El patriotismo constitucional de Francina Armengol

Entre la insufrible ensalada de filfa, tópicos y lugares comunes con la que nos suelen obsequiar nuestras autoridades durante la celebración de las principales efemérides civiles como el Día de la Constitución, este año ha destacado la invocación de Francina Armengol al llamado «patriotismo constitucional» de efluvios habermasianos.

La socialista ha subrayado que deberíamos primar el «patriotismo de los derechos y las libertades» que impulsa la Constitución Española sobre «el patriotismo de los símbolos» que también refleja la Carta Magna. No cabe mayor hipocresía en la primera de nuestras autoridades baleares. Y no cabe mayor hipocresía porque el sanchismo, coaligado con todos los enemigos y deseosos sepultureros tanto de la nación española como del régimen del 78, se erige a día de hoy en la principal amenaza para nuestra Constitución por la vía de los hechos consumados y por la puerta de atrás, en su firme propósito de colonizar todas las instituciones del Estado y socavar así la separación de poderes y la neutralidad política que se le supone a todo el sistema de pesos y contrapesos de los que se vale toda democracia liberal para impedir los abusos de poder en un gobierno limitado.

Armengol miente cuando da a entender que rechaza el «patriotismo de los símbolos». Tal vez no le gusten algunos símbolos constitucionales como la selección nacional o la bandera española, símbolos que aquí en Baleares concitan el mayor consenso con diferencia, pero su trayectoria política y su hemiplejía moral no dejan lugar a dudas: la socialista está encantada de apoyar cualquier símbolo de toda laya y condición, siempre que no sea constitucional o, si lo prefieren, siempre que sea abiertamente anticonstitucional.

Nada más subir al Consolat de Mar como presidenta en 2015, el primer acto de Armengol fue derogar, tal vez como símbolo de la nueva era que se avecinaba, la Ley de símbolos de José Ramón Bauzá, cuyo objetivo era precisamente terminar con toda la simbología no oficial que campaba por doquier en los centros educativos públicos, un signo inequívoco de la politización en la enseñanza balear.

La derogación de la llamada ley mordaza fue saludada como un «acontecimiento histórico» que suponía recuperar «la libertad de expresión» acogotada por el Govern del tirano José Ramón Bauzá. Y lo celebró por todo lo alto la socialista bailando una conga abrazada de sus socios ante la perplejidad de los transeúntes (https://okdiario.com/baleares/armengol-rechaza-bandera-espanola-colegios-pero-2015-bailo-conga-defensa-catalana-10089000).

Este «patriotismo de símbolos» que ahora rechaza la socialista parece afectar únicamente a los símbolos precisamente constitucionales, concretamente la bandera española y la bandera autonómica que por ley deberían -y no lo hacen- colgar en un sitio preeminente en todas las administraciones públicas, colegios, institutos y universidad incluidos. Pero ya se sabe, en la enseñanza pública no impera la ley ni siquiera el criterio de un entregado Martí March, sino el criterio de los sindicatos.

Armengol, en realidad, no hace ascos a los símbolos, siempre que éstos correspondan a las identidades colectivas de las que el socialismo matrio se ha apropiado como botín electoral, abrevadero de enchufados y coartada para demonizar a sus contrincantes por su «falta de moralidad». Para no importarles los símbolos, el PSOE secundó la propuesta de Més para cambiar el calendario de la Diada de Mallorca del 12 de septiembre al 30 de diciembre, plegándose a las demandas históricas de los nacionalistas que siempre han considerado el 30 de diciembre como una fecha histórica trascendental al simbolizar en su opinión el ingreso de Baleares en la catalanidad.

Para no importarles los símbolos, ahí tienen a una comunista fusilada como Aurora Picornell convertida en un símbolo de la libertad y la democracia cuando todos sabemos que los comunistas ni antes ni durante ni después de la Guerra Civil lucharon por la democracia y la libertad, más bien por todo lo contrario. Para no importarles los símbolos, ahí tienen al alcalde socialista cambiando el nombre de las calles de Palma sin miedo a hacer el ridículo ante toda España.

Para no gustarles los símbolos, ahí tienen a Martí March haciendo la vista gorda al no enviar a los inspectores a aquellos centros públicos en los que proliferan los símbolos separatistas, arcoíris, ecologistas o feministas, permitiendo la vulneración de la ley orgánica 8/1985 que obliga a la neutralidad ideológica de los centros públicos. Tal vez porque Armengol -que gracias a su sobresaliente fanatismo podría liderar perfectamente un movimiento como Més o la facción podemita balear- no las vea como meras ideologías sino como «ciencias universales» -como el marxismo en los regímenes soviéticos- que deben imponerse como «verdades oficiales» a riesgo de ser lapidado como «fascista» o «facha» en la plaza pública, tal como la misma Armengol vomita todos los martes en sede parlamentaria.

Si de verdad le importara la neutralidad ideológica de la universidad, Armengol debería tirar de las orejas al rector Jaume Carot (UIB), entre cuyas prioridades no está por lo visto la limpieza de las numerosas pintadas separatistas y alguna otra a favor de los terroristas del FRAP que llevan más de un año decorando el paisaje del campus universitario. Si Carot no ha atisbado todavía dónde se encuentran las pintadas estaré encantado de indicárselo si se pasa por mi despacho. Incluso podríamos estudiar dónde colocar los mástiles para izar las banderas oficiales. A mayor abundamiento, últimamente han aparecido en el campus algunos merenderos pintados con la bandera republicana con una estrella roja, símbolo del PCE de la II República, estos demócratas de manual a los que los españoles les debemos miles de crímenes.

En cuanto al «patriotismo de derechos y libertades» que Armengol preconiza con la sibilina intención de adueñárselos, habría que recordarle varias obviedades. Por mucho que la clase política, siempre tan pagada de sí misma al tener que justificar su penoso desempeño, se crea que su diarrea legislativa es la fuente de todos los derechos, la verdad es que no hay ningún «derecho» que salga gratis. No sólo porque cada «derecho» de un individuo confronta con el «deber» (y la obligación) de los demás hacia con aquel individuo sino porque no hay ningún derecho que, directa o indirectamente, no paguemos los contribuyentes de nuestros bolsillos. Ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, ni los servicios sociales, ni la Justicia, ni la seguridad son gratuitas. Es más, nunca antes habían sido tan caras y onerosas como ahora y nunca antes habían dispensado peor servicio.

Es más, algunos derechos fundamentales de la Constitución Española en su capítulo II, como son la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, la igualdad ante la ley que prohíbe la discriminación por razones de sexo o lengua o el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, están bajo amenaza en España debido a las leyes ideológicas liberticidas y a las políticas que capitanea el PSOE, dispuesto a regular cualquier aspecto de nuestras vidas al entender que «todo -también lo privado- es política» y, en consecuencia, sujeto al capricho y arbitrio de unos políticos con mentalidades cada vez más totalitarias.

Lo mismo cabe decir del derecho a la libertad de expresión, en franco declive en los gobiernos de Pedro Sánchez por la autocensura a la que obligan los llamados delitos de odio o leyes como la de «memoria democrática».

La izquierda española es perfectamente consciente de que sin censura no es nadie y tiene los días contados, de ahí que trate de amedrentar a los disidentes haciendo un uso bastardo de la Abogacía de la Comunidad o de la Fiscalía a cuyo indudable poder de convicción para silenciar las críticas se suma su bien engrasada red de mercenarios mediáticos. ¡Qué lejos queda aquel PSOE que abanderaba todos estos derechos! Tan lejos que uno se pregunta si alguna vez existió un PSOE semejante. De haber existido, Armengol nunca habría formado parte del mismo.