Las víctimas del cura del colegio Highlands piden imputar al director y a dos profesoras por encubrimiento

La familia de la víctima principal del cura del colegio Highlands El Encinar acusado de agresión sexual a cinco alumnas de 6 y 7 años, pide que se impute al director del colegio y a dos profesoras por encubrimiento. Los afectados también solicitan que se investigue al centro escolar como responsable civil subsidiario por no cumplir los protocolos con menores. Igualmente, piden que se investigue a la congregación de los Legionarios de Cristo por ignorar durante años las alertas de los padres sobre el cura implicado.

En el caso del director del colegio, Jesús María Delgado, que dimitió días después de conocerse el escándalo del cura del Highlands El Encinar, los letrados de la acusación piden que sea imputado «por su posible participación o encubrimiento de los hechos al desprenderse que efectivamente había recibido numerosas quejas de los padres por mantener al investigado, Marcelino Núñez, en su puesto de trabajo y funciones, y por su posible conocimiento de los hechos a través de las profesoras y subdirectoras del centro, sin haber adoptado las medidas correspondientes o interpuesto denuncia».

La familia de la víctima de los presuntos abusos sexuales del cura del Highlands El Encinar también pide que se impute por encubrimiento a miss Marilou y miss Madeleine, dos de las profesoras del centro «al haber referido la menor que puso los hechos en conocimiento de estas profesoras y no adoptaron las medidas correspondientes o interpusieron denuncia».

En concreto, una de las víctimas de 6 años fue a pedir ayuda a las dos profesoras, tutoras de primaria, y les contó que el cura «les tocaba en sus partes íntimas a ella y sus amigas». Según la niña, las profesoras sólo le dijeron que «no pasa nada y que el cura no le puede tocar sus zonas íntimas, advirtiéndole a la menor que no pueden estar solas». A pesar de todo, no consta en la investigación que las profesoras denunciaran los hechos, advirtieran a los padres de las víctimas o que se tomara alguna medida para evitar que continuara sucediendo el presunto delito.

Piden que se investigue al colegio

La familia de la primera víctima conocida del cura del Highlands El Encinar no olvida la presunta responsabilidad del centro en todo lo ocurrido.

Así, piden que se dirija la investigación contra el centro como responsable civil subsidiario, ya que no hizo cumplir los protocolos internos que prohibían que un cura o profesor se quedara solo en compañía de menores.

Los afectados se apoyan en las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad del centro en las que se veía en diferentes fechas al cura del Highlands El Encinar llevarse a varias menores de 6 y 7 años hasta una zona apartada del patio donde tuvieron lugar las presuntas agresiones sexuales a las menores.

Igualmente, las víctimas recuerdan el testimonio de varios padres, tanto antiguos como los que actualmente mantienen a sus hijos en el colegio, que «refieren haber puesto en conocimiento en numerosas ocasiones el pasado del investigado y algunas actitudes sospechosas del mismo y haber sido ignorados».

Acusan a los Legionarios de Cristo

En último lugar, los abogados de la familia de la niña de seis años, señalan también como responsable civil subsidiaria a la organización de los Legionarios de Cristo.

Para ello, se apoyan en la declaración en sede policial de dos padres de alumnos del colegio que trasladaron a la subdirectora del centro El Encinar su preocupación sobre el cura Marcelino. La responsable del colegio les dijo que elevó sus quejas a la organización de los Legionarios de Cristo, pero no consiguió que relevaran al cura sospechoso de su trabajo con menores.

La defensa de la primera víctima del cura del colegio Highlands recuerda que en el ámbito educativo debería tenerse en cuenta que, «además
de los agresores, incurren también en responsabilidad penal quienes tienen obligación de impedir que se lleven a cabo las conductas delictivas, y, sin embargo, adoptan una actitud pasiva ante las mismas contribuyendo a que éstas se produzcan (comisión por omisión)».

Para los abogados del bufete Fuster-Fabra, tanto el centro como la congregación, han incumplido su obligación legal de garantizar la seguridad del bien legal que en estos casos son los menores de edad.