El intervencionismo en el mercado: el precio máximo del alquiler

Cuando el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció en la comisión de su área en el Congreso que antes del verano pasado llevaría a la Cámara Baja una iniciativa para controlar los precios de alquiler de las viviendas en las zonas en las que el Gobierno considere que se han producido incrementos desorbitados, sin duda cedía a uno de los postulados de Podemos, que siempre ha querido intervenir el mercado inmobiliario, y que el PSOE hacía suyo con entusiasmo.

Posteriormente, el propio Ábalos trató de suavizar la propuesta, al darse cuenta de la tremenda distorsión que ello supondría en el mercado, pero Podemos vuelve ahora a la carga, asegurando que se limitará el precio del alquiler, por mucho que el Ejecutivo diga que, de hacerlo, será algo que no ahuyentará inversiones. La introducción de precios máximos y de precios mínimos no tiene ningún sentido y son decisiones económicas irracionales, que sólo conducen a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dichas distorsiones lo que producen es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.

El precio máximo está por debajo del precio de mercado. Al estar por debajo del precio de mercado, genera una escasez de oferta y un exceso de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si se impone un precio máximo en el mercado del alquiler de viviendas, muchos propietarios de viviendas dejarán de alquilarlas, porque el Gobierno podrá obligarles a bajar el precio del alquiler si la arriendan, pero no les puede obligar a sacarlas al mercado, con lo que muchos retirarán dichas viviendas del parque de alquiler y se generará escasez de pisos en alquiler.

Por tanto, muchas personas que desearían vivir alquiladas no podrán hacerlo, y tendrán que buscar otras opciones, como la compra, que les puede dificultar sus planes de vida si no disponen de una capacidad de endeudamiento para poder comprar una vivienda, o buscar en otras zonas con precios más bajos en las que el precio de mercado esté por debajo del máximo, donde puede que se produzca un incremento de precios hacia ese máximo, porque si se genera escasez en unas zonas, la demanda se incrementará en las de precio más bajo, provocando un incremento del precio.

En definitiva, la introducción de precios máximos y mínimos es un argumento populista, electoralista y demagogo, pero no hace ningún bien ni al conjunto de la economía ni a los supuestamente beneficiados, porque en el medio y largo plazo terminarán siendo perjudicados. Tratar de corregir los deseos de demandantes y oferentes -es decir, los deseos del mercado, pues es lo que conforman ambos agentes económicos- es absurdo, no alcanza los objetivos que dice perseguir y, además, genera otros completamente contrarios y negativos para la propia economía. Por tanto, el Gobierno debería rectificar y no seguir aplicando un intervencionismo creciente en la economía, porque de lo contrario contribuirá a intensificar la desaceleración económica, con efectos muy negativos para el crecimiento económico y para el mercado laboral.