridades que actúen firmemente con los residentes problemáticos para evitar nuevos casos.

CCOO Ceuta ha remitido un comunicado en el que recalca que «no es el primer incidente de este tipo» y los trabajadores del CETI llevan tiempo sufriendo las «actitudes violentas de una mínima parte» de los inmigrantes, lo que provoca un «clima de inseguridad» entre la población residente.

En la misma línea, UGT Ceuta destaca el clima de «alta tensión» que se vive en el centro, con un «elevado riesgo» de derivar en «situaciones de violencia». El sindicato reclama «respuestas firmes» a las autoridades competentes para garantizar la «seguridad» en el CETI.

Por su parte, el sindicato Solidaridad ha lamentado que la dirección del centro no adoptara medidas preventivas, ya que el responsable había protagonizado ya «varios altercados» y había dejado constancia de su «agresividad». Además, exigen que los «residentes problemáticos» sean expulsados a su país de origen, porque lo contrario genera sensación de «impunidad». Por último, piden que los vigilantes de seguridad sean considerados agentes de la autoridad y su labor sea reconocida como «profesión de riesgo».