La prohibición del despido no es la solución

El Gobierno ha aprobado un RDL que, entre otras cuestiones, agiliza la tramitación de los ERTE’s -lo cual es necesario- y prohíbe el despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y de causa mayor mientras dure la crisis del coronavirus, porque, según el Gobierno, todas las empresas deben acogerse a la posibilidad de aplicar los ERTE’s. Asimismo, prohíbe también los despidos de los contratos a tiempo parcial, que se reanudarán tras el período de crisis.

El Gobierno adopta así unas medidas propuestas por los sindicatos, que reclamaban un endurecimiento del despido en España mientras dure la presente crisis. Esto es un error, un inmenso error, además de una intromisión en la gestión empresarial. Por un lado, el Gobierno, vía RDL, obligó al cierre productivo de una gran parte del tejido productivo español, con gran impacto, sobre todo, en pymes y autónomos. De la noche a la mañana, negocios prósperos pasaban a tener sobre su cabeza una espada afilada en forma de asfixia financiera, pues les obligaban a parar su actividad, mientras tenían que mantener costes laborales de sus trabajadores, alquiler de locales, pago de suministros y atención de gastos financieros. Es lógico que, para tratar de sobrevivir y poder volver a abrir en cuanto se recupere la normalidad, los empresarios busquen la manera de poder disminuir sus costes, pues la vertiente de los ingresos ha quedado vaciada por imposición del Gobierno.

Un empresario, en estas circunstancias, debe valorar qué le conviene más a su empresa. A buen seguro que la mayoría va a tratar de aplicar ERTE’s para no prescindir de sus trabajadores. Los profesionales que trabajan en las empresas son algo muy preciado para los empresarios, pues también son parte de la empresa y uno de los factores productivos imprescindibles para poder realizar la actividad empresarial y que las organizaciones puedan obtener beneficios. Sin embargo, el Gobierno sigue creyendo que los empresarios son unas personas que se levantan cada mañana pensando en cuánta gente pueden despedir, cuando lo que realmente sucede en muchos casos es que se levantan sin haber podido pegar ojo, porque han pasado la noche en vela pensando en cómo podían salvar su plantilla y su negocio.
Ahora bien, si sus cuentas no se lo permiten, no se le puede condenar a la empresa a tener que mantener la vigencia de los contratos y no poder rescindirlos legalmente. Bastante perjuicio están sufriendo todas las empresas, pymes y autónomos especialmente, como para sobrecargarlos con más costes derivados de prohibiciones. El Gobierno no se da cuenta de que el camino no es perseguir el despido, sino favorecer el empleo con medidas apropiadas, que a día de hoy no ha puesto sobre la mesa o que son claramente insuficientes.

El Gobierno, por causas de fuerza mayor -derivado de su pasividad anterior a la manifestación del ocho de marzo, que hizo después necesaria la aplicación de tan duras medidas- ha provocado el cierre de la capacidad productiva en un alto porcentaje, con el consiguiente shock de oferta. Por tanto, debe compensar a las empresas y corregir su intervencionismo que provoca el cierre productivo con otro que les garantice liquidez, con medidas de financiación robustas -no lo propuesto, que es insuficiente- y con la condonación, mientras duren las restricciones, de impuestos -no con el aplazamiento que aprueban- y de cuotas a la Seguridad Social -aunque la voracidad recaudatoria del Gobierno no les exime de todo marzo y no es aplicable a todos los autónomos-.

Sin embargo, en lugar de ayudarlas, con medidas como ésta parece ir contra ellas. Es un grave error, porque si las empresas no vuelven a abrir, entonces sí que habrá despidos por cientos de miles y no habrá recuperación rápida. La ministra dice que el Gobierno gobierna para los más débiles, cuando debe hacerlo para todos, pero es que, además, con medidas adversas para las empresas perjudicará a los empresarios, pero, a la larga, perjudicará más a quienes dice defender en exclusiva, porque será la vía más rápida para que pierdan, de manera estructural, su puesto de trabajo.