El Gobierno y los GAL

Siempre ha habido países cuyos líderes se comportan de manera criminal. Y en la mayoría de las 193 naciones del planeta la deshonestidad en el uso de los dineros públicos y la “venta” de decisiones gubernamentales al mejor postor son comunes. La corrupción es la “norma” y nos hemos acostumbrado a que así sea. La suposición de que esto siempre ha sido y seguirá siendo así dificulta captar el ascenso de un nuevo actor en la realidad mundial: los Estados mafiosos. No son solo países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla importantes actividades económicas y hasta regiones completas. Se trata de países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes. En España, a principios de los años ochenta se crearon y financiaron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) desde el Gobierno de la nación para «ejecutar» terroristas de ETA en el sur de Francia, y al mismo tiempo se confabularon todos los poderes del Estado para encubrir este tipo de actuaciones criminales y evitar que se esclareciesen las responsabilidades políticas de esta clase de acciones delictivas.

La mayoría de los españoles recuerdan de forma más o menos lejana lo que fueron los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL), pero no así el fundamento de su origen ni los crímenes que cometieron y quedaron sin resolver por los propios intereses del Estado. Tras lo dicho, y para poder precisar lo que fueron estos grupos parapoliciales, nada mejor que recordar las palabras de uno de sus creadores, Ricardo García Damborenea, recogidas en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros el día 20 de julio de 1.995, a los que explicó que se activaron mediante «una decisión política de actuar contra el terrorismo de ETA en territorio francés». Para cubrir esas actuaciones y desviar la atención, se inventan las siglas GAL.

Pero no se crea un cuerpo de lucha, ni un organismo especial. No. Es la misma Administración del Estado, con sus medios, con sus hombres, la que actúa. Esas operaciones son secretas, entre otras razones, por exigencias diplomáticas. Así que los GAL no son más que la cortina que oculta a los auténticos autores. Un montaje de ese calibre, que mueve policías, guardias civiles, armas, vehículos, dinero…, y que necesita coordinar efectivos e informaciones de los Ministerios de Interior y de la Defensa, ha de estar autorizado desde arriba, desde la Presidencia del Gobierno.

En concordancia con lo expuesto por García Damborenea y para dar firmeza a la confabulación de los GAL en la «guerra sucia» contra ETA se tomaron otras medidas de complicidad institucional. Para ello el 24 de octubre de 1.983, Felipe González se entrevista con el jefe de la oposición Manuel Fraga Iribarne, para acordar un pacto de Estado con el fin de tener carta blanca en la lucha contra ETA. En la reunión el presidente le pide su apoyo para tomar medidas excepcionales antiterroristas contra la banda armada vasca, es decir para llevar a cabo la «guerra sucia» contra los terroristas, a lo que Fraga le dice que siempre que se haga bien tiene su apoyo.

Además, para estructurar y consolidar todo aquel ilícito entramado de Estado contra la banda armada vasca, tuvieron que articular medidas institucionales de sibilinas complicidades jurídico-políticas. Por ello son muy significativas las escasas investigaciones judiciales que se han llevado a cabo sobre los GAL, que sin lugar a dudas han  puesto de manifiesto que una vez más se hace realidad que jamás conoceremos toda la verdad sobre los crímenes que se perpetran por el poder y sus aparatos, salvo que con acciones contundentes orientadas internacionalmente y desde sectores manifiestamente interesados en conocer la realidad de este entramado clandestino institucional se manifiesten de manera eficaz y perseverante en el conocimiento de la verdad. El Estado se dota de todo un diseño legislativo para conseguir la «impermeabilidad», así como una legislación sobre fondos reservados y sobre materias secretas. Todo ello imposibilita el control democrático formal de las actuaciones de las estructuras del Estado. «Secreto», «ocultación», «opacidad», son los ámbitos propios de la actuación del Ejecutivo que refuerzan su poder, pues son ámbitos de exclusividad, monopolizados por él. Son las llamadas «cloacas del Estado» que González ha mencionado más de una vez.

Respaldo del Poder Judicial

En todo este encubierto proceso en el que se decidió políticamente la activación de la lucha delictiva contra los miembros de ETA , se llevó a cabo la absolutización del «secreto oficial» y para ello se cuenta incluso con el respaldo del Poder Judicial, tal como se vio con la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 14-12-1.995 , que dejó en manos del Gobierno la entrega o no al juez Garzón de los documentos del CESID relacionados con el terrorismo de Estado. Se trata de una sentencia de vital importancia, pues es un grave obstáculo para la investigación, y que supone una pretensión de imponer «de facto» una ley de punto final en el asunto de los GAL y declara el derecho a la impunidad no sólo de los servicios secretos, sino del Gobierno, lo que es lo mismo que su derecho a delinquir. Se evidencia la impotencia del Estado de Derecho frente a las razones de Estado, con el triunfo de la lógica de la excepcionalidad con la que operan los servicios policiales para este tipo de actuaciones.

Ante el calado de una decisión de Estado de este calibre, la actitud de cualquiera de los Gobiernos de España es obstruccionista porque no colabora con una Justicia «amorfa» en estos asuntos, y  es reacia al descubrimiento de actuaciones turbias del Estado, como por ejemplo el esclarecimiento de los crímenes sin resolver de la referida organización. No sólo un Ejecutivo del PSOE, sino cualquier otro podría haber desclasificado los documentos que existen sobre las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación y aclarar todas sus actividades. El teniente general Emilio Alonso Manglano, y el ex agente Juan Alberto Perote, reconocieron ante el magistrado Baltasar Garzón que estos informes sí que existen. Recuperar la memoria histórica y esclarecer los puntos oscuros de la historia de un país es deber de todo gobierno mínimamente democrático, y su labor debe ir encaminada sin ningún género de cortapisa y de manera eficaz a conseguir esos logros.

Una de las muchas circunstancias de compadreo entre los grandes partidos en la ocultación de los crímenes de Estado quedó clara el día 25 de enero de 1.996, cuando el PP llevó a cabo la fulminante liquidación de la Comisión de Investigación en el Congreso sobre los GAL, que ese mismo partido impulsó y echó para atrás solo 48 horas después de que dos de sus dirigentes, antiguos ex altos cargos en los ministerios del Interior en los Gobiernos de UCD, se reunieran con el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María. Para desentrañar la culpabilidad de los responsables políticos que crearon y financiaron los Grupos Antiterroristas de Liberación en relación con los crímenes que cometieron auspiciados por ellos. Habría que distinguir dos periodos de actuaciones de estos grupos parapoliciales teniendo en cuenta que en cierto modo la coordinación de las actividades de los GAL iniciadas en 1983 se realizó desde el entorno de Julián Sancristóbal, quien en aquellos momentos se mostraría como un entusiasta de la “guerra sucia” contra ETA y su principal responsable político en el País Vasco. Con aquella experiencia a sus espaldas, Sancristóbal fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 9 de febrero de 1984.

A partir de ese momento se vería aumentar considerablemente el terrorismo alentado desde el propio Estado hasta límites tan insospechados como insostenibles, incluso con víctimas mortales ciertamente inocentes que nada tenían que ver con ETA, pero cuyos responsables gubernamentales consideraban «daños colaterales» dentro del entramado de la guerra sucia contra ETA, que causaban efectos más contundentes que los asesinatos de los terroristas vascos en los sectores políticos y sociales franceses, a efectos de que el Ejecutivo de su país se decantara por colaborar con el Gobierno español en la lucha contra ETA y dar por finalizadas las actividades de los GAL. Cuando digo que hay que distinguir dos etapas en las actuaciones de los GAL y en el esclarecimiento de sus crímenes, me refiero a una primera, anterior a la llegada de Sancristóbal a la dirección de la Seguridad del Estado en la que no se contrataba mercenarios y no se realizaban ocasionalmente acciones indiscriminadas contra ciudadanos vasco franceses, que sin pertenecer a ETA se relacionaban ocasionalmente con sus miembros. Durante este periodo de tiempo que abarca desde el 16 de octubre de 1.983 al 8 de febrero de 1.984, se registran de manera espaciada por parte de los GAL seis asesinatos de miembros de la banda armada vasca, los de José Lasa, Ignacio Zabala, Ramón Oñaederra, Mikel Goikoetxea, Ángel Gurmindo y Vicente Perurena.

A partir del 25 de febrero de 1.984, pocos días después del nombramiento de Julián Sancritóbal como Director de la Seguridad del Estado, resulta asesinado el etarra Eugenio Gutiérrez Salazar y se da comienzo a la segunda etapa de las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación mucho más intensa, firme y agresiva, en la que incluso se llegó a pensar políticamente en la utilización de coches bomba, se decidieron atentados no selectivos que sensibilizasen y atemorizasen a la opinión pública vasco-francesa de manera que impactasen en sus dirigentes políticos para que se doblegasen ante las autoridades españolas en la lucha antiterrorista contra ETA. Así mismo, se llega a tratar de estructurar el cobro del impuesto revolucionario a empresarios franceses para que así mismo presionasen a las autoridades de Paris haciéndoles ver que la presencia de ETA en el País Vasco francés perjudicaba a la economía de aquella zona turística. Se desistió de este último proyecto por la complejidad que entrañaba llevarlo a la práctica.

La permanente dinámica de actividad en la guerra sucia de los GAL en este segundo periodo de operaciones llevados a cabo por los mercenarios contratados por los responsables del Ministerio del Interior español, incrementaron notablemente el número de atentados contra miembros de ETA y ciudadanos franceses relacionados directa o indirectamente con ellos, que aún no han sido esclarecidos. De tal forma que resultaron asesinados Xabier Pérez de Arenaza, Jean-Pierre Leiba, Rafael Goikoetxea, Tomás Pérez Revilla, Christianne Olaskoaga, Santiago Brouard, Benoit Pacastaing, Xbier Galdeano, Emile Weiss, Claude Doerr, Santos Blanco, Juan Mari Otegui, José Mª Etxaniz, Iñaki Astiazuinzarra, Agustín Irazustabarrena, Xabin Etxaide, Robert Caplane, Cristophe Matxikote, Catherine Brion y Juan Carlos García Goena. En las mismas acciones o bien en otras distintas resultaron gravemente heridos Jesús Zugarramurdi, Román Orbe, Juan Jaureguizuria, Bonifacio García, José Olivar, Claude Olaskoaga, Juan Iradi, Ángel Zabaleta, Jesús Amantes, Michel Martín, Jean-Philippe Ibarboure, Ramón Basáñez, José Luis Calderón, Pedro Pikabea, Jean Marc Mutio, Jean Jacques Hum, Juan Carlos Lecertua, Fernando Biurrum, Frederik Aramboure, Juan Zabaleta, Carmen Otegui, Nagore Otegui y por segunda vez Ramón Basáñez. Total, 27 asesinatos y 23 heridos graves como consecuencia de las actividades de los GAL que han quedado sin resolver por imperativo de la razón de Estado.

Opacidad de Estado

Por consiguiente, para tratar de esclarecer los crímenes de los GAL no resueltos hasta el momento, habría que poner en práctica el desarrollo de actividades ciudadanas y de otro tipo que rompiesen con la opacidad del Estado contando con un dominio mediático consistente, además de tratar de arrastrar a agentes sociales interesados en su resolución y en poner de manera oficial nombre y apellidos a quien creó y financió este complejo entramado de guerra parapolicial contra ETA. Para ello, y con la fuerza suficiente que se generase a través de ese tipo de movimientos y con la colaboración de partidos políticos de toda índole ideológica que no quisiesen seguir participando en el encubrimiento de estos hechos, se tendría que exigir al Gobierno de turno la desclasificación de toda la documentación que haga referencia a las actividades de los GAL. Sólo con esta forma de actuación, o bien otra similar se podría llegar a presionar a las instituciones del Estado para intentar llegar a la resolución de la lucha parapolicial contra ETA. No es que lo diga yo, que además de haber aportado en diversas ocasiones documentación relevante sobre estos hechos a la Audiencia Nacional sigo esperando a que me citen, pero así mismo estoy en una disposición absoluta a pesar de los riesgos que entrañe a contribuir con todos mis conocimientos sobre estos crímenes de Estado a participar en su resolución.

Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, ha llevado a cabo una lucha infatigable y personal para esclarecer el asesinato de su marido, llegando incluso a investigar por su cuenta hechos relevantes relacionados con este atentado y aportarlos a la Justicia sin que haya obtenido resultado alguno. Indignada como otras muchas víctimas ha llegado a profundizar en una reflexión llena de amargura: «Cada vez que hablamos con otros familiares de víctimas de los GAL entre nosotras descubrimos que si hubiéramos estado unidas desde el principio, podríamos haber hecho fuerza para que nos hicieran caso y no nos habríamos sentido tan ignoradas». ¿No reclama un sector importante de la sociedad el esclarecimiento de los asesinatos de ETA no resueltos? Yo soy el primero en que exijo que así sea, pero al mismo tiempo me pregunto: «¿El Estado no debería de dar ejemplo en este sentido contribuyendo a aclarar los atentados de los Grupos Antiterroristas de Liberación creados y financiados desde sus entrañas?».