El mayor proveedor de mascarillas del Gobierno desaparece, subraya Javier Cárdenas en el nuevo programa de LevántateOK. Recordemos que, como informó OKDIARIO, el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, son los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que el pasado mes de abril tuvieron que presentarse ante un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos Covid.
Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años. Pese a que la Fiscalía trató de cerrar el caso este pasado verano alegando que las acusaciones se hacían en base a «conjeturas», la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, reactivó el caso el pasado septiembre.
Según explican, de los delitos por los que se les investiga el de malversación es «el más claro». Probar ante un juez que los tres cometieron un delito de prevaricación al conceder esos 56 contratos de suministro de material -casi todo mascarillas- por una suma superior a los 310 millones será un proceso complejo: hay que demostrar que dieron luz verde a esas compras sabiendo que el material era defectuoso, que las empresas no tenían solvencia o que incluso no iban a llegar a España nunca. El agravante de todo esto es que ahora el mayor proveedor de mascarillas del Gobierno desaparece después de cobrar 253 millones de euros.
