Ley de Amnistía

Junts enmienda la amnistía para que se aplique aunque los jueces recurran al Constitucional y a Europa

Junts ha registrado hasta 12 enmiendas parciales a la Ley de Amnistía

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Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Junts ha registrado hasta 12 enmiendas a la Ley de Amnistía en las que, entre otras cosas, pretende asegurarse su aplicación incluso en el caso de que los jueces recurran al Tribunal Constitucional o a la Justicia europea. Propone añadir una nueva Disposición Adicional para precisar que «cuando un tribunal que deba aplicar la presente Ley Orgánica constate su posible discordancia con una norma europea o con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), será de aplicación el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Estatuto del TJUE, con suspensión del procedimiento, aunque sin afectación a la aplicabilidad general de la presente Ley Orgánica [de Amnistía]».

Además, el partido de Carles Puigdemont propone modificar el texto de la ley – que fue pactado con el PSOE- para garantizar que se alzarán las medidas cautelares impuestas «incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones», así como «cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Cabe recordar que, la semana pasada, Junts ya permitió la convalidación de los dos primeros decretos del Gobierno a cambio de eliminar un punto incluido en el llamado decreto ómnibus que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, el decreto añade un nuevo artículo a esa norma, el 43 bis, que establece que si se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suspenda cualquier actuación «hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Este punto, que ahora tendrá que negociar Sánchez, provocó el enfrentamiento entre Junts y el PSOE, al considerar el partido de Carles Puigdemont que podría afectar a la amnistía.

Blindar el terrorismo

Por otro lado, Junts y ERC también solicitan en sus enmiendas que la ley abarque todos los delitos terroristas por los que está acusado el independentismo. Actualmente, la norma excluye estos delitos en el caso en que exista sentencia firme.

Con ello, los separatistas pretenden asegurar la aplicación de la ley a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democràtic, que actualmente se investigan.

En concreto, Junts asegura que el periodo que abarca la amnistía no incluye «ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo», pero sostiene que en las causas sobre Tsunami y los CDR «se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían» constitutivos de ese tipo de delito.

«Para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y los actos tipificados como delitos de terrorismo», justifican desde el partido de Puigdemont.

Afirman, además, que «es una realidad que, nada más hacerse pública la Proposición de Ley de Amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento», en alusión a las dos causas seguidas en la Audiencia Nacional.

Dos meses

Por otro lado, Junts quiere que la Ley de Amnistía se aplique desde noviembre de 2011. Es decir, extiende dos meses la horquilla temporal.

Lo justifica asegurando que se trata de una «mejora técnica» para «incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017».

El Congreso tiene previsto retomar esta semana la tramitación de la ley, que se debatirá en ponencia este mismo jueves y se elevará a la Comisión de Justicia, en principio, el próximo martes, día 23 de enero. La intención del Gobierno es que la ley sea aprobada en el Congreso a finales de enero o principios de febrero.

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