Luces, pinchazos, cámaras y derechos

Que las calles iluminadas reducen la criminalidad se sabe desde hace siglos. Las medidas de ahorro energético, “el apagón”, harán las calles más inseguras; menos luz: más delitos. Si reducir el consumo conlleva efectos secundarios como violaciones, atracos, robos en comercios, viviendas, etc., estaremos matando moscas a cañonazos.

Los pinchazos que supuestamente pretenden sumisión química de las mujeres agredidas son una moda viral de delincuentes misóginos con alfileres. Una polémica aventada desde Interior transmitiendo miedo e incertidumbre a las mujeres. Muchas de esas denuncias no se han confirmado, consta un solo detenido, nadie ha visto jeringas y de los casos de sumisión química conocidos ninguno ha sido mediante pinchazo. Esta campaña recuerda la navaja ensangrentada que recibió (con remitente) Reyes Maroto, o las balas a Pablo Iglesias de las que nunca más se supo. Cortinas de humo por interés político y mediático.

La policía anuncia el próximo uso de cámaras personales por sus agentes y conocido el protocolo que pretende regularlas, se abren varios interrogantes. Como cuestión previa, sin perjuicio de profundizar en fechas próximas, ésta regulación debería ser una instrucción común a todas las policías dictada desde Interior, ¿o cada policía estatal, autonómica o local (6.000 cuerpos) hará su propia interpretación? El documento de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la DAO de Policía Nacional que tengo no lleva ni firma.

En materia de derechos civiles España es una democracia muy deficiente y no porque lo diga el Consejo de Europa, es que desde 1992 y la Ley Corcuera, miles de policías demócratas constitucionalistas representados en el sindicato mayoritario ya lo dijimos. El argumento de Interior para acallar las críticas y que los medios de comunicación dejaran de hacerse eco de las mismas fue que cada dos meses, todos los libros de personas presentadas en comisaría serían revisados por fiscalía. En 23 años no se revisó ni una sola vez ningún libro y muchos traslados ni eran anotados. Cosidó mintió cuando dijo en el Congreso que eran 25.000 los identificados en un año; esos fueron los trasladados a comisaría, pero los identificados en la vía pública sin traslado a comisaría ese mismo año fueron varios millones, como todos los años desde 1998 hasta hoy. Existen pruebas en datos de minutas informatizados en todas las comisarías de España. Los presentados en comisaría son una mínima parte de los identificados sin la razón objetiva que establecen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que debe producirse para justificar la injerencia policial en la vida de un ciudadano. En sistemas democráticos y estados de derecho, el principio de autoridad per se no permite identificar a ciudadanos porque vulnera sus derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, otras leyes y normas internacionales.

Tras la Ley Corcuera (PSOE) llegó la Ley Mordaza (PP), ampliando la discrecionalidad policial contra derechos civiles. El debate en el Gobierno sobre esta ley está prostituido; no procura la seguridad pública de ciudadanos con derechos sino excepciones en determinados supuestos en actos de protesta (insultos, manifestaciones sin comunicar, cortes de tráfico, etc.). Si un trabajador sale del metro y para “producir” estadísticas justificativas de falsa eficacia lo identifican sin razón objetiva, someten a interrogatorio (“¿de dónde viene, a dónde va?” …), consultan antecedentes y cacheo a criterio discrecional del agente, la evidente ilegalidad se tolera; en cambio, pretenden que no se pueda identificar por ninguna circunstancia en una manifestación. El Gobierno apoya manifestantes radicales, okupas, enganches ilegales de luz para cultivar droga (provocando cortes de suministro en el vecindario) o manteros vendiendo mercancía ilegal sin pagar impuestos. Es la España de Pedro Sánchez.