PSOE: unas siglas ya marcadas por el sanchismo

Lo que está haciendo Sánchez, ahormando secretamente su nueva versión del Gobierno Frankenstein, merece pasar a la Historia de España como un tiempo para no olvidar por las futuras generaciones. Es ejemplo paradigmático de la antítesis de lo que debe ser un gobernante de un país al que debe servir, ante todo y sobre todo, pensando en su interés general y el bien común de sus compatriotas.

Superada la Transición a la democracia en 1979, el PSOE se presentó ante los españoles anunciándose como el partido de los «100 años de honradez», olvidando, entre otros episodios poco ejemplares, su protagonismo y responsabilidad durante la huelga general revolucionaria de 1934, convertida por Largo Caballero en un golpe de Estado contra el Gobierno republicano del momento, por ser «de derechas».

Aquel ejercicio de autoamnesia colectiva fue tácitamente aceptado sin particular debate y controversia política y social, en sintonía con el espíritu de reconciliación y consenso que se había plasmado en la Constitución de 1978. Sucedió con ocasión de la celebración de las elecciones generales de la I Legislatura Constitucional el 1 de marzo de 1979, apenas dos meses después de aprobada nuestra Carta Magna. La memoria histórica de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 hizo que el presidente del Gobierno del momento, Adolfo Suárez, convocara los comicios autonómicos para el 3 de abril, un mes después de celebradas las elecciones generales. Prácticamente coincidiendo con el centenario de la fundación del PSOE en una tasca madrileña, el 2 de mayo de 1879.

Este somero recordatorio de nuestra reciente Historia viene a cuento para contrastar aquella situación con la actual, en la que las siglas PSOE no van a poder ser presentadas nunca más como referencia con aquella tácita impunidad, no ya sólo de honradez, sino de un mínimo patriotismo constitucional. No le faltó tiempo a Sánchez para modificar los estatutos de su partido y anular todo tipo de equilibrio de poder interno para convertir estas siglas en lo que son actualmente: «PS», el «partido sanchista» -también conocido como «la PSOE»-, cualificada agencia de colocación y empleo público, eso sí, para sus incondicionales palmeros. Por supuesto, de «obrero» poco, y menos de «español».

La degradación institucional ha llegado a tal nivel, que la división de poderes, característica esencial de una democracia parlamentaria, es casi inexistente al quedar anulada la capacidad de control del Gobierno por un Congreso neutralizado por la presidencia de Francina Armengol, mero instrumento a la orden de Moncloa. En cuanto al Poder Judicial, va a ser sometido a una virtual degradación al dar por inexistentes y políticamente censuradas de facto sus instrucciones, juicios y sentencias con la Ley de Amnistía exigida por su prófugo Puigdemont. Una amnistía que es la culminación de la «desjudializacion» exigida por los separatistas para poder conspirar y perpetrar otro golpe de Estado con absoluta impunidad.

En el colmo del cinismo y la falta de respeto a los españoles, se pretende presentar esa infame iniciativa como una «Ley para la convivencia institucional», cuando no es más que un inconcebible pago a la permanencia de Sánchez como inquilino en La Moncloa (y en el Falcon), consagrando dos categorías de españoles: los socios de Sánchez, no sometidos a la ley y la Justicia, y los demás. El principio de la «igualdad ante la ley» de todos los ciudadanos es reducido por las pisadas de comunistas, prófugos, golpistas, y amigos de terroristas, integrantes de la coalición «progresista y convivencial» nucleada en torno al partido sanchista.

Realmente es dramático constatar que hay demasiados españoles dispuestos a apoyar un Gobierno de estas características, que es una genuina expresión de lo que es una autocracia. Según el diccionario de la RAE, la autocracia es un «régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación, y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad». Juzguen ustedes si no tenemos al frente del Gobierno a una persona que reúne esas características. Y a una parte no menor de la sociedad sometida al «síndrome de la rana».