Nuestra obligación es devolver a los menas

Hace años que el Reino de España y el reino de Marruecos tienen firmados acuerdos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados (menas), su protección y su retorno concertado. El que está vigente en la actualidad se firmó en Rabat en marzo de 2007, pero no pudo entrar en vigor hasta octubre de 2012, porque Marruecos estuvo cinco años dilatando los procedimientos formales. Y desde entonces, nuestro vecino del sur lleva otros 9 años incumpliéndolo sistemáticamente. En este acuerdo firmado entre los dos países se dice, entre otras cosas, que se favorecerá “el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen”. Por supuesto, todo financiado por España.

Como dicta el sentido común, en el acuerdo firmado entre Marruecos y España no se habla nada respecto a que sea necesario recabar el consentimiento previo de las familias marroquíes de los menores que han entrado ilegalmente en España, para proceder a su repatriación. Lo que se dice, por el contrario, es que “las autoridades competentes marroquíes procederán a la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad” para, una vez identificados, proceder a la “reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”. Marruecos se compromete a identificar a los menores, localizar a sus familias, entregárselos o hacerse cargo de ellos. Todo ello “en el interés superior del menor”, que constituye “la base de toda cooperación entre las partes” y “con el estricto respeto de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño”.

Los pasados días 17 y 18 de mayo Marruecos nos envió de golpe a más de 1.500 menas de los que, de momento y sin ninguna colaboración del país vecino, las autoridades españolas sólo han conseguido contactar con las familias de 79 para que acudan a la frontera a recogerlos, a lo que 73 se han negado, ya que prefieren que sea España quien se haga cargo de su manutención y educación. El reino alauí incumple sistemáticamente el acuerdo firmado con España, mientras que nosotros seguimos pagando religiosamente su financiación. A pregunta de Vox, el Gobierno respondió por escrito el pasado 20 de marzo de 2020 que “desde septiembre de 2007 no se ha materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados marroquíes”, menoscabando así el interés superior del menor e incumpliendo la legislación internacional sobre Derechos del Niño y los acuerdos firmados y financiados por España.

Antes de esta invasión alentada por las autoridades marroquíes, en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados de España aparecían casi 10.000 menas, frente a los menos de 4.000 que había antes de la llegada de Sánchez al poder. Nuestro estado del bienestar les ofrece acogida especializada, apoyo psicológico y educativo, tutela hasta su mayoría de edad y además, no pueden ser retenidos a la fuerza a no ser que cometan delitos graves. A partir de que cumplen 18 años las ayudas que reciben varían en cada comunidad autónoma. Como el reino de Marruecos se niega a cumplir el acuerdo firmado con España lo primero que debemos hacer es poner fin a la financiación que les entregamos a cambio de no cumplir con su parte. Y como nosotros estamos obligados a cumplir nuestros compromisos para preservar el interés superior de los menores de criarse con sus familias, debemos devolverlos inmediatamente por a la frontera por la que entraron, para que así se produzcan las reunificaciones familiares efectivas tan deseadas. A partir de ese momento será responsabilidad de nuestros vecinos del sur proceder a su identificación y hacerse cargo de su tutela hasta que encuentren a sus familiares, preservando así todos los derechos de esos niños, sin nuestro dinero, faltaría más.