La sobrerregulación estrangula la actividad económica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a situarse en el centro de la polémica. La decisión de Idealista de renunciar a la compra de Kyero, tras las exigencias desproporcionadas del regulador y la pasividad en la respuesta a los razonamientos de Idealista, es un ejemplo más de cómo la intervención pública puede sofocar la innovación, la inversión y, en última instancia, la competencia que dice proteger, de manera que logra lo contrario: desincentivar el crecimiento y minar la confianza en el mercado.

Idealista es hoy el principal portal inmobiliario en España y uno de los grandes actores del sur de Europa. Su trayectoria es un caso de éxito en un sector que durante años arrastró rigideces, poca transparencia y limitada digitalización. La intención de adquirir Kyero, una plataforma especializada en la captación de compradores extranjeros que buscan vivienda en España, Portugal, Italia y Francia, respondía a una estrategia clara: reforzar la internacionalización de Idealista y mejorar el acceso de la vivienda española a la demanda internacional.

Desde el punto de vista empresarial, la operación tenía pleno sentido. Kyero aporta experiencia en un nicho de mercado complementario, vinculado al comprador extranjero, muy relevante en economías como la española o la portuguesa, donde el turismo residencial constituye una parte sustancial de la actividad inmobiliaria. Para Idealista, sumar esa plataforma significaba ganar escala y consolidar su posición en un mercado cada vez más competitivo, con actores locales y globales pujando por atraer al usuario final.

Sin embargo, la CNMC, en lugar de limitarse a verificar que no existía riesgo de abuso de posición dominante, optó por imponer una serie de compromisos y restricciones que desbordaban el marco de la operación. Según la propia Idealista, esos condicionantes limitaban de manera «desproporcionada» su actividad, llegando a impedir que el portal operase con normalidad en el futuro. En otras palabras: no se trataba de autorizar o denegar la compra, sino de rediseñar desde la Administración la estrategia empresarial de una compañía privada. Ante este escenario, Idealista se vio obligada a desistir.

La cuestión de fondo es si un regulador debe actuar como árbitro imparcial que corrige abusos concretos o si puede transformarse en un jugador que decide quién puede crecer y cómo. La CNMC, en este caso, parece haber optado por lo segundo. Y ese es un error de calado, porque convierte la intervención administrativa en un obstáculo estructural al libre desenvolvimiento de los mercados.

No se trata de idealizar a las empresas ni de negar la posibilidad de que existan prácticas anticompetitivas. Ahora bien, el mandato de la CNMC es intervenir únicamente cuando existan evidencias claras de abuso, no anticiparse para imponer su propia visión del futuro del sector. De lo contrario, se distorsiona la lógica del mercado: las empresas no compiten en igualdad de condiciones, sino bajo la sombra del regulador, que fija las reglas no en función de criterios transparentes y proporcionados, sino de interpretaciones discrecionales.

Idealista ya había sufrido en el pasado la mano dura de la CNMC, que sancionó al portal y a otras plataformas inmobiliarias por supuestas prácticas de intercambio de información. Aquella decisión podía discutirse, pero al menos respondía a un hecho concreto. Lo distinto ahora es que el regulador no sanciona una conducta, sino que impone limitaciones preventivas que hacen inviable una expansión legítima.

El abandono de la compra de Kyero no es un episodio aislado ni una anécdota menor. Tiene implicaciones profundas para el mercado español y europeo:

1. Inhibición de las operaciones de concentración con valor añadido. Muchas empresas, al observar este desenlace, preferirán no iniciar procesos de adquisición por miedo a que la maraña regulatoria los convierta en inviables, incluso cuando existan claras sinergias.

2. Fortalece a competidores externos, que no sufren este intervencionismo y pueden ganar cuota en mercados internacionales sin lograrlo por un mejor desempeño, sino por las limitaciones que la CNMC impone aquí frente a las autoridades de competencia de otros lugares. Paradójicamente, el intervencionismo nacional reduce la competitividad de las empresas locales frente a rivales globales.

3. Inseguridad para la inversión. El capital internacional huye de entornos donde las reglas del juego dependen más del capricho del regulador que de la lógica de mercado. España necesita atraer inversión, no ahuyentarla.

4. Desincentivo a la innovación. El mensaje que recibe el emprendedor es claro: cuanto más crezcas, más riesgo corres de que la Administración frene tu expansión. Con ello, se penaliza precisamente a las compañías más dinámicas y competitivas.

Conviene insistir en que este tipo de intervenciones no refuerzan la competencia, sino que la debilitan. La mejor manera de garantizar un mercado abierto es permitir que las empresas crezcan, compitan y arriesguen capital para ofrecer mejores servicios. La CNMC debería actuar solo cuando una compañía abuse efectivamente de su posición, no cuando se limita a expandirse por medios legítimos.

De lo contrario, se incurre en una falacia: bajo el pretexto de «defender la competencia», se restringe el campo de juego a golpe de imposiciones regulatorias. Y esa dinámica conduce, inevitablemente, a un mercado menos libre, menos innovador y menos atractivo para la inversión. La CNMC debería garantizar el libre mercado, no sustituirlo por la planificación administrativa.