Los sensores de los barrancos también son de AliExpres

No paraba de llover y en Zaragoza ya se había comportado el temporal de forma muy violenta. En Valencia, el lunes, todo el mundo miraba al cielo. Y no era para menos: este mes se cumplirá un año del desastre de la DANA que azotó el este de España, con especial virulencia en la provincia de Valencia y que provocó un total de 232 fallecidos. Una cifra espeluznante que representa el 70% de las 335 muertes por inundaciones en todo el continente europeo ese año. La tragedia no se debió sólo a la intensidad del evento meteorológico (con precipitaciones equivalentes a un año de lluvia en ocho horas en algunas zonas), sino a una combinación de fallos estructurales, administrativos y de planificación que agravaron el impacto. No es de extrañar el miedo y la inquietud que volvieron a vivir los valencianos.

Se pueden discutir los múltiples errores cometidos, sea la ocupación indebida del territorio (construcciones ilegales o descontroladas en zonas inundables) o unas infraestructuras descuidadas. Pero también fallaron gravemente las alertas y los avisos de coordinación. Con todo ello es comprensible que desconfiemos de los organismos que se dedican a la gestión hidráulica en un país como el nuestro proclive a los desbordamientos por saturación rápida de suelos y presas. Ni la Generalitat lo supo gestionar ni el Gobierno central activó el Comité Estatal de Coordinación ni el Plan Estatal de Inundaciones. Y así un evento meteorológico extremo acabó en la peor catástrofe por inundaciones en España desde 1962.

Con este ánimo, no tranquilizó nada a la población que el mismo lunes les contaran que la red de medidores para controlar los embalses estaba generando errores. Que se iban solucionando, sí, pero con cierta confusión y siendo difícil saber con exactitud cuántos estaban rindiendo correctamente. La red de sensores que vertebra la demarcación del Júcar, tanto los que aparecen en la página web de consulta pública del SAIH como la veintena de aforos fantasma (sensores que aparecen en las memorias de gestión del organismo de la cuenca, pero sus datos no se muestran en la página web), actúan como los ojos que ven todo lo que pasa en los ríos, ramblas y barrancos de la cuenca. O al menos esa es la teoría porque la realidad del lunes era que por lo menos cinco caudalímetros no estaban en funcionamiento para reportar datos sobre el estado de los cauces. Y quizá pudo haber aún más dispositivos fuera de servicio.

Está muy bien pagar impuestos que van a sanidad o a educación. Pero todos sabemos hasta qué punto se pierde dinero en iniciativas sin más base que la propaganda política, el clientelismo o, directamente, la corrupción. Y da la impresión de que, en todo aquello que el ciudadano necesita para su tranquilidad y seguridad, se racanea. Lo mismo que ha pasado con las pulseras anti maltrato que llevaban las mujeres víctimas de violencia de género: se sustituyeron las anteriores de probada eficacia (el Ministerio de Interior decidió mantenerlas para los presos en régimen de tercer grado) por unas de inferior calidad y diez veces más baratas. Es muy posible, dado el espíritu sectario e insensato tanto del PSOE como de sus aliados de extrema izquierda, que les molestase que las pulseras buenas fueran de fabricación israelí. Pero yo apostaría que la razón fundamental del cambio de las pulseras antimaltrato fue económica. El nuevo contrato, pese a que había mil quinientas mujeres más a proteger, costó menos que el anterior. Así que no nos queda mucha duda de que el ahorrillo fuera resultado de que los nuevos dispositivos eran una ganga. Incluso una diputada aseguró, creo que sin ironía, que se compraron en AliExpres.

Todos estaríamos más tranquilos si los sensores de los barrancos fueran también, como las pulseras «buenas», de fabricación israelí. Aunque fueran más caros.