¿Quién debería presidir la Generalitat?

Es la gran pregunta y, de estar en una democracia efectiva y consolidada, no debería plantearse. Porque la respuesta debería ser sencilla: el diputado o diputada que, sin tener limitados por sentencia firme sus derechos políticos, tenga la mayoría de apoyos del parlamento catalán. Es lo que dice expresamente la ley al respecto. Y en este sentido hay una persona que cumple con todo lo señalado: es diputado electo, que no tiene sus derechos limitados por ninguna sentencia firme y, además, cuenta con la mayoría de votos de los parlamentarios de la Cámara. Se trata de Carles Puigdemont. Que es diputado es un hecho innegable: se presentó a las elecciones estando ya en Bélgica. Ni la junta electoral, ni el Tribunal Constitucional dijeron nada en contra de su candidatura al frente de JuntsXCat. Y cuando uno se presenta como cabeza de lista, a nadie se le escapa la posibilidad de que sea propuesto para ser investido presidente. Para más señas, resulta que Puigdemont ya lo era y durante la campaña electoral para concurrir a los comicios del 21 de diciembre su mensaje era precisamente el de restituir al Gobierno que fue cesado de manera totalmente arbitraria.

Sí, ha leído bien: totalmente arbitraria, puesto que el artículo 155 de la Constitución no prevé en ningún caso el cese de un gobierno legítimo ni la convocatoria de unas elecciones. De hecho solamente puede convocarlas el presidente, o sea, Puigdemont, y no fue el caso. No tiene sus derechos políticos anulados por ninguna sentencia firme. Ni por ninguna otra. No hay sentencia condenatoria de ningún tipo, solamente unas acusaciones que en opinión de no pocos juristas, carecen de entidad y unas medidas cautelares —prisión preventiva— que, en el mismo sentido, también por numerosos juristas, son excesivas y abusivas. O sea: que con la ley en la mano, Puigdemont tendría todas las razones para ser investido oresidente. Claro, esto podría ser si no hubiera dictada contra él una orden de detención que lo más seguro lo depositaría en la cárcel hasta vaya usted a saber cuándo.

Lo mismo que han hecho con todos los demás presos políticos: con Jordi Sánchez, que también fue propuesto para ser investido y que, por decisión del juez Llarena no pudo acudir al Parlamento para poder presentarse a la votación —cuestión esta que según Naciones Unidas debe solventarse puesto que viola los derechos políticos del que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana— con Jordi Turull, otro candidato que fue llamado a declarar e ingresar en prisión provisional justo después de su discurso de investidura, en medio de la sesión que no pudo terminar porque antes de tener lugar la segunda vuelta, se quedó físicamente sin candidato. Moncloa apuesta por Elsa Artadi. Todos lo sabemos ya. Alguien que, por el momento, no está imputada y es probable que no termine en prisión. Sin embargo, pese a ser diputada, no tener sentencia de ningún tipo, no quedaría claro que pudiera tener todos los votos. En realidad, lo mismo que le ha sucedido a Sánchez y a Turull, puesto que la CUP no plantea otra opción que no sea la de Puigdemont. Y sin la CUP hacen falta sus votos.

De momento, ya se ha aprobado que el president pueda delegar su voto desde el exterior, cosa que hasta ahora no sucedía. ¿Por qué no investir a Puigdemont, entonces? Pues por varias razones: primero porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho a través de unas medidas cautelares —que serán dignas de analizar en la Historia del Derecho— que si no se produce la votación en persona, no puede investirse a Puigdemont —entre otras cuestiones— y, por lo tanto, de aprobarse una investidura telemática, esto pondría a Torrent ante una difícil tesitura. Y empujar a la cárcel al presidente del Parlamento son palabras mayores. Además, hay un detalle que no leo, que no oigo y que no veo: el hecho de que sea el propio Puigdemont el que se proponga de nuevo como candidatable, cosa que aún no ha sucedido. Como ve no es sencillo porque cada opción que se plantea supone un sinfín de complicaciones y, como por lo visto las normas no están para cumplirlas, ya no sabemos a qué podemos atenernos. Por eso, repito: Puigdemont debería ser el presidente porque legítimamente lo es y se cumplen todos los requisitos. Ahora bien: ¿quien estará al frente de la Generalitat? Muy probablemente quien a Moncloa le parezca.