Reynders dinamitó el terrorismo de Sánchez y Junts

Este martes, se supo en algunos círculos jurídicos españoles, también en las cercanías de influencia europea del Partido Popular, que Reynders, el comisario de Justicia que se marcha en un mes, ni siquiera iba a sentarse con Bolaños, y por tanto con Pons, si un día antes en el Congreso de los Diputados, Sánchez y los secesionistas radicales de Junts acordaban una amnistía «integral» en el concepto de los catalanes para todos los delitos habidos en la explosión golpista de octubre del 17.

Naturalmente que Sánchez y sus mozos de espadas, Bolaños y el ex navarro Santos Cerdán, conocieron que la postura de Reynders era definitiva: o no había pacto sobre la amnistía terrorista o tampoco habría reunión en Bruselas para debatir la penosa renovación del Consejo del Poder Judicial. Como suena. Esa fue la única -subrayamos la única- razón por la que el PSOE a última hora se negó a aceptar la inclusión en la ley non nata de las exigencias de los monaguillos de Puigdemont, presiones para incluir, como perdonables, todos los delitos perpetrados en los luctuosos sucesos del 2017.

En las proximidades de Junts, por ejemplo en los ambientes empresariales que sostienen a este partido, se llevaron una sorpresa tremenda, reconocida a este cronista, cuando constataron que, en contra de lo previsto, el Gobierno de Sánchez se negaba a asumir las coacciones insoportables del partido del forajido escapado a Waterloo.

Y, ¿qué dicen ahora estos conmilitones de Puigdemont? Pues, en resumidas cuentas, que la cosa «no ha hecho más que aplazarse». Reconocen también-y en esto coinciden con el PP- que si no hubiera sido por la reunión con Reynders del día posterior, el PSOE hubiera votado afirmativamente las enmiendas de Junts sobre el terrorismo y la alta traición. Por lo demás, los separaristas se temían, a mayor abundamiento, que Bruselas les iba a propinar otro guantazo en forma de recusación a las amnistía a los delitos de malversación. Era un momento de albarda sobre albarda que concluía con esta impresión ya relatada. Reynders no se iba sentar con el ministro español de un partido que asume el terrorismo (de baja o alta intensidad, era lo mismo) y la traición sin adjetivos como elementos perfectamente excusables, remisibles en la ley que se estaba preparando para su pase por el fielato de las Cortes.

¿Quiere esto decir que, dada la oposición frontal de Reynders, el PSOE continúa incólume en su decisión de rechazar la introducción de estos delitos en la redacción final del proyecto? Para nada. Sucede que los tiempos no favorecen a Sánchez cuya intención oculta es no convertir este asunto en nota crucial de la campaña gallega. La semana que viene deber reunirse de nuevo la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para estudiar reiteradamente las enmiendas de Junts. En esta sesión parlamentaria tendrá el PSOE que pronunciarse otra vez sobre el rechazo a o la admisión de las enmiendas. Tendrá, en definitiva, que retratarse ante el país. Es curioso lo que ocurre: se negocia por debajo de la mesa un acuerdo Sánchez-Junts mientras públicamente los siervos del presidente presumen de presentarse como adalides de la resistencia al chantaje independentista. Pero, como dice una importante directiva del Partido Popular, «esto ya no cuela». La impresión extendida en el público en general es que el Gobierno hará todo lo posible por tragar con las exigencia de Junts porque si no, en palabras del estulto Turull, «colorín colorado», o sea, la legislatura a hacer puñetas.

Reynders ha convocado a sus dos interlocutores casi ad calendas graecas, para mediados del mes, como si a estas alturas de la película ya no corriera prisa ofrecer salida a la bochornosa dilación del Consejo del Poder Judicial. Es sorprendente que Reynders no haya encontrado otra fecha más cercana para la cita porque él, como hemos escrito, está directamente en fuga, patrocinándose como aspirante a la Secretaría General del Consejo de Europa. En esta situación comprometida para su futuro profesional, seguro que no tiene la menor intención de meter un dedo en el ojo a ninguno de los que pueden auparle al puesto, Sánchez incluido, por tanto hay que coger con pinzas la hipotética respuesta que pueda dar este belga al conflicto judicial hispano. Él, ya ha hecho lo suficiente, según transmite desde Bruselas, por aminorar la gravedad del enfrentamiento entre socialistas y populares españoles, por tanto no se ve en la necesidad de mojarse un poco más pronunciándose descaradamente a favor de uno u otro. Si no hubiera sido, desde luego, por la convocatoria a Bolaños y Pons, la amnistía ya estaría aprobada en nuestro país. Mírese por dónde, sin tener que implicarse directamente, Reynders ha logrado aplazar, quizá hasta que él ya no se encuentre en la Comisaría de Justicia, la entrada en vigor de ese bodrio infecto que atiende eufemísticamente por Ley Orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña, una titulación de disfraz que responde absolutamente al interés de Pedro Sánchez de disimular su humillación sin precedentes ante una facción pequeña de la población catalana.

Reynders ha pospuesto, de hecho, la aprobación de esta bazofia, pero los jueces, a su vez, siguen impertérritos en su labor de instruir y dilucidar las responsabilidades a que hubiera lugar en el golpe de Estado secesionista de 2017. Están los jueces «cabreados no, lo siguiente», según fuentes seguras del Consejo. No hay más que esperar al durísimo pronunciamiento que va a derivar este lunes próximo de la pluma y la intención de, por lo menos, nueve de los todavía miembros del Consejo. Van a defender personal y genéricamente a todos los jueces insultados y van a dirigir una crítica extremadamente acerba, sin precedentes, a la conducta de la presidenta del Congreso, Francina (nacida Paquita) Armengol. El Gobierno, desde luego, no va a encontrar ahora mismo en la inmensa mayoría de la Carrera Judicial un sostén para sus propósitos. Más bien al contrario. Sánchez tiene lo que se merece.