El pasado martes el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJ de Cataluña que determina que el castellano sea lengua vehicular en al menos un 25% de la enseñanza impartida en los centros de educación públicos. Varios miembros del Govern ya han declarado que no la cumplirán; numerosos cargos públicos proponen que en la práctica no se tenga en cuenta; y hasta el Parlament renuncia a instar que el ejecutivo catalán cumpla las resoluciones del TSJ a este respecto. ¿No les parece insólito?
El Gobierno con la ayuda de sus corifeos habituales presenta una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Hemos visto a un buen número de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad manifestándose en contra de las nuevas medidas; y no hay ni uno solo de estos profesionales que no entienda que las mismas van a dificultar el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, la adecuada protección de los ciudadanos y de sus bienes. ¿No les resulta paradójico?
Que la ministra de Justicia pase a ser, sin solución de continuidad, fiscal general del Estado parece inadecuado; que además sea pareja de un ex juez prevaricador, expulsado de la carrera judicial por realizar escuchas ilegales, es poco ejemplificante; pero que retrase o dificulte, a través de mandados, la investigación de un caso de corrupción, espionaje y extorsión en la que su referida pareja actúa como abogado defensor de algunos encausados y en la que ella misma se ha visto salpicada, tiene toda la pinta de ser, a poco que el VAR revise la jugada, una actuación prevaricadora.
Cualquiera de estos recientes episodios, elegidos entre los muchos que saltan a diario, ya resultan, al ser observados de forma independiente, completamente impropios; pero analizados en su conjunto hacen temer que el Estado empiece a estar muy desordenado. Porque más allá del orden de la ley, que es base del estado de derecho, es fundamental que, acercándose a la red de seguridad de Hobbes, un país esté ordenado, estructurado, organizado, y que, desde sus más altas instituciones hasta los funcionarios de menor nivel, todos actúen y cumplan sus funciones con método y eficacia.
¡Pues lamentablemente va a ser que no! Nos estamos empezando a parecer demasiado a esos países en los que nadie espera que la administración o los órganos estatales funcionen. En los que los políticos actúan sin control y en beneficio de espurios intereses, en los que los ciudadanos sufren con resignación la abulia de los funcionarios, o en los que si te para un policía no sabes si es, y perdón por el símil que es solo un recurso explicativo, para protegerte o para atracarte.
Abunda en el desorden la desconexión de la mayoría de los ministros respecto de los intereses de los administrados, o incluso del propio sentido común. El primero en la lista, como mejor muestra de actuaciones sectarias, injustas y, siendo generosos, irregulares, es siempre Marlaska, pero no nos olvidemos de Ribera, Garzón, Belarra, Iceta, Montero -cualquiera de ellas-, de las ministras de educación que parieron e impulsan una ley a espaldas de toda la familia educativa, o del ministro de agricultura, al que reconocíamos capacidad, y que siempre actúa en flagrante perjuicio de los agricultores y ganaderos. En definitiva, que ya no hay grupo de población que no se sienta atacado o ignorado y sector de la economía al que no se esté dañando.
Responsable último del desorden por la actividad o inactividad de los ministros es obviamente el presidente del Gobierno, como lo es también, volviendo a los episodios que comentábamos, de la incomprensible situación de la Fiscalía o de alimentar la deslealtad de los nacionalismos que, además de arruinarnos, se ciscan en las instituciones del estado, incluido el poder judicial, limpiándose en la bandera de España el maloliente producto de su deposición.
Ya no sorprende nada. Desde que se declaren inconstitucionales las leyes con las que el Gobierno cerró las instituciones y encerró a los españoles, a que en el parlamento el socialista Elorza presuma de su formalizada amistad con los herederos de ETA y amenazadoramente llame fascistas a algunas de sus víctimas, o que celebremos que al rey Felipe VI le dejen ir a Barcelona. Definitivamente todo es posible que ocurra porque, debido a su escaso conocimiento de la ciencia política, a su lasitud moral y falta de principios y al sempiterno tacticismo, a Pedro Sánchez el país se le ha ido de las manos.
