Rubalcaba y el Faisán

En 2004 el Gobierno de Zapatero eligió ministro de Interior a Alonso, juez, y secretario de Estado a Camacho, fiscal, ninguno afiliado al PSOE. Los socialistas vascos querían alguien de “los suyos”, socialista del País Vasco, en cargo relevante de Interior. ¿Para qué? Más de un mes tardaron en nombrar a Víctor García Hidalgo, relacionado con asuntos de seguridad y mensajero con el mundo de ETA a través de un cura. Rubalcaba llegó a Interior dos años después, 22 días antes del chivatazo.

Rubalcaba se encontró con el chivatazo (¿del partido, o del Gobierno?) y cuatro meses después cesó a García Hidalgo. Pretendía el ministro que ETA dejara de matar sin concesiones ni gestos y algún socialista vasco que negociaba con ETA estaba dispuesto a ceder. García Hidalgo atendía instrucciones del PSOE-EE-PSE, que para eso lo nombraron (Patxi López secretario general, Eguiguren presidente), como del Ministerio. ¿Lo habría cesado Rubalcaba a los cuatro meses de haber dado él la orden del chivatazo? No, no era esa su forma de proceder.

Rubalcaba trataba bien a sus colaboradores más directos en la Policía. Cosido pretendió cesar en su reciente destino en China a José Antonio Rodríguez, actual jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad, colaborador de Rubalcaba, que lo impidió llamando a Rajoy. En materia antiterrorista fueron mandos de confianza de Rubalcaba Miguel Valverde y Enrique García Castaño (comisario principal de confianza de todos los ministros de Interior de los últimos 25 años, hasta que decidieron ceder a campañas políticas contra policías profesionales); en Policía Judicial Juan Antonio González, y entre los jefes superiores Carlos Rubio, que lo fue en Cantabria, Valencia y Madrid. Rubalcaba cesó a García Hidalgo y no tuvo un solo gesto hacia los policías inocentes imputados porque no era un asunto en el que tuviera nada que ver.

Rubalcaba no fue responsable del chivatazo y los policías condenados, Pamies y Ballesteros, tampoco. El retrato robot de Elosua sobre quién le entregó el teléfono (bajo, calvo, agitanado…), la foto del inspector que llevaba ese día un teléfono asignado a otro inspector (por error), que estando en la zona del Faisán recibió una llamada de 10 minutos que nunca se investigó arroja muchas dudas nunca despejadas. El comisario Cabanillas, jefe de Unidad Central de Inteligencia declaró que el jefe de Asuntos Internos, encargado después de la investigación, le dijo en tres ocasiones el día que se descubrió el chivatazo que había que destruir el pendrive con la prueba.

Sería largo exponer cómo el PP nombraba y removía jueces. Analice el lector trayectorias de Grande-Marlaska, Gómez Bermúdez o Alfonso Guevara, presidente de Sala que juzgó y condenó a los policías. Se impidió el derecho de defensa de los acusados a sus abogados, José Luís Vegas y María Ponte. En resumen, se investigaron unas llamadas y no otras; el jefe superior y el inspector condenados prepararon el chivatazo no ocultándolo sin testigos sino en medio de una romería de policías entre miembros de UIP, Información y Asuntos Internos. Quedó acreditado en el juicio que dos semanas antes se preparaba operación antiterrorista. Mandos y documentos oficiales registrados lo avalaron sin ser tenidos en cuenta. No sirvió para nada.

La impresión de quienes estuvimos todas las sesiones del juicio oral en la sala es que ya iban condenados y que las múltiples alegaciones de los abogados que descalificaban rotundamente con hechos objetivos presuntas pruebas del sumario no sirvieron para nada. No les dejaron ni plantear muchas de ellas porque eran improcedentes. Conclusión: querían abatir al ministro y “dispararon” contra los policías.