Señora Lamela: aquí tiene otro motivo para imputarlo
A Carmen Lamela le sobran los motivos para imputar a Josep Lluís Trapero. Por si fuera poca la dejación de funciones durante todo el golpe de Estado, OKDIARIO les desvela cómo los agentes secretos de los Mossos diseñaron una operación para la compra y distribución de las urnas de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre. La juez de la Audiencia Nacional ya ha imputado al mayor de los Mossos d’Esquadra por sedición. No obstante, y por si tenía pocos motivos, se une este acto de colaboración directa con los golpistas. Una manera explícita de participar de una deriva política y social que dada su gravedad incluso ha exigido la intervención excepcional de Felipe VI con un mensaje a la nación.
Trapero ha sido sin duda una de las personas claves para que se pudiera consumar el desafío al Estado. El responsable de los Mossos ha perdido toda su credibilidad como policía para convertirse en un representante más del procés. Un político de facto entregado a los designios de la Generalitat. Con la inacción del cuerpo policial que encabeza ha colaborado a la espiral de intolerable violencia que coloniza Cataluña desde el pasado fin de semana. Además de contribuir a un hecho ilegal, ha puesto en peligro la integridad de los propios catalanes, amenazados por las ocurrencias callejeras de los violentos. Una pasividad que ha posibilitado que las fuerzas de choque de Arran y la CUP hayan podido acosar —humillar en algunos momentos— a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mujeres y hombres de enorme valor que, a pesar de su manifiesta inferioridad y de un contexto inflamado hasta la exacerbación por los golpistas, han viajado hasta la comunidad autónoma para hacer que se respete la legalidad vigente. Trapero tendrá que dar muchas explicaciones, ya que a pesar de estar avisado por la Fiscalía ha tenido una actitud más que connivente con el Govern. La pasividad de su cuerpo policial posibilitó el asedio a la sede de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre. También sabemos que participaron en todo el montaje para que se pudiera votar en un referéndum que estaba prohibido. Ahora es el momento de la justicia y, ante ella, Trapero no podrá tirar de ambigüedad, pasividad o dejación. Ahí tendrá que dar la cara y asumir las consecuencias de su actos. Se enfrenta a un escenario muy difícil: el Código Penal castiga hasta con 15 años a las personas que impiden por la fuerza, o fuera de las vías legales, el cumplimiento de la ley.