El Supremo espera al fiscal general de Sánchez con los brazos abiertos
Parece evidente que, más pronto que tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga el presunto delito de revelación de secretos cometido por la Fiscalía -al hacer públicos datos sobre la causa por presunto fraude fiscal que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- tendrá que despejar el asunto al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del fiscal general, Álvaro García Ortiz. El TSJM abrió una investigación que ha salpicado a altos cargos del Ministerio Público y los fiscales que ya han declarado ante el juez aseguran que siguieron órdenes de García Ortiz, algo que corroboran las pruebas aportadas al sumario.
De modo que se da por descontado que el fiscal general más entregado al poder político de la historia de la democracia -su grado de sumisión a Pedro Sánchez provoca verdadera grima- va a tener que vérselas con el más alto tribunal, que le está esperando con los brazos abiertos. OKDIARIO ha podido saber de fuentes del Supremo que la opinión mayoritaria de sus jueces es que en la orden del fiscal general hubo una «clara revelación de secretos», al obligar al fiscal del caso, Julián Salto, y a sus superiores a entregar los correos electrónicos sobre esta causa para elaborar una nota sobre la misma que fue difundida a los medios de comunicación.
Dado que el fiscal general ha asumido que fue él quien dio la orden de enviar esa nota aclaratoria, su paso por el Supremo se da por descontado. Álvaro García Ortiz ya ha anunciado que no dimitirá aunque se le impute, dando por hecho que el Supremo le otorgará dicha condición (investigado). Está en su derecho, pero el horizonte penal que le espera es negro, pues el Código Penal señala que «se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos». Es lo que tiene pasarse de frenada en los afectos al líder (Sánchez) y ponerse al servicio del Gobierno para hacerle la puñeta a Ayuso. Por no medir, el fiscal general es carne de banquillo.
