Este Gobierno es un peligro público

Para que se hagan una idea del caos legislativo de este Gobierno: la ley del sólo sí es sí reconocía los derechos laborales de las empleadas públicas víctimas de agresiones sexuales, de forma que sus faltas de asistencia al trabajo estarían justificadas «por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud», además del «derecho a la reducción de la jornada para hacer efectiva su protección». Algo pleno de sentido común -de lo poco sensato que contenía la norma del Ministerio de Igualdad ahora reformada. Luego vino la ley Trans y por arte de birlibirloque liquidó derechos como la reducción de jornada o las faltas de asistencia a su puesto de trabajo para funcionarias víctimas de violencia de género. ¿Por qué acabar con lo más lógico de la ley? Pues por pura incompetencia. El Estatuto del Empleado público recogía los derechos laborales de las empleadas públicas víctimas de agresiones sexuales, pero todo se fue al traste poco tiempo después con la entrada en vigor de la ley Trans sin que a estas alturas el Gobierno haya dado ninguna explicación.

Sin embargo, la ley Trans no altera los derechos de las mujeres víctimas en el caso del Estatuto del Trabajo Autónomo. O sea, inexplicablemente se discrimina sólo a las mujeres funcionarias. Resulta obvio que todo se debe a un gigantesco error legislativo que el Ejecutivo tendrá que subsanar, pero la pifia es reveladora del grado de inutilidad e impericia de un Ejecutivo que todo lo que toca lo termina estropeando. La consecuencia es que las empleadas públicas están en condición de inferioridad frente a otras mujeres víctimas por la sencilla razón de que nadie cayó en la cuenta que con la entrada en vigor de la Ley Trans quedaban sin efecto los derechos laborales que sí reconocía la ley del sólo sí es sí. Y es que son así de incompetentes