El no es no, también en la energía

La semana pasada tocaba escribir de la falta de agua y esta, de la falta de energía. A vueltas con el precio de la luz ya llevamos más de un año, pero ahora es peor, porque ahora ya sabemos que su incremento no es técnico o coyuntural, sino que, para nosotros, con o sin guerra, va a estar ligado a la escasez energética. Es decir, que, en manos de quien estamos, tenemos un problema para siempre.

A diferencia de lo que ocurre con la sequía, respecto a la cual los últimos gobiernos no han hecho nada por paliar el problema, con la energía han hecho mucho por agravarlo. Y ahora que el problema es internacional, a nosotros nos toca afrontarlo en manos de unos advenedizos muy radicales que han dejado claro que, en vez de tener una política energética, va a seguir utilizando la energía para hacer política. En este caso, la política del no es no.

No a la energía nuclear. Franco era un dictador bajito y con voz atiplada, pero cuando se afianzó en el poder se deshizo de los complejos, y no tuvo reparos en poner ministros inteligentes y con estudios a resolver los problemas. Incluso antes de que llegaran los tecnócratas, Joaquín Planell, antecesor de López Bravo como ministro de Industria, impulsó la creación de la Dirección General de Energía Nuclear para «acometer la construcción de centrales nucleares y completar a las hidráulicas y térmicas de tipo convencional». Zorita fue la primera que se terminó en 1965, y al final de la dictadura había 9 centrales en producción o en proceso de diseño y construcción. En 1975, España era la séptima potencia nuclear del mundo sin haber tenido ningún incidente, aun de gravedad media o leve.

A pesar de que el proyecto se fue completando durante los años 80 (con algunas excepciones, como el cierre de Lemóniz por concesión al terrorismo vasco y a los movimientos ecologistas), después de 50 años, y a pesar de que, con los adecuados controles, la nuclear puede ser considerada una energía verde, los gobiernos socialistas han descontinuado su explotación, renunciando a la recomendada prórroga y, más aún, a la sustitución de las centrales que cumplen sus ciclos de vida programada.

No a la hidroeléctrica. Exagerando el impacto medioambiental y alegando la escasez de recursos hídricos, que ellos mismos agravan, los gobiernos progresistas también han decidido no impulsar una fuente de energía barata, limpia y que se compatibiliza con el apoyo a los diferentes usos del agua: abastecimientos, regadíos, explotaciones turísticas… El gobierno socialista de Rodriguez Zapatero impidió la construcción de más de 30 nuevos embalses con la derogación del Plan Hidrológico del 2001 y el gobierno socialcomunista de Sánchez ha abortado la construcción de centenas de proyectos ya que, en su radicalismo ecologista, apuesta por «reducir la utilización de recursos hídricos un 5% para 2030 y un 15% para 2050».

No al fracking. Los diferentes estudios han cifrado entre 1,4 y 2,3 billones de metros cúbicos las reservas de hidrocarburos que pudieran ser extraídas por medio de la fractura hidráulica. Poco les ha importado que se utilice esta técnica en numerosos países o que los científicos demuestren que su utilización en España es viable técnica y medioambientalmente (las reservas se concentran en la cornisa cantábrica, en el norte de Castilla y en el área surpirenaica, que son zonas sin sismicidad y con suficientes recursos hídricos). La Ley de Cambio Climático ha prohibido «la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales». Esta vez, se ha hecho continuismo con los ecologismos trasnochados de algunos países europeos que, en muchos casos, ni tienen reservas ni tienen déficit energético. ¡Y es que, es muy fácil renunciar a explotar un recurso que no se tiene o que no se necesita!

Es evidente que las renovables, por proceder de fuentes inagotables y por no ser contaminantes, son el futuro (junto con la esperada fusión nuclear). Pero no tiene ningún sentido que, a la vez que las impulsamos, dejemos de explotar nuestros recursos y asumamos por ello unos costes que hipotequen o condicionen ese futuro. España no puede permitirse liderar el compromiso verde a costa del empobrecimiento de la actual y próximas generaciones, además, porque el déficit actual lo completamos con importaciones de energía procedente de fuentes contaminantes que nosotros estamos desestimando.

Las obras de ejecución de centrales nucleares o de puesta en marcha de las plantas de fracking son duraderas y, aunque parezca inútil empezar hoy lo que tendría que estar listo para hoy, hay que empezar hoy lo que sin duda se va a seguir necesitando mañana. Siempre se está a tiempo si de verdad se quiere resolver el problema y no solo hacer política.

Y lo más absurdo e impostado es que ahora, es decir, de la noche a la mañana, se quiere impulsar el gasoducto MidCat, que se desestimó por ruinoso y antiecológico en 2019. Y claro, Francia dice que tararí que te vi; en primer lugar, por las razones alegadas entonces, y después porque España, que ha perdido la posición privilegiada como vía de entrada del gas argelino, es ahora menos confiable que nunca. Independientemente de que, para ellos, que no cuentan con el gas para alcanzar la soberanía energética, la prioridad es construir las nuevas nucleares y poner en plena producción sus 58 reactores (que están ahora sufriendo el coste del parón que ordenaron políticos muy irresponsables).

Y aquí, la misma ministra que apostó por el abandono del proyecto dice ahora que lo tendría listo en nueve meses. Aunque, como sabe que no se va a hacer, podía haber dicho nueve semanas, o mejor 9 semanas y media, si de lo que se trata es de excitar al personal.