María Jesús Montero tiene a los nuevos 360 agentes de aduanas 4 meses sin armas ni chalecos antibalas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene a los nuevos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera casi cuatro meses sin armas ni  chalecos antibalas. Este problema afecta a los 360 nuevos agentes, a quienes también tuvo casi dos meses sin trabajar esperando a tomar posesión, como recientemente ha revelado OKDIARIO.

Además, muchos de ellos siguen sin recibir la placa de identificación profesional. Un material que les debía haber sido entregado cuando juraron el cargo, al igual que las armas y los chalecos.

«En la España de 2025, mientras la vicepresidenta Montero, que es la jefa del Ministerio del que dependemos, habla de recuperación económica y derechos laborales, existe un colectivo policial de élite maltratado y abandonado, arriesgando su integridad física en las calles de toda España», denuncian desde el colectivo afectado a OKDIARIO.

«Nos tienen olvidados. Somos la última mierda de la Policía en España y de la administración», declaran indignados fuentes del colectivo, que lejos de la mejora laboral esperada al aprobar una oposición del Estado, se han encontrado envueltos en una situación de precariedad desde el principio.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera tienen carácter de agentes de la autoridad (Policía Fiscal y Policía Judicial) dadas las misiones que desempeñan. Se dedican a la represión del contrabando, la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. También combaten el crimen organizado, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar, y persiguen el fraude fiscal y aduanero.

Estos nuevos policías aprobaron la oposición del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera publicada en el BOE del 23 de enero de 2024. De ellos, 260 han hecho la especialidad de investigación y otros 100 la de marítima. Su «pesadilla» comenzó tras superar el «durísimo» proceso selectivo hasta conseguir el «apto» en octubre de 2024, ya que la Administración tardó una eternidad, hasta el 21 de abril, en nombrarlos funcionarios en prácticas.

A partir de entonces comenzaron las prácticas en las distintas delegaciones de la Agencia Tributaria, repartidas por todo el territorio nacional, y en mayo iniciaron su formación de alta especialización en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Situación que no es habitual, ya que primero han de cursar los estudios policiales y después hacer las prácticas. Al pedir explicaciones sobre este hecho insólito, la respuesta fue que «en la academia no había hueco hasta entonces».

Tras finalizar la formación, estos 360 agentes del servicio de Vigilancia Aduanera estuvieron dos meses sin ser nombrados funcionarios de carrera. De mediados de octubre a mediados de noviembre. Un limbo administrativo que los arrastró a una situación «insostenible», viviendo con tan sólo 770 euros al mes y pagando dos viviendas: donde residían y donde habían sido destinados. De hecho, muchos de ellos tuvieron que pedir créditos personales «para poder sobrevivir».

Desde que fueron nombrados funcionarios en prácticas, cobraban 770 euros, que es el sueldo base, y hasta que no trabajaran no podían percibir el salario íntegro.

A raíz de la información de OKDIARIO destapando la situación de ruina que padecían y que fue sonada, de inmediato fueron nombrados en el BOE y tomaron posesión del cargo, poniendo fin a este calvario que hizo que «la moral» de la nueva promoción, que debería llegar con ganas de servir a España, se destruyera antes de empezar.

Una situación que no ha mejorado.

Haciendo el trabajo de otros

Estos nuevos agentes viven en su día a día «un constante desprecio por parte del Ministerio de Hacienda», según declara a este diario uno de los policías afectados, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias.

El colectivo no da crédito a que Hacienda haya puesto a «muchos de ellos», en unidades de toda España, a realizar trabajo puramente administrativo. Una situación que, de haberla conocido, no hubieran dado el paso de embarcarse en esta nueva carrera profesional.

«Muchos de nosotros sólo realizamos tareas administrativas y no nos dejan salirnos de eso. Queremos trabajar para lo que nos hemos formado: ser policías, combatir el narcotráfico y organizaciones criminales. Sin embargo, las órdenes son que nos centremos en aspectos administrativos de la Agencia Tributaria», detalla uno de los agentes afectados.

De hecho, el colectivo denuncia que dichos cometidos ni siquiera les competen a ellos, sino que deben realizarlos los técnicos y agentes de Hacienda. «A Hacienda parece que le interesa más que recaudemos dinero del contribuyente a que detengamos a los narcotraficantes», critica indignado.

Desprotegidos

Por su parte, los agentes de Vigilancia Aduanera que sí tienen oportunidad de investigar a organizaciones criminales se sienten «inseguros y desprotegidos», ya que no se les ha dotado de armas ni protección. «Hasta que no suceda una desgracia, no tomarán medidas ni asumirán responsabilidades, pero entonces ya sería tarde», lamentan indignadas las citadas fuentes.

Este colectivo reclama ser tratado como lo que son, policías. Ante las quejas de los agentes, desde el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria alegan que ya les será entregado el material, sin concretar cuándo. Y ya llevan así desde finales de noviembre.

Cobran una miseria

A esta situación se suma que cobran «una cifra irrisoria para lo que supone ser agente de la Policía Judicial». «Un agente recién ingresado realiza las mismas labores que la Policía Nacional y la Guardia Civil, con quienes trabajamos en operaciones conjuntas, pero cobramos hasta 800 euros menos que ellos», según denuncian.

Las nóminas de los nuevos agentes de Vigilancia Aduanera no llegan a los 1.600 euros netos al mes. Muchos de ellos se han tenido que desplazar a otras comunidades autónomas, donde ahora viven en «pisos pateras» con otros compañeros, «malviviendo». Y muchos de ellos son padres y madres y tienen hipotecas.

La situación es tal que en zonas tensionadas, como las islas Baleares, Barcelona y Madrid, llegan incluso a relevarse en las habitaciones. Una semana uno y la siguiente otro duermen en la misma cama, lo que denominan de forma irónica «las camas calientes».

Los agentes no esperaban cobrar «tan poco». «Que un policía cobre sólo 1.500 euros en la España actual es un insulto», sostiene el colectivo. El próximo año subirán un tramo de antigüedad, pero la mejora salarial que tendrán «no será para tirar cohetes, sólo 50 euros».

En este sentido, critican que los nuevos guardias civiles y policías nacionales cobren entre 700 y 800 euros más al mes que ellos, pese a hacer todos «el mismo trabajo de riesgo» que, sin embargo, el Gobierno sigue sin reconocer a los tres colectivos.