¿De quién depende Batet?

Que el desde el jueves diputado más famoso de España tiene un problema con las nuevas tecnologías es algo que está probado más allá de toda duda razonable. Empírica, científica y estadísticamente. El tal Alberto Casero debería pedir urgentemente cita en el psicólogo o en el psiquiatra porque que la pifies en una votación no diría yo que es normal pero resulta humanamente comprensible, pero que lo hagas en tres -lo cual quiere decir que falló seis veces a la hora de apretar el dedo índice- es para hacértelo mirar. Para irte directito al diván a que te revisen el coco de arriba abajo.

El pensamiento único, que naturalmente incluye a periódicos antaño de derechas, ha conseguido centrar el debate en un Alberto Casero que hasta ahora era un tipo que mandaba un huevo entre bastidores pero al que no conocían ni en su casa, un chollo para un político. Hace seis días, el 98% de los cuadros orgánicos populares habría respondido “no tengo ni idea” si le hubiéramos puesto ante los morros la foto del individuo. Y, por supuesto, el 99,99999% de los españoles se habría expresado en idénticos términos. Los medios de izquierdas, que son legión, están ahora dándole a la manivela del fango como si no hubiera un mañana fabricando memes sobre un personaje al que quieren presentar como el tonto del bote superlativo que no es.

Es más, Alberto Casero es bastante listo. Muy listo, diría yo. El problema es que debe padecer un déficit de atención nivel dios. O vaya usted a saber qué. A los conspiranoicos que sostienen que se trató de una confabulación entre Sánchez y Casado hay que replicarles que este tipo de maniobras orquestales en la oscuridad dejan siempre bien a las partes en cuestión, cual émulos sobresalientes de Maquiavelo. Y aquí el presidente del PP y no digamos ya nuestro protagonista han quedado como Cagancho en Almagro.

La presidenta del Congreso perpetró una cacicada que en un país serio, en una democracia de calidad, le costaría como mínimo el puesto

He hablado unas cuantas veces con Pablo Casado sobre la disyuntiva que planteaba a Génova 13 ese timo a la izquierda que Yolanda Díaz les intenta vender con esta reforma laboral de pitiminí. Una legislación que respeta el 95% del contenido de la alumbrada hace 10 años por Mariano Rajoy. Al presidente del PP se le puede tachar de cualquier cosa pero no de cínico. Y a mí me ha soltado la perogrullada de rigor en no menos de cinco ocasiones: “¿Pero cómo voy a apoyar que se carguen una reforma laboral que aprobamos nosotros y que se ha demostrado un éxito total?”. Obvio. No sólo era autoenmendarse la plana sino pegarse un tiro en los redaños teniendo en cuenta que la norma que sacó adelante la mejor ministra de Trabajo de la historia, Fátima Báñez, ha creado 3 millones de puestos de trabajo, que se dice pronto.

Ni Albertos ni Caseros, ni leches en vinagre. Aquí el culpable, la diana a la que hay que disparar como si no hubiera un mañana, no es el diputado cacereño sino una Meritxell Batet que tras esa apariencia de tímida cordialidad esconde una maldad que para sí quisiera el mismísimo Conde Drácula. La presidenta del Congreso de los Diputados perpetró una cacicada que en un país serio, en una democracia de calidad, le costaría no sólo el puesto sino muy probablemente la libertad en forma de temporadita en chirona.

La presidenta de la Cámara Baja no puede alegar desconocimiento porque esta circunstancia no exime ni atenúa la comisión de un hecho delictivo a nadie, menos aún a alguien que es profesora de Derecho Constitucional. A más, a más, hay que enfatizar que perpetró el pucherazo a sabiendas en una prevaricación por omisión de libro. Que Casero estaba en Babia no se lo voy a discutir ni a ella ni al sursuncorda pero el reglamento del Congreso es taxativo al respecto y establece que el voto telemático debe ratificarse vía telefónica, obligación que ella omitió deliberadamente. No lo digo yo, lo prescribe sin dejar el más mínimo espacio a la duda el artículo 4 de una resolución de la Mesa dictada en mayo de 2012. Ahora salen con el cuento de que la cosa cambió cuando, tras la irrupción de la pandemia, se transformó en regla la excepción del voto a distancia.

Estas cosas pasan en Venezuela, pero nunca pensé que esto pudiera suceder en un sistema parlamentario como el español

Los socialcomunistas deben pensar que los demás somos lerdos perdidos. Pero el texto de marzo de 2020 afirma textualmente: “En este sentido, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento, Y SIN PERJUICIO de lo previsto en la Resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del voto telemático de mayo de 2012, la emisión del voto se hará a través de la intranet de la Cámara, con la introducción de usuario y contraseña, como método de verificación de la emisión personal del voto”. Ese “SIN PERJUICIO” finiquita el debate y las dudas suscitadas. Ha sido una cacicada. Punto.

Esta antidemócrata olvida, además, que esa resolución de mayo de 2012 con valor de reglamento no ha sido derogada jamás ni ha terminado superpuesta por una nueva reglamentación. Vamos, que si esto llega al Constitucional y continúa habiendo una miaja de Estado de Derecho en este país, la reforma laboral fake de Yolanda Díaz se va al carajo y la tercera autoridad del Estado caminito de Jerez.

Uno pensaba que estas golfadas sólo sobrevenían en parlamentos como el venezolano, donde los jerarcas chavistas se ríen en la cara de los diputados de la oposición subvirtiendo la legalidad a su antojo, cuando no les propinan palizas en vivo y en directo. Lo que nunca atisbé es que pudiera suceder en un sistema parlamentario como el español que está, o más bien, estaba, entre los más avanzados del mundo.

Nada nuevo bajo el sol. La venezolanización de España no es algo que haya surgido de la noche a la mañana por el capricho de una política más independentista que socialdemócrata. Ni mucho menos. El intento de sustituir por bemoles el sistema de elección de los vocales del CGPJ por uno calcado al que implementó Chávez en 2005 para asesinar la separación de poderes en Venezuela es tal vez el antecedente más bestia de la que está liando esta chusma. Pero hay más. Mucho más. La Ley de Vivienda, la primacía de los okupas sobre los legítimos propietarios, el pacto con los etarras, el ataque diario al género masculino desde el Ministerio de Igualdad, la espiral de subidones de impuestos, la sistemática falsificación de las encuestas del CIS con dinero público, la obscena compra de medios vía publicidad institucional y un largo etcétera permiten colegir que estamos más cerca de Caracas que de París, Bruselas, Berlín o Copenhague.

España corre el riesgo de acabar como Argentina y Venezuela, países en los que el Estado de Derecho brilla por su ausencia 

Lo de Batet es un robo. Pero no un robo cualquiera. Permitir que salga adelante una ley que no quiere la soberanía nacional representada en el Parlamento, es algo que no puede ni debe salirle gratis. Alterar la libérrima decisión que salió de las urnas constituye un golpe de Estado encubierto. Minigolpe pero golpe al fin y al cabo. Nada que ver, evidentemente, con el tejerazo a tiros del 23-F, pero sí una subversión de la voluntad popular. ¿Para qué votamos si luego Batet va a hacer lo que se le pase por el lugar donde el bajo vientre pierde su casto nombre?

España corre el riesgo de acabar como dos naciones hermanas, Argentina y Venezuela, en las que el Estado de Derecho brilla por su ausencia o es directamente una filfa. Patrias con instituciones resquebrajadas por culpa de unas modalidades de aluminosis política llamadas corrupción y autoritarismo. Países con tan grandes individualidades que triunfan allá donde van como pésimos gobernantes.

No me cansaré de repetir que una democracia digna de tal nombre ha de cumplir estrictamente el principio de separación de poderes, lo que los anglosajones, los titulares de los más puros sistemas de libertades del planeta, bautizaron hace ciento y pico años como check and balances (controles y equilibrios). Si legislativo, ejecutivo y judicial se controlan y se fiscalizan entre sí, sin predominio de uno sobre los otros, se puede concluir que estamos ante una democracia como Dios manda. Si no, y ése es el caso palmario de España en estos momentos, hay que hablar de pseudodemocracia, de democracia de baja calidad e, incluso, en los casos más extremos, de democracia vigilada. Este último es el caso de Rusia o Turquía, que han degenerado en autocracias. Se vota pero los jueces y los legisladores dependen de Putin y Erdogan.

Preguntémonos a quién beneficiaba el pucherazo y determinaremos en milésimas de segundo por qué Batet prevaricó por omisión

Que vamos directitos a una autocracia lo demuestra no sólo este atraco a mano armada a la soberanía popular del jueves sino el intento frustrado de dejar en manos del Gobierno socialcomunista la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o la bananera utilización de la Fiscalía. A este respecto cabe recordar el chulesco a par que chusco episodio de Pedro Sánchez con un periodista de Radio Nacional.

—»¿De quién depende la Fiscalía, de quién depende?», inquirió Sánchez al periodista de Radio Nacional que le entrevistaba.

El informador se debió hacer popó líquido con la insistencia de un presidente que tiene desgraciadamente la posibilidad de mandarlo a galeras si toca las narices más de la cuenta y no es obediente:

—Del Gobierno—, respondió acongojado el representante de la radio pública.

El gran interrogante que hay que poner encima de la mesa tras el episodio del jueves es de quién depende la presidenta del Congreso. De un presidente que, si no respeta escrupulosamente la obediencia debida, la botará de la política privándole de los 230.926,48 eurazos de soldada anual, cantidad que no había visto junta en toda su vida anterior. Pues ya está. Preguntémonos a quién beneficiaba el pucherazo del jueves y determinaremos en milésimas de segundo por qué Batet prevaricó por omisión. Pues eso. Mientras a los número 1 del Congreso y el Senado los digite el jefe del Ejecutivo y mientras al Gobierno de los jueces lo escojan unos diputados que están a lo que ordene Moncloa, no hay nada que hacer en términos democráticos. O muy poco. O aseguramos la efectiva división de poderes, el fin del mandato imperativo que obliga a votar por bemoles el diktat del partido, así sea la justificación de un crimen de lesa humanidad, establecemos por ley la obligación de que las listas electorales sean abiertas y jubilamos los medievales aforamientos o continuaremos siendo una democracia de segunda o tercera división. Y la soberanía popular será la soberanía de este aprendiz de tirano que es Pedro Sánchez.