El Gobierno obliga a los agentes de Vigilancia Aduanera a recaudar impuestos en vez de combatir al narco

El Gobierno de Pedro Sánchez obliga a los agentes de Vigilancia Aduanera a recaudar impuestos en vez de realizar funciones policiales como combatir al narco. Así lo declaran a OKDIARIO fuentes del colectivo, denunciando que no esperaban dedicarse en exclusiva a funciones fiscales y recaudatorias, y se sienten «engañados».

«Pese a que nuestras principales funciones son perseguir el contrabando, reprimir el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales, a más de la mitad de las unidades de vigilancia aduanera nos tienen haciendo fundamentalmente trabajos para la propia agencia tributaria», detallan las citadas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a represalias.

Esta situación afecta «gran parte de la plantilla, incluida la última promoción de Vigilancia Aduanera», integrada por 360 agentes, a quienes el Ejecutivo tuvo casi dos meses sin trabajar esperando a tomar posesión, y al menos cuatro meses sin armas ni chalecos antibalas, como también ha revelado en exclusiva OKDIARIO.

El Ministerio de Hacienda, dirigido ahora por Arcadi España tras la salida de María Jesús Montero del Ejecutivo para presentarse a la presidencia de la Junta de Andalucía, tiene a la mayoría del colectivo «investigando y recaudando impuestos especiales y con el fraude vinculado a los contribuyentes».

«Sobre todo con temas de bodegas, de control de gasolineras y con visitas a fábricas. Todo lo que tiene que ver básicamente con recaudar impuestos a los propios contribuyentes y empresas», detallan las citadas fuentes.

Admiten que si bien los impuestos especiales también están entre sus competencias, no entienden «que el objetivos de la agencia tributaria respecto a vigilancia aduanera sea casi exclusivamente recaudar impuestos especiales».

«A Hacienda no le interesa que nos centremos en la persecución de delitos de contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales que realizamos para los jueces y fiscales como Policía Judicial que somos, ya que la agencia tributaria no recauda nada con ello. ¿Qué le interesa? Pues lo que le aporta la pasta», sostienen las citadas fuentes.

El colectivo no da crédito a que Hacienda los ponga a realizar trabajo puramente administrativo. De haberlo sabido no hubieran dado el paso de embarcarse en esta nueva carrera profesional, según declaran a este diario agentes afectados.

O pasan por el aro o les quitan la productividad

«Muchos de nosotros sólo realizamos tareas administrativas y no nos dejan salirnos de eso. Queremos trabajar para lo que nos hemos formado: ser policías, combatir el narcotráfico y organizaciones criminales. Sin embargo, las órdenes son que nos centremos en aspectos administrativos de la Agencia Tributaria», detallan.

De hecho, denuncian que dichos cometidos ni siquiera les competen a ellos, sino que deben realizarlos los técnicos y agentes de Hacienda. «A Hacienda parece que le interesa más que recaudemos dinero del contribuyente a que detengamos a los narcotraficantes», critica indignado este agente.

Además, las citadas fuentes señalan que el 70-80% de sus objetivos anuales, de los que depende una parte del sueldo, pasan por cumplir estos objetivos vinculados a la recaudación de impuestos, lo que les obliga a «tener que pasar por el aro», ya que si no, les quitan esas productividades.

Condenados a la precariedad

Los nuevos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han estado al menos cuatro meses sin armas ni  chalecos antibalas. Además, muchos de ellos siguen sin recibir la placa de identificación profesional. Un material que les debía haber sido entregado cuando juraron el cargo, al igual que las armas y los chalecos.

«En la España de 2025, mientras el Gobierno habla de recuperación económica y derechos laborales, existe un colectivo policial de élite maltratado y abandonado, arriesgando su integridad física en las calles de toda España», denuncian desde el colectivo afectado a OKDIARIO.

«Nos tienen olvidados. Somos la última mierda de la Policía en España y de la administración», declaran indignadas fuentes del colectivo, que lejos de la mejora laboral esperada al aprobar una oposición del Estado, se han encontrado envueltos en una situación de precariedad desde el principio.

El primer «despropósito» que padecieron fue que Hacienda los tuvo casi dos meses sin trabajar: con un destino adjudicado, pero sin tomar posesión del cargo. Una situación «insostenible» por este «limbo administrativo» que los obligó a vivir con tan sólo 770 euros al mes.

Desde que el pasado 14 de octubre fueron adjudicados sus destinos, muchos de ellos –padres y madres de familia– estuvieron «pagando dos viviendas»: donde residen y donde han sido destinados percibiendo tan sólo dicha cantidad.

De hecho, «muchos de estos últimos tuvieron que pedir créditos personales para poder sobrevivir».