Mientras los herederos del chequismo, socialistas incluidos, andaban estos días calificando de “antidemocrática” la anterior estancia de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, junto a víctimas de la Guerra Civil, el verdadero ataque frontal a nuestra democracia, a nuestra convivencia y a nuestras normas compartidas se producía el miércoles, cómo no, por parte de Podemos. Y ocurría ahora, protagonizado por vivos, y no por muertos enterrados hace más de cuatro décadas.
El partido de Pablenin lanzó una campaña anti-desahucios poniendo en el paredón de las redes hostigadoras a la propietaria de un inmueble cuyos inquilinos llevan un año sin pagarle el alquiler que les reclama. La actual Pasionaria del comunismo ibérico se grabó en un vídeo revelando la identidad de la arrendadora, exponiéndola así a la fusta digital y al acoso de los locos analógicos. ¡Toma feminismo! Esto no es justicia social por mucho que lo repita Irene Montero, sino machismo puro y duro de una formación que hiperventila testosterona por los poros de su alpha male.
También clama al cielo (los pájaros disparando a las pistolas) que quienes se atrevan a cruzar esta peligrosa línea roja de señalamiento desconocida hasta ahora, todo con el pretexto de estar defendiendo a morosos frente a “poderosos”, lo hagan ya no desde la atalaya de su cargo parlamentario, que pagamos todos, sino siendo propietarios de un chaletazo de más de 600.000 euros en una zona de abolengo de la sierra madrileña. Ello, gracias a una ventajosa hipoteca por parte del mismo banco en el que Podemos ingresa las millonarias subvenciones electorales que recibe del Estado. Porque puestos a dar nombres, y como en este caso sí estamos hablando de personas públicas, la entidad Caixa d’Enginyers, la misma que hace de caja de resistencia de los golpistas catalanes y que dio un préstamo al republicano Rufián también para su vivienda, tiene como máximo responsable a Josep Oriol Sala Arlandis.
Este peligroso ataque de Podemos a una casera en forma de escrache 2.0 podría ser incardinado en el tipo penal de un delito de odio. Un precepto que se aplica a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias…” En este caso, hay una clara persecución ideológica contra la arrendadora, de la que dan pelos y señales de manera pública y a la que etiquetan como desahuciadora y abusadora. ¿Ha actuado ya la Fiscalía? Que sepan los Kirchner de Galapagar que si sucede algún percance contra la integridad física o moral de la mujer a la que han colocado en la diana, ellos serán los culpables.
