Otra barbaridad en el mercado laboral

El Anteproyecto de Ley por el que el Gobierno pretende modificar las prestaciones por desempleo no es admisible. Vuelve a tratar de interferir en el mercado de trabajo, haciéndolo más rígido y desincentivando la búsqueda activa de un puesto de trabajo, tratando de establecer subsidios que, de una manera u otra, mantengan al beneficiario desprovisto de su capacidad para ejercer su profesión, al condenarlo a una prestación permanente, porque, a largo plazo es lo que acabará pasando si cristalizan los cambios que el Gobierno quiere introducir.

Nadie discute que haya que ayudar a las personas que están atravesando por un mal momento laboral; para eso están las ayudas. Ahora, lo que no se debe hacer, y no ya sólo por cuestión de gasto, sino por las propias personas potencialmente beneficiarias, es basarlo todo en los subsidios, que anulan a la persona, al profesional. Lo que debe hacer el Gobierno es dar asistencia a quienes la necesiten mientras encuentran empleo, al mismo tiempo que pone las medidas que incentiven ese objetivo de conseguir un puesto de trabajo.

Por todo ello, la modificación que pretende llevar a cabo el Gobierno es contraproducente por las siguientes razones:

• Es un texto que no nace del consenso del diálogo social, sino que se excluye a los empresarios, quienes no lo apoyan y, por tanto, no ha sido fruto de un acuerdo entre todos los agentes sociales. Por eso, es excluyente.
• El desempleo estructural y el desempleo juvenil no se solucionan otorgando más prestaciones, sino creando un marco laboral más flexible que incentive la formación y la contratación. España tiene uno de los niveles de mayor protección de la UE y lidera la tasa de paro general y la tasa de paro juvenil. Eso sirve como muestra del fracaso de medidas similares.
• La protección de la prestación hay que ofrecerla para ayudar a las personas que pasan por un mal momento laboral, pero no con el objeto de hacerla crónica, porque anula a la persona y hace que sea dependiente de un subsidio de manera permanente.
• No resulta adecuado permitir el compatibilizar durante 180 días el subsidio por desempleo con el salario de un puesto de trabajo (con el tope de salario mensual de 1350 euros, equivalente al 225% del IPREM), pues desvirtúa el objeto de la prestación, que no es otro que ayudar a quien atraviesa por un bache laboral.
• Para perseguir el fraude existen otros mecanismos de inspección, no siendo conveniente esta compatibilidad, que, de haber fraude, no lo eliminaría.
• Tampoco es un elemento que permita incentivar la aceptación de un puesto de trabajo. Para conseguir eso, lo oportuno es incorporar la pérdida de prestación ante el rechazo de una oferta laboral adecuada para el beneficiario de la prestación, así como intensificar la disminución del porcentaje de la prestación a recibir conforme avanza el tiempo en desempleo. Múltiples estudios establecen que, en muchos casos, una persona parada no comienza a buscar activamente empleo hasta que restan unos pocos meses para el agotamiento de la prestación.
• No se pueden incorporar medidas que tiendan a hacer crónicas las ayudas, máxime cuando en muchas actividades hay una demanda de trabajo sin cubrir por falta de trabajadores que quieran realizar ese trabajo, en muchos casos desincentivados por el cobro de subsidios.

Necesitamos una sociedad dinámica, no una sociedad subvencionada. Hay que ayudar a las personas, no sólo económicamente, sino también a seguir ejerciendo su profesión, que es lo que puede llegar a impedir un subsidio crónico, nocivo para la sociedad.