¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? Del Gobierno: pues eso

Tribunal Cuentas

Alguien tendrá que explicar cómo es posible que el Tribunal de Cuentas haya sucumbido a las presiones del Gobierno y haya demorado tanto la publicación de un último informe en el que se evidencian irregularidades en las contrataciones de urgencia de los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia de Covid. La presidencia de este organismo, que ostenta la socialista Enriqueta Chicano, llevaba durante ocho meses retrasando dicho informe, ahora hecho público en pleno estallido del caso Koldo. Parece evidente que la intención de la presidenta era que el informe se pospusiera a la celebración de las elecciones generales y las negociaciones para la formación de Gobierno. Es curioso que los consejeros del tribunal hayan evidenciado en su examen retrasos en los plazos de ejecución que afectaron a una de cada cinco adjudicaciones firmadas, algunas de ellas como la investigada en el caso Koldo incrementando sus ingresos y facturación de manera desproporcionada -de 0 a 53 millones de euros-. Y decimos curioso porque si el Tribunal de Cuentas detecta significativos retrasos en los plazos de ejecución el retraso en la ejecución del informe del organismo fiscalizador no se anda a la zaga.

El grueso del informe señala a los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad, que ascendieron a 513 millones de euros. Pues bien: el 22% de los mismos no quedó expresamente determinado o se fijó de manera flexible o poco precisa. Y en un 9% de los contratos fiscalizados se incumplió el plazo de un mes establecido legalmente para el inicio o no quedó acreditado el momento de dicho inicio. O sea, un puro descontrol que el Tribunal de Cuentas subraya ahora con meses de retraso. Tarde y mal, porque no se ha enterado o no ha querido enterarse del tinglado que el Gobierno tenía entre manos. Cualquiera diría que de lo que se trataba es de que el informe no dañara demasiado la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero llegó el caso Koldo y el Tribunal de Cuentas ha quedado como Cagancho en Almagro.

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