El Gobierno ordenó retrasar a después de la investidura un informe crítico con los contratos Covid

La publicación del último informe del Tribunal de Cuentas, que evidencia irregularidades en las contrataciones de urgencia de los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, se retrasó por motivo de la celebración de las elecciones generales. Según fuentes consultadas por este periódico, la presidencia del Tribunal de Cuentas -que fue designada por el PSOE- postergó la aprobación durante más de ocho meses hasta que, finalmente, ha visto la luz. 

OKDIARIO ha tenido acceso a este documento que revisa los contratos de abastecimiento de material sanitario durante la pandemia. En este último informe, los consejeros han revisado contratos de 11 ministerios de Sánchez, entre ellos el de Sanidad, que firmó la mayoría de esos contratos, y el de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro y en la que Koldo García ejercía como asesor.  

El documento revela cómo los departamentos que dirige el Ejecutivo de Sánchez adjudicaron contratos públicos millonarios plagados de irregularidades. Por ejemplo, retrasos en los plazos de ejecución, que afectaron al 22% de los contratos firmados. Además, hubo empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones incrementando sus ingresos de forma significativa. Ejemplo de este alto grado de concentración son cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones de euros que fueron adjudicados a una misma empresa. Casos similares al de la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que pasó de facturar cero a 53 millones gracias a la adjudicación de ocho contratos públicos. 

El grueso del informe también señala a los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad, que ascendieron a 513 millones de euros. Los consejeros aseguran que la tramitación de emergencia no fue ajustada a derecho en la totalidad de los contratos, ya que en ocho de ellos no quedó debidamente justificada la tramitación por esta vía. Además, el documento asegura que, salvo en cuatro expedientes de los contratos fiscalizados, en los restantes no se dejó constancia de la designación expresa de un responsable del contrato. 

«Picaresca entre comisionistas»

Los consejeros también evidencian cómo el Gobierno chino entregó a España material defectuoso que tuvo que ser devuelto a pesar de la inversión. «España debería pedir indemnizaciones, hubo mucha picaresca entre comisionistas que facilitaron contactos de suministradores en China que no eran fiables», señalan fuentes del Tribunal de Cuentas.

El procedimiento de los expedientes también ha sido analizado por los consejeros que han detectado que el 34% de los contratos fiscalizados «no ha quedado acreditado en los expedientes que se diera cumplimiento a la obligación de dar cuenta a la Intervención Delegada del acuerdo de contratación de emergencia, establecida en la ley». Éste es el caso de un expediente adjudicado por el ministerio que entonces presidía Ábalos cuya comunicación a la Intervención Delegada de la tramitación de emergencia no se efectuó por el órgano de contratación que establece la ley, sino por el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Transportes. Estos miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial -tal y como hacía Koldo García- sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado.

Investigación

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación en torno a varios contratos del Ministerio de Transportes e Interior -además de los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias- y las presuntas mordidas que personas vinculadas al Gobierno podrían haber cobrado. La principal empresa que está en la investigación es Soluciones de Gestión, que fue adjudicataria en el año 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia. 

La Fiscalía Anticorrupción ha vinculado con esta empresa al que fuera asesor del ministro Ábalos: «Hay indicios que apuntan a que la persona que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata fue Koldo García Izaguirre». Y prosigue: «El contacto de Soluciones de Gestión con Koldo García fue hecho por medio de Víctor Gonzalo de Aldama, quien le conocería personalmente y que habría recurrido a Koldo García para agilizar trámites en el Ministerio». Aldama fue también detenido durante la operación policial en la que la Guardia Civil descubrió que el asesor de Ábalos podría haber estado cobrando mordidas gracias a estos contratos millonarios. 

«Un dato sumamente relevante y revelador del papel que Koldo García pudo desempeñar en la adjudicación de los contratos es haber disfrutado de un incremento patrimonial notable durante los dos últimos años, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos», señala el fiscal en su querella en la que asegura que Koldo y su mujer habrían ingresado en sus cuentas bancarias un total de 1.421.744,72 euros entre los años 2017 y 2022 cuando se adjudicaron estos contratos a sus afines.

Informe en 2022

El Tribunal de Cuentas ya había advertido de irregularidades en algunos contratos de mascarillas por parte de la empresa pública Puertos del Estado. En concreto, una fiscalización de 2022 cuestionaba la adjudicación con la empresa ahora investigada, apuntando a las dudas sobre su solvencia, así como la «capacidad» de la que «no existe antecedente alguno». También reseñaba el Tribunal de Cuentas que se trataba de «una empresa cuyo objeto social no amparaba tales suministros [de mascarillas] pues contemplaba servicios generales de administración de empresas».

En 2020, en cambio, el Tribunal de Cuentas inadmitió la acción pública de un particular contra estos contratos, al estimar que no podía «desprenderse que los hechos denunciados» hubieran «supuesto una vulneración de la normativa reguladora de la gestión económico-financiera de los fondos públicos ni un menoscabo en bienes y derechos de titularidad pública».