El peligroso intervencionismo empresarial en Cataluña

El intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017 supuso, además del ataque a la Constitución, a la convivencia y a la democracia, una inseguridad jurídica que dejaba a las empresas radicadas en Cataluña, especialmente a los bancos, en una situación de elevadísimo riesgo, pues el efecto empobrecedor sobre la economía catalana en caso de materializarse la independencia sería letal para su continuidad. En el caso de las entidades financieras, quedar fuera del paraguas del Banco Central Europeo podía llevarlas a su desaparición.

Debido a ello, el llamado Decreto Guindos permitió que los consejos de administración de las compañías pudiesen cambiar sin demora su domicilio social a otros lugares para salvaguardar su continuidad empresarial ante los delirios secesionistas. Así, nada más proclamarse la DUI, muchas empresas comenzaron a irse de Cataluña para huir del escenario de miseria que el independentismo originaría.

Eso provocó que muchas empresas (más de 4.000, con una facturación de más de 100.000 millones de euros) cambiasen su domicilio social y operativo. También las principales entidades financieras de origen catalán: Caixabank y Banco Sabadell.

Ese proceso de la aprobación de la DUI hizo perder a la economía catalana 433 millones de euros de actividad económica, principalmente en el sector turístico, donde se perdieron 180.000 turistas, según Exceltur y 319 millones menos de actividad económica. El siguiente sector más perjudicado fue el textil y el pequeño comercio. Con el terrorismo callejero tras la sentencia del TS, también se generaron importantes mermas en la actividad económica, de manera que tuvo un descenso de actividad económica de 600 millones de euros. Sólo el corte de carreteras tuvo un impacto negativo económico diario de 25 millones de euros. Por su parte, Seat, al temer por sufrir vandalismo en su planta, dejó de producir 3.500 vehículos. En resumen, esto sumó un deterioro de la actividad económica en Cataluña de 1.033 millones de euros, que ha empobrecido a la región catalana, al hacer descender el PIB en 457 millones de euros, que fueron adicionales a lo que descendieron por la desaceleración económica, que provocó una pérdida de 8.000 empleos adicionales a la pérdida de empleo que supuso la ralentización económica.

Pues bien, ahora los independentistas catalanes exigen a Sánchez, según lo recogido en el acuerdo de investidura, que se incentive a las empresas que se fueron. Es más, quieren dar una nueva vuelta de tuerca y multar a quienes se nieguen a regresar.

De momento, ninguna de las empresas que se fueron han manifestado su intención de volver. Tampoco van a volver, según parece, ni Caixabank ni Sabadell, cosa lógica, pues han de velar por sus compañías y entidades, por sus accionistas, y volver a Cataluña tiene muchos riesgos.

De hecho, el aparente deseo de los independentistas catalanes de controlar la fundación bancaria de La Caixa, para hacerse, a su vez, con el control de Caixabank, supondría un grave quebranto para la entidad. Si Caixabank y Sabadell volviesen presionadas podrían sufrir una importante fuga de depósitos: su origen está en Cataluña, pero la inmensa mayoría de su negocio está fuera, tanto por el negocio internacional como por el que mantienen en el resto de España. Sus clientes podrían percibir un mayor riesgo que podría hacerles abandonar la entidad.

No se puede poner en riesgo la viabilidad de dichas compañías, con lo que hay que evitar esa tentación intervencionista que desean los intervencionistas y que Sánchez puede llegar a conceder como compromiso del pacto de investidura, elemento que sería letal para la marcha de las empresas en Cataluña, de la economía y que tendría graves repercusiones en el conjunto de España.