El fraudillo Sánchez congela la democracia

¿Pero qué esperaban ustedes de quien escondió una urna detrás de un biombo para dar un pucherazo en el Comité Federal del PSOE más tenso de las últimas décadas? Si hasta los pedristas Rodolfo Ares y Núria Marín llegaron a sacar votos de esa urna para vigilar ellos quién votaba. Esta es la concepción de la democracia que tiene el fraudillo Sánchez y que ahora, tres años después de aquella afrenta a la plana mayor del Partido Socialista y su historia reciente (¿De esto no presumes, Lastra?), se vuelve contra millones de españoles y su principal marco de convivencia, la Constitución.

A la vez que secuestra, aunque su pleitesía al líder les ciegue, la libertad de los propios sanchistas y de sus votantes. Porque llegará el día en que gobiernen otros y habrá más epidemias, pero ellos habrán sentado un precedente muy peligroso. Terrorífico. El de un golpe al control parlamentario al imponer de una tacada y por medio año un estado de alarma inicial de 15 días que sin autorización del Congreso «no podrá ser prorrogado dicho plazo», reza la Carta Magna.

«Debería quedar absolutamente claro que los estados excepcionales no son estados de congelación de la democracia; que deben desarrollarse con el funcionamiento normal de los órganos y de los poderes constitucionales y de las autoridades constitucionales (…) Utilización sí de poderes adecuados para hacer frente a situaciones excepcionales, pero utilización de poderes reforzados y adecuados por los órganos y por las instituciones constitucionales en una situación perfectamente definida, perfecta y nítidamente perfilada». Con estas palabras se pronunció el 21 de abril de 1981 el portavoz del PSOE Félix Pons en el debate parlamentario de la Ley orgánica que regula tales emergencias. Así lo recoge el Diario de Sesiones del Congreso en lo que es una enmienda a la totalidad al secuestro de las Cortes que ha perpetrado el felón de la mano de su mayoría Frankenstein, con los separatistas catalanes, los recogenueces del PNV y los proetarras de Bildu.

Todos ellos sumaron los 189 votos que hicieron prosperar la resolución de Rufián, con lazo amarillo incluido en el folio y negociada desde la noche del domingo con Lastra. Quincallería pura. Estaba claro que quienes violaron el marco constitucional y estatutario en el asalto al Parlament en otoño de 2017 tenían que ser parte indispensable de esta marranada antidemocrática. Un atropello que supedita la función de control de las Cortes, sede de la soberanía nacional, a lo que engendre la Conferencia de Presidentes autonómicos tras escuchar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano gubernamental que no revisará la idoneidad de la alarma hasta dentro de cuatro meses, es decir, el 9 de marzo, para ver si se mantiene hasta mayo. Menudo embrollo para tomar la Carrera de San Jerónimo.

Sin embargo, hay un aspecto que desmonta esta maraña monclovita. Como subraya el catedrático Francisco Fernández Segado, el artículo 1.2 de la Ley orgánica de 1981 deja claro que «las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias». ¿Serán las circunstancias las mismas dentro de cuatro meses que ahora? ¿Qué entiende este Gobierno censor por el tiempo mínimo indispensable? ¿Y por normalidad? ¿Acaso revisar la alarma 120 días después para ver si se alarga otros 60 no es algo dejado al arbitrio? ¿Dónde está aquí la nitidez que reclamaba el socialista Félix Pons?

Claro, que comparar el sentido de Estado y la responsabilidad de Pons con el visir Redondo y su adicción por convertir la política española en un House of Cards mientras mueren 60.000 compatriotas por el virus, o con el autoritarismo patológico de Calvo, es como comparar la noche y el día.

El Frente Popular ha hurtado al Congreso de los Diputados su poder de vigilancia de un estado excepcional escondiéndose -como la urna de Ferraz- detrás de las autonomías, que no pueden ser autoridad delegada cuando la catástrofe afecta a más de una comunidad. Y entretanto, Sánchez no dará la cara antes del 9 de enero. Aunque él y los suyos duerman tranquilos hasta entonces, con Podemos en la cama, que sepan que «os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra», con la palabra, la ley y el Estado de Derecho como únicas armas al otro lado de la infamia.