Mónica García traslada el coste de la Ley ELA a las comunidades con la oposición del Consejo de Estado

La reciente Ley ELA, que busca reforzar la atención y las ayudas a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica, ha sido recibida con esperanza por pacientes y asociaciones. Sin embargo, detrás del consenso político y social se esconde un problema que amenaza con tensionar las cuentas autonómicas: el reparto del coste real de su aplicación.

El Consejo de Estado, en su dictamen consultivo previo, alertó de que la norma podría trasladar una «carga financiera incierta» a las comunidades autónomas si no se definía con claridad la financiación estatal. Una advertencia que ahora cobra fuerza, cuando varias regiones aseguran que el gasto derivado de la nueva prestación es «casi inasumible» con sus presupuestos actuales.

Tras años de bloqueo y múltiples iniciativas legislativas en paralelo, la Ley ELA encontró su impulso decisivo en septiembre de 2024, cuando PP y Junts impulsaron finalmente esta iniciativa que sería posteriormente aprobada junto a otros grupos políticos al fusionar varias propuestas y llevar adelante un único texto.

El respaldo conjunto posibilitó que la norma llegara al pleno del Congreso de los Diputados y, posteriormente, fuera aprobada con unanimidad en el Senado de España en octubre de 2024.

Financiación compartida… pero desigual

La ley prevé que la financiación sea compartida entre el Estado y las comunidades, como sucede con la atención a la dependencia. Sin embargo, la falta de concreción sobre los fondos adicionales ha generado malestar entre los gobiernos autonómicos.

Algunas autonomías, como Castilla-La Mancha, Galicia o Valencia, han advertido que la aplicación plena de la Ley ELA —y su extensión a otras enfermedades neurodegenerativas— podría duplicar el gasto actual en atención domiciliaria y asistencia técnica. En otras, como Madrid o Andalucía, el impacto presupuestario se concentra en el aumento de personal sanitario y en la adaptación de recursos sociosanitarios.

«Estamos absolutamente a favor de la ley, pero sin una aportación estable del Estado será imposible sostener el modelo a medio plazo», aseguran fuentes de una consejería de Sanidad autonómica consultadas por este medio.

Un derecho sin código postal

Para los expertos, el problema no es sólo económico, sino también de equidad. «No puede ser que la calidad o la rapidez con la que una persona con ELA recibe ayuda dependa de la comunidad en la que viva», afirma la Dra. Lucía Fernández especialista en neurología. «Cuando el Estado reconoce un derecho de atención, debe garantizar también su financiación homogénea».

El presidente de una asociación de pacientes lo resume así: «No queremos ser una carga, pero tampoco víctimas de un sistema que nos trata distinto según dónde vivamos. La ELA no entiende de fronteras administrativas».

Sanidad subestima el impacto

El Consejo de Estado, en su dictamen sobre el anteproyecto, señaló que el Ministerio de Sanidad había infravalorado el coste real de ampliar las prestaciones a enfermedades irreversibles y degenerativas. El texto instaba a realizar una evaluación económica más precisa y a garantizar la suficiencia financiera antes de su aplicación efectiva.

Aunque el Gobierno ha anunciado un fondo extraordinario de 500 millones de euros, las comunidades sostienen que esa cifra cubriría apenas una parte del gasto anual.

Más allá de la Ley ELA, el debate ha reabierto una cuestión estructural: ¿cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de cuidados y dependencia sin sobrecargar a las autonomías?

Los expertos reclaman un nuevo modelo de financiación sociosanitaria que combine aportaciones estatales estables, fondos europeos y mecanismos de corresponsabilidad autonómica. «Si no se corrige el desequilibrio, la ley corre el riesgo de convertirse en papel mojado», advierten.