Que nadie calle tu voz

Versión del poema de Martin Niemöller grabada en el Memorial del Holocausto de Nueva Inglaterra:

«Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada»

Es posible que nuestra predisposición a preferir una mentira amable frente a  una verdad cruda tenga que ver con el instinto de protección frente al sufrimiento. Pero la historia ha demostrado que la negativa a ver y enfrentarse con la realidad ha conducido a la humanidad a tragedias que podrían haberse evitado.

Releo estos días un libro de Timothy Snyder que viene a ser un tratado sobre las desgracias del Siglo XX que podían haberse evitado con solo prestar atención a los antecedentes más inmediatos: “Sobre la tiranía. Veinte Lecciones que aprender del Siglo XX”.

Basta repasar la historia del totalitarismo en Europa para comprobar que el advenimiento al poder – y sobre todo su consolidación-  del nazismo en Alemania y del comunismo en la Unión Soviética se produjeron gracias al sometimiento (obediencia por anticipado, lo llama Snyder) de millones de alemanes y de soviéticos que no eran nazis ni comunistas pero se dejaron llevar por la ola del momento. Snyder señala la ética profesional en su lección número cinco como instrumento para frenar tal deriva:

“Cuando los  políticos dan mal ejemplo, el compromiso profesional con las buenas prácticas adquiere mayor importancia. Resulta difícil subvertir un Estado regido por el imperio de la ley sin abogados, o celebrar juicios farsa sin jueces. Los autoritarios necesitan funcionarios obedientes…” 

La ética profesional debe guiarnos, más que nunca, cuando nos dicen que la situación es excepcional; en ese momento si que no puede nadie (ya sea juez, abogado, profesor, científico… o periodista) limitarse a cumplir órdenes. 

Quien haya llegado hasta aquí habrá comprendido que hoy quiero escribir sobre la falta de ética, de moral y de vergüenza del Gobierno de la Nación que ha declarado la guerra (ellos si) a los derechos de ciudadanía, a las libertades, a la verdad, a la oposición democrática, a la separación de poderes… Para acompañar la campaña del Gobierno de España que califica de bulo o engaño toda manifestación crítica o toda exigencia de responsabilidad por su gestión de la COVID19, la Fiscalía ha abierto un procedimiento para investigar si existe “un grupo criminal detrás de la campaña de bulos contra el Gobierno sobre el coronavirus”, dando por probado que tal campaña existe, tal y como han denunciado Enrique Santiago (Diputado de IU, Secretario General del PCE  y Martina Velarde Gómez, Diputada de Podemos). El hecho de que la denuncia de estos dos diputados de uno de los grupos que forman el Gobierno no identifique a ninguna persona física o jurídica no ha impedido que la Fiscalía inicie un procedimiento que solo tiene antecedentes en la dictadura, pues se asemeja mucho al regulado por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 con la que el franquismo impulsó una causa general para juzgar a quienes se enfrentaron al régimen.

La actuación de la fiscalía es un escándalo en términos democráticos; instrumentar un proceso penal para una inquisición general es incompatible con nuestra Constitución, pues tal y como establece el Tribunal Constitucional (por ejemplo, SSTC 32/1994, 63/1996, 41/1998 y 87/2001), tal procedimiento vulneraría un proceso con todas las garantías.

En cuanto a qué implica y qué no implica la prohibición de  una pesquisa general, la STS 228/2013, de 22 de marzo señala que: “…al regular el inicio del procedimiento penal, la LECRIM describe como únicas vías la interposición de la querella, la interposición de denuncia o la remisión de un atestado policial, pero la preceptiva delimitación concreta de los hechos sometidos a investigación judicial constituye un elemento comúnmente exigido en todas y cada una de estas tres formas de iniciarse el proceso penal”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional (STC 41/1998), ha indicado que: «La amplitud de los hechos narrados, y la total indefinición de las conductas o los delitos objeto de la investigación, son lícitos en un reportaje periodístico pero no en una instrucción criminal» Para concluir, la citada STS de 13 de octubre de 2015 afirma que «hablar de causa general es referirse a un proceso penal incoado como tal para dar cobertura a una investigación ilimitada, para investigar cualquier hecho delictivo no particularizado; o a una persona sin tener noticia de ningún hecho concreto».

Este ejemplo de causa general franquista promovida por Sánchez -ese hombre que desenterró a Franco para resucitar las practicas franquistas-  no es el único hecho concreto contrario a la Constitución que está llevando a cabo este Gobierno. Resulta escandaloso que Sánchez esté aprovechando el estado de alarma -nuestro confinamiento, nuestro dolor por los muertos, la inseguridad con la que salen a trabajar millones de españoles y la incertidumbre sobre el futuro- para recortar las libertades.  Otro ejemplo de la voluntad totalitaria del Gobierno de España es la pregunta que ha introducido en el último sondeo del CIS:

“¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?” 

Esta es una pregunta que no podemos aceptar como normal, pues lo que plantea es una opción inconstitucional. No cabe preguntarnos si estamos o no a favor de la libertad de prensa, como no cabría que el CIS nos preguntara si estamos a favor o no de la pena de muerte: no cabe en nuestra constitución ni lo uno ni lo otro. El derecho a la información y la garantía de unos medios de comunicación libres son principios democráticos fundamentales que deben seguir siendo protegidos por la Constitución, por mucho que les moleste a la pareja tóxica que hoy nos gobierna. 

La ofensiva del Gobierno contra las libertades es una ofensiva antidemocrática que requiere una reacción de la sociedad en defensa de la ciudadanía, de la Constitución y de las libertades que en ella se recogen. Los ataques a la libertad de prensa y de opinión nos afectan a todos, no solo a los opinadores y/o a los periodistas. Todos tenemos la obligación de rebelarnos. Puede que a los periodistas y quienes viven de escribir o hablar en los medios de comunicación les resulte incomodo  y hasta inseguro para su futuro profesional desmarcarse del resto. Puede que en una situación como esta, con una creciente incertidumbre profesional y con riadas de dinero público destinadas a comprar voluntades de esos “profesionales” que obedecen por adelantado, resulte incómodo (y hasta raro) decir o hacer algo diferente a lo que manda el establisment político. Pero sin  incomodidad, no hay libertad; y la libertad es un derecho que no es negociable. Seamos patriotas, unamos y alcemos nuestras voces en defensa de las libertades.  En palabras de Hannah Arend, dejemos de ser simplemente observadores y convirtámonos en activistas por la libertad.