Destruir jueces y fiscales: sanchismo

El sanchismo en el poder no ha inventado nada. La praxis del ataque –si es posible, destrucción– a los jueces y fiscales que al sanchismo se le escapan a su control no es algo nuevo que haya inventado Pedro Sánchez o algunos de sus edecanes que mantiene alrededor por precio. No. Es algo que ya inventó el comunismo totalitario hace muchas décadas tras la revolución de Octubre de 1917 y, posteriormente, pusieron en práctica sus imitadores en Cuba y ahora en Venezuela.

Se lo ha dicho por activa y por pasiva (quinto aviso hasta el jueves pasado) la actual presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y también se lo viene advirtiendo sin ningún éxito la Unión Europa.

«Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces sobre la manera de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y ningún representante público o entidad alguna pueden lanzar ataques gratuitos, descalificaciones irrespetuosas hacia las resoluciones judiciales o sus autores, que se adaptan desde la legitimidad y la independencia».

Pues bien, Sánchez siempre creyó y continúa creyendo que el Estado es suyo. Que le pertenece toda legitimidad de poder. ¿Recuerdan aquella pregunta suya sobre de quién depende la Fiscalía? Pues bien, hemos sabido que hace unas semanas el Gobierno coló informes elaborados por sus cloacas nada menos que en el Congreso de los Diputados (el otro poder del Estado) para atacar, sin ir más lejos, a los jueces que instruyen causas contra la mujer del jefe del Ejecutivo y su hermano, los magistrados Peinado y Biedma. ¡Pura mafia!

Los ataques a la prensa libre viene de mucho atrás. El relato de los hechos perpetrados por este gobierno miserable se estrella contra los estertores de un régimen corrupto que lleva siete años campando sobre cualquier principio ético y la mínima decencia democrática.

Su principal bestia negra ha sido el juez Manuel Marchena, precisamente porque su auctoritas entre sus compañeros como hombre por encima de toda sospecha y enorme conocedor del Derecho hace imposible cualquier requiebro. Antes vinieron los desaforados ataques el juez Pablo Llarena, posteriormente a Ángel Hurtado y, finalmente, a Peinado y a la extremeña Biedma. Sánchez, Bolaños y su inexportable fiscal general, todos ellos al amparo de Conde-Pumpido, han conseguido que una inmensísima mayoría de jueces y fiscales se hayan agrupado alrededor de la defensa del sistema democrático, de la Constitución y del Estado de Derecho.

Cuando Leire Díez Castro acudió a distintos medios de comunicación vendiendo, al parecer, un video sexual del fiscal Granda, se mandó a la poncia de Cerdán y Sánchez a paseo.

Y continúan erre que erre. ¿Malvados o tontos? Quizá ambas cosas a la vez.