Reforma del Código Penal y cumplimiento íntegro de las penas

El 14 de octubre de 2019 pasará a la historia como uno de esos días trascendentes en nuestra joven etapa democrática. Más allá de la opinión que cada uno de los españoles tenga sobre el contenido de la sentencia que convierte en delincuentes a los que se autoproclamaban “presos políticos”, no cabe duda que el fallo del Tribunal Supremo tiene una enorme trascendencia jurídica y política.

La trascendencia jurídica es automática: Oriol Junqueras y los demás reos del proceso han sido juzgados y condenados; ya son oficialmente delincuentes. Todos ellos son culpables de graves delitos contra nuestro ordenamiento jurídico: la sedición y malversación de caudales públicos. El Tribunal da por probado que todos ellos robaron de las arcas públicas que se nutren de los impuestos de los ciudadanos para financiar unos actos delictivos que el Tribunal ha fijado, finalmente, como delitos de sedición y de malversación.

Correrán ríos de tinta sobre la sentencia; especularemos sobre en qué medida primó el deseo de unanimidad de los Magistrados sobre el rigor jurídico del texto. Habrá quien se empeñe en devaluarla por suave teniendo en cuenta el daño causado por los delincuentes condenados y quien se lance a deslegitimarla por injusta para con los delincuentes declarados culpables. Oiremos y leeremos de todo; y todos nosotros, en la intimidad, tendremos nuestra propia opinión política. Avanzo que la mía es crítica sobre el relato establecido por los Magistrados para determinar el tipo penal del delito cometido por los reos. Y también sobre la conclusión. Creo que los hechos del 1 de Octubre de 2017 son más que un delito contra el Orden Público, por muy agravado que se encuentre ese delito al concurrir el delito de malversación, lo que provoca que les condenen a largas penas   de cárcel y a la  inhabilitación absoluta para ejercer el derecho pasivo y ostentar cargos o empleos públicos.

Se que el Código Penal tienen matices y es interpretable, sin que eso suponga una desviación de ningún tipo; no cabe más que recordar que la Fiscalía pidió que a los reos se les aplicara el artículo 472 que regula el delito de rebelión dentro del Título XXI que recoge los Delitos contra la Constitución  mientras que la Abogacía del Estado solicitó que se les aplicara el artículo 544  recogido en el Título XXII  que enumera los delitos contra el Orden Público.

Establecida esa premisa y visto el desarrollo escrupuloso del proceso judicial, no puedo compartir la reacción de quienes, por mor de la sentencia han pasado de considerar un héroe al Juez Marchena a convertirlo en villano.  Pero si tengo  la sensación de que a los Magistrados les ha temblado el pulso, de que en ellos ha primado el deseo de la unanimidad, quizá por el contexto internacional y por los antecedentes, entre otros que las instancias judiciales europeas hubieran desestimado la entrega de Puigdemont  reclamado por el delito de rebelión. Del desarrollo del juicio se desprende que había sólidos argumentos para condenar a los reos por rebelión, reunidos por la Fiscalía en una magnífica disertación  que concluyó con la petición de las penas. Pero los Magistrados parecen haber encontrado más solidez jurídica y más garantías –no solo ni principalmente para los reos- en  el tipo penal de sedición y malversación y han decidido condenarles por ambos delitos.

A partir de ahí podemos dedicarnos a analizar, alabar  y/o despellejar a unos u otros. Pero me parece que en el momento procesal (en términos políticos) en el que estamos lo más útil sería que nos preparamos para evitar que esta historia se repita.  Propongo que hagamos inmediatamente los deberes para evitar que se repita la historia y nos volvamos a encontrar en un futuro no muy lejano con que la realidad política y social no tienen concomitancia con la realidad penal. Los sediciosos y sus cómplices aún en las instituciones  o fugados  ya han avisado que volverán a hacerlo. Hagamos urgentemente las reformas necesarias en defensa del bien jurídico que es la Constitución:

1. Reformemos el articulo correspondiente del Código Penal para que la violencia no sea condición a la hora de considerar el delito de rebelión cuando esta se organiza y lleva a cabo desde una institución del Estado.
2. Recuperemos para el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de Referéndum.
3. Modifiquemos la Ley del Indulto para que los delitos graves, como estos que nos ocupan, queden fuera de la discrecionalidad del Gobierno.
4. Recuperemos para el Estado la competencia en materia penitenciaria de forma que los reos sean tratados en condiciones de igualdad al margen de la parte de España en la que cumplan su pena. Recuperar esa competencia es, hoy por hoy, la única garantía de que los condenados cumplirán íntegramente las penas; porque si la competencia sigue ostentándola la Generalitat las palabras de Sánchez  “prometiendo” que cumplirán íntegramente las penas no son sino hueca propaganda electoral, un fraude más.

Esto que propongo no es una reacción en caliente. Todas estas reformas -salvo la del artículo 472, reconozco que no caímos en ello- las hemos defendido durante las dos legislaturas en las que fui Diputada Nacional. En la primera de ellas gobernaba Zapatero y no salieron adelante; en la segunda gobernaba Rajoy con mayoría absoluta y también fueron rechazadas. Ojalá que, aunque sea tarde, hagamos ahora lo correcto. Cuantas desgracias nos hubiéramos evitado solo con haber recuperado el delito de convocatoria ilegal de referéndum….! Pero como de nada sirve llorar por la leche derramada y ahora que el Juez Llarena ha activado la euroorden contra Puigdemont, solo cabe desear que esta sea la primera victoria de esta sentencia y que el prófugo sea puesto a disposición de la Justicia y juzgado como se merece.

Y, mientras tanto, lo más importante: apoyemos a los ciudadanos constitucionalistas que en Cataluña necesitan no solo el amparo del Estado sino la solidaridad activa del conjunto de los demócratas españoles. No olvidemos nunca que lo que ocurre en Cataluña es nuestro problema, el de todos los españoles, aunque sea la tragedia cotidiana de la gente decente que vive allí. Ellos resistirán si nosotros no desistimos. Así que menos quejarnos y más actuar. Aunque no sea más que en legítima defensa.