El Gobierno incentiva peligrosamente el gasto autonómico

El Gobierno de la nación debería reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), para lo cual debe evaluar la situación real del coste de los servicios que prestan las comunidades autónomas por las competencias transferidas, analizar cómo están de financiadas unas regiones y otras, abandonar el statu quo -salvo que el coste real de los servicios sea mayor- que se ha convertido casi en ley, que hace que el punto de partida de la financiación de cada región en un nuevo sistema sea lo que recibía en el anterior, de manera que ninguna pierde recursos, y aportar de forma permanente desde la Administración General del estado, si es que la evolución de la necesidad de las prestaciones así lo muestra, recursos adicionales al sistema, pero de forma que queden bien establecidos los parámetros de financiación, sean claros, transparentes, se eliminen fondos enrevesados y trampas para perjudicar a algunas regiones.

En lugar de eso, está llevando a cabo una política muy peligrosa, que no es otra que la de dar rienda suelta al gasto autonómico por una múltiple vía: fondos de recursos no reembolsables, como los que hubo en 2020 y como los que también hay en 2021, con criterios cambiantes a mitad de ejercicio, como este año con la distribución del equivalente del 1,1% del PIB, que ahora se va a repartir por el criterio de población ajustada en lugar de por el peso en el PIB, generando un objetivo de déficit asimétrico; objetivos de estabilidad suspendidos, pero con un índice de referencia sobre el que tampoco es que se realice un gran control, con los mecanismos adicionales de financiación preparados por si hubiese que emitir deuda de alguna región, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera (FFF); la inflada previsión de ingresos en las entregas a cuenta de 2020, 2021 y 2022, sobre todo, en los dos primeros años, donde no se ha ajustado la evolución de la recaudación prevista en dichas entregas, aplazando el ajuste de las comunidades autónomas; y, lo último, y ligado a lo anterior, la condonación de los 3.900 millones de euros de las liquidaciones negativas de 2020, anunciada el pasado mes de julio, de manera que se envía una señal equivocada a las regiones y a los agentes económicos, porque no se intenta ir recuperando la senda de la disciplina presupuestaria para cuando regresen los objetivos de estabilidad, sino que se genera un incentivo al incremento de gasto.

¿Qué sucede con todo ello? Que las comunidades autónomas no realizan ningún ajuste y que una gran parte de ellas va a utilizar esos ingresos para financiar créditos presupuestarios de gasto que se convertirá en estructural en un 90% de los casos cuando menos. Una cosa es que se respondiese con un gasto adicional para combatir la situación derivada de la pandemia, y otra muy distinta es que se consolide ese nivel de gasto que no se pueden permitir las administraciones públicas.

El año 2022 es el último ejercicio completo previo a las elecciones regionales de mayo de 2023. ¿Creemos, de verdad, que se van a hacer grandes ajustes en los presupuestos para entonces? En 2022, seguro que no, pues el Gobierno acaba de perdonar los 3.900 millones de las liquidaciones negativas de 2020, antes comentado. ¿Y para 2023? Se hace difícil pensar en un ajuste en los presupuestos regionales para dicho año, pues los presupuestos de ese ejercicio habrá que aprobarlos antes de que termine 2022. Siendo las elecciones en mayo de 2023, no creo que las comunidades autónomas -salvo alguna posible excepción- vayan a ajustar su presupuesto -es decir, reducir el gasto superfluo en el que se haya incurrido en los años previos con el festín incentivador del gasto promovido por el Gobierno de la nación-, ya que, siguiendo la Teoría de la Elección Pública, el político busca maximizar votos y, al jugar con la ilusión fiscal, considerará que le resulta muy rentable anunciar nuevas actuaciones de gasto.

Por eso, es triple la irresponsabilidad del Gobierno: por un lado, porque él mismo, como Administración General del Estado, no controla ni disminuye su gasto; por otro lado, porque, con esta actitud, incentiva el gasto de las comunidades autónomas, que después será de difícil disminución por todo lo anteriormente descrito; por último, como garante del saldo presupuestario global del Reino de España ante nuestros socios de la UE, porque de esta manera es el camino más rápido hacia el incumplimiento en cuanto retorne la aplicación de los objetivos de estabilidad y, en cualquier caso, es ahondar en la senda de la deuda estratosférica, situada en unos niveles sobre el PIB noventa puntos superior -del 35% al 125% del PIB- respecto a su cifra de hace sólo 14 años. No se puede seguir así, y el Gobierno debería ser el primero en disminuir su gasto, hacer que las comunidades autónomas disminuyan el suyo y trabajar, así, para reducir la deuda y retornar a la senda de estabilidad, pero, peligrosamente, hace todo lo contrario.