Nunca es nunca

Nunca antes un presidente del Gobierno de España había creado un gobierno de coalición con quienes atacan nuestro régimen de convivencia, son desleales con la Constitución y promueven el resentimiento y la insolidaridad entre territorios. La obligación de todo líder político es promover el mayor bien para el mayor número, y no para beneficio de unos pocos. España no puede defenderse sólo mediante ofertas de diálogo y desjudialización de la política. Dicho de otro modo, una minoría no puede tratar de imponer a la mayoría la que considera es la mejor manera de vivir. Mostrar diálogo a quien está fascinado por la hostilidad, por la intransigencia y por quien busca permanentemente quebrantar las leyes equivale a abrir la puerta a la destrucción. Sánchez tiene la obligación de proteger a los ciudadanos comprometidos con la defensa de la integridad del territorio común, pero no a los facinerosos que hace tres años dieron un golpe sedicioso. El presidente piensa que podrá apaciguar a los separatistas, pero el tiempo demostrará que será incapaz de domeñar tanta veleidad rupturista.

Nunca antes un presidente del Gobierno de España había tenido tan poco respeto hacia el cumplimiento de las leyes y al poder judicial. Qué pensaría cualquier ciudadano si un gobierno castigado por la corrupción impulsara una reforma del Código Penal para precisamente reducir las penas a sus cargos públicos corruptos. Sería un verdadero escándalo. Pues eso es lo que Pedro Sánchez persigue con la reforma ‘ad hominem’ del Código Penal para contentar a los golpistas garantes de su supervivencia política. Intentar reducir las penas por delito de sedición y favorecer el ‘indulto encubierto’ a los independentistas encarcelados es un despropósito, más propio de regímenes autoritarios que de democracias modélicas. De nada de ello habló Sánchez durante la campaña electoral, ni durante los debates, ni durante la sesión de investidura. La manera en la que el presidente español ha mentido devuelve a la ciudadanía a la misma cueva oscura que Platón describía en “La República”.

Lo mismo puede decirse de la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez con quien no sólo desoye, sino que se niega a incumplir las sentencias. El Supremo inhabilitó este jueves a Torra, éste atacó al poder judicial anunciando el incumplimiento de la resolución, y Sánchez persistió acto seguido en su voluntad de reunirse con el inhabilitado presidente de la Generalitat en un acto que supone un desprecio hacia el Alto Tribunal y al conjunto de españoles.

Nunca antes un presidente del Gobierno de España había tenido tan poco respeto a la democracia y a la memoria democrática de los españoles. La legitimidad moral de este Gobierno cada día que pasa se pone en entredicho por la violación sistemática de las normas de decencia y respeto hacia la ciudadanía española y de los países vecinos. Si Sánchez y sus ministros tuvieran un verdadero compromiso con lo que para ellos significaba la “memoria histórica”, el presidente del gobierno se habría reunido con quien es el presidente legítimo de Venezuela para la UE y un total de 60 países, Juan Guaidó. Los líderes políticos de Alemania, Francia y Reino Unido, más coherentes que el presidente español, sí que han tenido tiempo para Guaidó porque saben lo que representa para la democratización del país hispanoamericano y para todos aquellos que han arriesgado sus vidas en favor de la libertad o los 5 millones de personas que han tenido que huir del país por el hambre y la persecución. Si Sánchez y su gobierno tuvieran un compromiso verdadero con el Estado de derecho, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos no hubiera cometido la insensatez de reunirse con la número dos del narcorégimen comunista de Maduro. Pero lo hizo, de forma clandestina y de madrugada. Un insensible desprecio hacia la democracia y los derechos humanos.