Los médicos se rebelan contra la imposición de lenguas cooficiales en sanidad de Mónica García

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha planteado recientemente una reforma que obligaría a todo el personal sanitario a atender a los pacientes en las lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma. La medida, que busca garantizar el derecho de los pacientes a recibir asistencia en su idioma, ha generado un amplio debate entre sindicatos y profesionales del sector que han lanzado duras críticas por una medida de nuevo «política» y poco sanitaria dentro del nuevo borrador presentado de la reforma laboral. 

Varios sindicatos, entre ellos la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), han expresado su preocupación como su presidente, Miguel Lázaro, ha advertido, ya que la obligatoriedad podría dificultar la contratación de nuevos profesionales y afectar la atención sanitaria, especialmente en regiones donde pocos médicos dominan estas lenguas. Lázaro considera que la medida responde más a intereses políticos que a necesidades reales del sistema.

Por su parte, CSIF ha mostrado su rechazo a que el dominio de lenguas cooficiales se convierta en un requisito para acceder a la Función Pública en sanidad o educación. Desde este sindicato señalan que podría aumentar la fuga de personal sanitario hacia comunidades donde solo se exige castellano, poniendo en riesgo la cobertura asistencial.

La ministra Mónica García ha defendido la reforma como un mecanismo para garantizar que los pacientes puedan comunicarse en su lengua materna, asegurando un trato más cercano y comprensible. Según García, la medida responde a las demandas de comunidades como Cataluña y el País Vasco, que consideran esencial preservar los derechos lingüísticos dentro del ámbito sanitario.

Sin embargo, los sindicatos alertan de que este requisito podría complicar la contratación de personal en comunidades donde no se habla la lengua cooficial de manera generalizada. Médicos y enfermeros podrían verse obligados a formarse en idiomas adicionales, un proceso que podría desincentivar traslados y generar vacantes difíciles de cubrir.

El debate sobre la obligatoriedad de usar lenguas cooficiales en la sanidad refleja un choque entre derechos lingüísticos y la gestión práctica de los recursos humanos. Mientras el Ministerio defiende la medida como un avance en igualdad y accesibilidad, los profesionales sanitarios llaman a la prudencia, advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos en la operativa diaria de los hospitales.

El futuro de esta reforma dependerá de cómo se concreten los términos legales y de las negociaciones que el Ministerio mantenga con los sindicatos, en un contexto donde garantizar la calidad asistencial y respetar los derechos lingüísticos parece entrar en tensión.

Gestión actual de las lenguas cooficiales

El uso de las lenguas propias de cada comunidad autónoma en los hospitales y centros de salud ha sido un tema recurrente y a menudo controvertido. En Cataluña, por ejemplo, los profesionales que buscan una plaza fija en el sistema sanitario público deben acreditar cierto nivel de catalán, generalmente equivalente a un C, para poder presentarse. Sin embargo, esta obligación no se traduce en un mandato explícito para emplearlo en la atención diaria a los pacientes, y no existe un mecanismo sancionador si no se utiliza en la práctica clínica. La exigencia del idioma ha variado también en Baleares y Comunidad Valenciana, ajustándose al gobierno de turno.

En el País Vasco, la situación es más reglamentada. El Decreto 67/2003 establece la progresiva incorporación del euskera en Osakidetza, definiendo categorías de plazas en función de la competencia lingüística necesaria, desde niveles básicos hasta avanzados. Las vacantes se asignan según el perfil lingüístico requerido, y hay plazos específicos para acreditar la competencia en euskera.

En Galicia, los pacientes tienen el derecho garantizado de recibir asistencia en gallego dentro de todos los servicios del Sergas. Aunque no todas las plazas requieren un nivel formal de la lengua, en algunas categorías se valora como mérito o requisito. En la práctica, el idioma utilizado en la atención depende tanto de la formación del personal como de la disponibilidad de profesionales que dominen el gallego.